La concurrencia ciudadana a la elección del domingo primero de junio tiene que ser una gran preocupación para todos.
La pobre participación de electores derrumba el argumento que esgrimió López Obrador siendo presidente de la república para justificar la elección popular de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial (y que después repitió la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum): es una exigencia del pueblo.
De 12 a 60 por ciento
Desde los comicios de 1997, el promedio de asistencia de los mexicanos a las urnas es de 60 por ciento.
Contrariamente, la consulta popular convocada por el gobierno mexicano en 2021, durante el sexenio presidido por Andrés López Obrador, cerró con la participación de 7.11 por ciento.
Son cifras diametralmente opuestas, los extremos del historial electoral mexicano que sirven como parámetro de evaluación de la votación de este domingo para integrar el Poder Judicial.
De acuerdo a la presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, en las referidas elecciones para nominar a las personas juzgadoras, participaron entre 12.57 y 13.32 por ciento de los ciudadanos incluidos en la Lista Nominal.
Dicho en otros términos, de cada 100 mexicanos con derecho a votar, 86 no acudieron a las urnas.
En el caso de la consulta popular, la ley establece que para hacer valedero el resultado y obligatoria su aplicación, debe concurrir a votar al menos 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal.
No fue así y por consecuencia no se aplicó su resultado. Entiendo que este requisito legal se estableció debido a la importancia que tiene para la vida política del país la consulta popular; el legislador dejó establecido que al menos cuatro de cada 10 ciudadanos debían haber votado para validar el resultado.
Bajo este sencillo pero entendible contexto, la primera conclusión es que la concurrencia a las urnas del pasado domingo estuvo muy por abajo del promedio histórico.
Comparado con el extremo mínimo, el de la consulta popular, registró casi el doble de votos, pero si volteamos a ver el promedio de 60 por ciento de votación, entonces la elección del Poder Judicial se quedó muy chiquita.
Más llamativas son las cifras preliminares si las comparamos con Bolivia, único país del mundo (ahora ya junto con México) en el que se eligen a los personajes del Judicial.
En el país sudamericano (en donde es obligatorio votar) ya han realizado tres procesos electivos. En el primero de ellos, los votos nulos ascendieron a 60 por ciento, cifra que subió a 65 por ciento en la segunda elección.
En los comicios más recientes, los de diciembre de 2024, los bolivianos ya no manifestaron indiferencia o rechazo y sí decidieron, mayoritariamente, votar por los candidatos de la oposición.
Política, no judicial
La trascendencia de los comicios dominicales es inobjetable: se renovará el Poder Judicial del país a través de la elección de quienes impartirán justicia a toda la nación.
Siendo así de importante, ¿por qué, entonces, quedaron graves vacíos políticos y jurídicos en la aplicación de esta reforma judicial?
Po ejemplo ¿Por qué no se contempló en la ley el requerimiento de un mínimo de votación para que fuera válido su resultado? Algo similar a lo establecido en la Consulta Popular.
¿Por qué no se planteó en etapas trianuales estas elecciones y en lugar de votar entre más de 800 aspirantes, mejor se hubiera procedido a nominar a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
¿Por qué se permitió participar a aspirantes que abierta y claramente son simpatizantes o militantes de un partido político?
Todo eso no se hizo, dejando en claro que fue una elección político – partidista y no un proceso eminentemente judicial. Fue la consumación de la animadversión que creció en el expresidente López Obrador contra los ministros de la Suprema Corte.
El retroceso está claro para México. Espero que no sea tan profundo como para llevarnos de vuelta a las condiciones políticas de hace 60 años.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
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