NOTA: NATALIA GUTIÉRREZ OSEGUERA/ CENTRO UNIVERSITARIO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN (CUPI)
Existe un proceso de “gobernanza criminal efectivo” en México: las actividades delictivas se trasladan a relaciones de corrupción entre criminales y políticos por medio de las fiscalías como las principales intermediarias, que fortalecen redes de “macrocriminalidad”, advirtió Luis Daniel Vázquez Valencia, investigador y director de la revista Estudios en Derecho a la Información.
De acuerdo con el especialista, el vínculo entre las estructuras criminal, económica y política en México está en que nodos de esta realidad son “más políticos, que criminales”, afirmación que hizo en el panel “El presente y futuro de la militarización en México”, gracias a los resultados de una investigación.
En el marco del Primer Encuentro de Investigación “Los efectos de la militarización más allá de la guerra contra el narcotráfico en México: cambios y continuidades”, realizado los días 22 y 23 de abril, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM”, se llevó a cabo el panel “El presente y futuro de la militarización en México”, en el que especialistas hablaron sobre las opciones de cara al futuro.
Luis Daniel Vázquez Valencia planteó la pregunta de ¿Cómo desmilitarizar al país? Explicó que lo primero es un diagnóstico del territorio nacional, así como la definición de qué son las redes de macrocriminalidad y cómo operan a nivel local en México.
Puntualizó que estas tienen cuatro características: la primera, se componen de tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política. Su investigación tuvo entre sus resultados, que los nodos de esta realidad son “más políticos, que criminales”.
En segundo lugar, se encuentra la existencia de un proceso de “gobernanza criminal efectivo”, pues las actividades delictivas se trasladan a relaciones de corrupción entre criminales y políticos, por medio de las fiscalías.
Por último, en tercer y cuarto lugar están la multiplicidad de delitos y de víctimas; al ejercer gobernanza criminal, gobiernan el territorio que controlan. Así se explican los homicidios contra políticos de nivel municipal. Consideró que estos grupos tienen más incidencia en las votaciones municipales, porque a través de las municipalidades controlan a la población, el lavado de dinero, las extorsiones, los cobros de piso. “Llegan a controlar tanto porque controlan lo micro, eso es lo que les interesa”, afirmó el investigador.
‘Existen 500 células armadas en México’
En lo micro, Vázquez Valencia dijo que ha contabilizado 500 células armadas que existen en México, que también aplican el outsourcing para sus organizaciones, por ejemplo, en las bandas que estaban en el Estado de México o el Cártel de Sinaloa, dijo, con presencia en más de 30 países, no podrían controlar esos territorios sin esta práctica empresarial.
Recordó que en 2018, en el periodo de campañas electorales, se hizo una propuesta de construcción de paz, que después se llamó Plan Nacional de Paz y Seguridad Ciudadana.
Al final echaron para atrás el proyecto, pero se publicó y lo que proponía era un diagnóstico por municipios, con una batería de indicadores de violencia: en qué crímenes se quiere incidir, cómo combatirlos particularmente, así como un Semáforo de delitos.
ONG`s proponen equipo de buceo para búsqueda de personas desaparecidas
Estefanía Valencia, abogada, investigadora y directora de INTERSECTA, abordó el impacto de la reforma de 2024 a las funciones de la Guardia Nacional (GN), y cómo la convirtió en una policía “militar”.
Observó que este proceso le otorga a la GN la facultad de investigar delitos, que, entre otras cosas, es una contradicción con los requisitos de la Corte Interamericana sobre las Fuerzas Armadas Permanentes.
Destacó que las actividades de las Fuerzas Armadas, como hacer la guerra, son “anticonstitucionales en sí mismas”; porque su régimen “es especial”. Sin embargo, al referirse a la Guardia Nacional que es una institución civil, “¿por qué tienen reglas distintas? ¿Por qué hay tratos especiales para ellos?”.
La abogada destacó que, desde las ONGs, como INTERSECTA, se proponía un proceso o mecanismo de solicitud de participación de las fuerzas de seguridad para casos muy específicos, y también la justificación de qué califica a las Fuerzas Armadas para que intervengan en un problema en concreto, así como que el INEGI afirma que las fuerzas armadas sí tienen que rendir cuentas sobre su uso de la fuerza.
Señaló también que las familias y colectivos de desparecidos piden utilizar equipo de buceo para sus búsquedas, y este es un material especializado propiedad de la Secretaría de Marina (Semar), lo que significa que es militarizado.
Sin embargo, si se identifica que lo necesitan los civiles, entonces el gobierno podría pensar en proporcionar equipo de buceo para la búsqueda de desaparecidos en otras secretarías o dependencias. Enfatizó la importancia de preguntar a los pueblos originarios.
“Si estamos normalizando a las fuerzas armadas, deberíamos discutir qué funciones tienen, en qué se involucran”, expresó.
