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En el mes de junio de 2019 el poeta David Huerta, enfadado por la información que había salido en Notimex —no de forma exclusiva, pues ya anteriormente se sabía por las notas de medios como El Universal o La Jornada— sobre una lista de los beneficiados económicamente por el sistema cultural en los sexenios priista y panista —donde se incluía con claridad el nombre del hijo del glorioso poeta Efraín Huerta—, mencionó a Sanjuana Martínez, la entonces nueva directora de la agencia de noticias del Estado mexicano (finalmente extinguida por López Obrador antes de finalizar su sexenio), como criminalizadora y delatora, adjetivos que no dejó de repetir hasta el día de su muerte —ocurrida en su natal Ciudad de México el 3 de octubre de 2022, cinco días antes de cumplir los 73 años de edad—, los cuales me han inquietado bastante desde que sucedió el supuesto agravio no por su explosiva sonoridad sino, sobre todo, por sus significados básicamente porque fueron dichos por un riguroso catador del lenguaje.
En el caso de “criminalizadora” el significado es evidenciador, y he aquí lo que apunta la Real Academia de la Lengua al respecto: “La criminalización es un fenómeno multifacético que se ampara de leyes y disposiciones del código penal para atacar a los defensores de los derechos humanos con el objetivo de obstaculizar su trabajo”, muy distante (o muy cercano, según la afectación del poeta) a las intenciones íntimas de David Huerta porque, para comenzar, la directora de Notimex no escribió el reportaje sino, amparada en la libertad expresiva, dicho material fue desplegado durante su gestión periodística, carga —o responsabilidad, como todo buen periodista sabe, o debe de saber— que cada atildado editor asume si lleva a cabo su trabajo sin la censura a cuestas. Todo aquel que no es periodista, o no entiende el proceso periodístico, por supuesto se va a hacer a la idea de que todo lo publicado en cierto espacio proviene de la ordenanza del cuerpo directivo, y no es así, aunque sin duda hay publicaciones atenidas a las sujeciones o caprichos de los dueños de tales empresas.
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Al llamar criminalizador a alguien, pues, podría significar —o lo más probable es que se señale— una acusación grave de obstaculización a ejercer determinada actitud a favor de elementos reivindicatorios humanos, pero no era el caso porque la información no impedía, ni impidió, los derechos de terceros: sencillamente fue desplegada una lista de favorecidos financieramente por el aparato cultural, siempre inclinado, y no es nuevo mi decir, a consentir a un específico grupo intelectual, al grado de que el propio Instituto Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, clasificaba a los escritores en A, B o C para beneficiar a los primeros, por lo general integrantes de la cúpula cultural, zahiriendo a los últimos, de menor rango económico. Este proteccionismo imperó desde el momento en que Rafael Tovar y de Teresa fue designado rector emérito de la cultura nacional hasta su fallecimiento, el 10 de diciembre de 2016 a la edad de 62 años. Ejerciendo el funcionariato de la élite intelectual desde 1974, a sus 20 años de edad, cuando fue nombrado jefe de asuntos culturales de la Secretaría de Hacienda, y de ahí no dejó de ascender, apadrinado por su entonces suegro José López Portillo, hasta haber sido el primer secretario de Cultura en la gestión peñanietista, cuyo rasgo básico, e inesquivable, fue el apoyo incondicional —esencialmente monetario— a la mafia cultural y sus adláteres, que vivieron, ¡vaya si no!, con solvencia a veces desmedida.
Sólo existían ellos, y los que los festejaban. Porque el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, obsequio del salinato sobre todo a Octavio Paz para beneficiar a los suyos, recompensaba —elocuentemente— a los que estaban de su lado, desfavoreciendo (porque entonces el gobierno, y esto era cosa natural, hacía sobrevivir con su aporte económico a los medios nacionales, incluyendo a uno que a otro autoconsiderado “independiente”, tal como sucede ahora sólo que manteniendo a otras personas que sin duda respaldan, como fuera, a la denominada Cuarta Transformación) a los que, con sus comentarios, criticaba sus procederes, asunto que venía resbalándose, como mantequilla caliente, a los ojos de la intelectualidad, circunstancia que pervivió en México como una costumbre cultural a lo largo de ocho largas décadas —donde en efecto, a diferencia de hoy, se aceptaba, o se consentía, la “crítica” o la “mordacidad” contra el poder político, que resolvía recompensar a estos simuladores sociales siempre y cuando no llevaran a la práctica sus teorías críticas.
Por eso cuando comencé a practicar mi periodismo, a principios de los setenta, lo que miraba en mi entorno eran acuerdos no escritos, pactos simbólicos, conveniencias colectivas, sumisiones derogadas, cautelas críticas, silencios interesados. No en balde Vicente Fox, durante su mandato, “castigó” al periódico El Financiero por haberse atrevido, su sección cultural, a levantar su voz disidente con argumentos que contrariaban las acciones de la entonces presidenta del Conaculta: Sari Bermúdez, “problema” económico que el director de ese diario, Rogelio Cárdenas Sarmiento, solventó mediante sus conexiones con las instituciones privadas, pero el buen Rogelio no me despidió, como era la malsana intención del presidente panista.
Señalar periodísticamente un hecho no necesariamente es criminalizar sino es documentar, si esta información es una verídica escena de la realidad. Si es un mal informe, si es una noticia falsa, basada en supuestos, el acto, efectivamente, puede denominarse “criminalizador”, sobre todo cuando su propósito es avieso, no así cuando su finalidad es meramente informativa.
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La otra palabra (“delatora”) tampoco se ciñe, según mi apreciación, a la demoledora intención de mi amigo David Huerta, ya que el diccionario apunta que delator o delatora es una persona que “denuncia, acusa o delata a alguien, en especial si lo hace de forma secreta”, que no fue el caso porque el reportaje se aireó, fue público, no se anduvo por las ramas del entredicho, ni fue, de ninguna manera, algo entre voces, ni algo no sabido, mucho menos secreto, si bien el término quería ser usado despectivamente, decir una cosa semejante a “acusadora”, que ya en sí mismo es retadoramente severo, porque un delator y un acusador, aunque sinónimos, son completamente diferentes en el fondo: un acusador no requiere hacerlo, es decir acusar, de forma velada, en cambio el delator, para serlo (delator), sí.
Y aquí caben entonces varios, o diversos, cuestionamientos asentándonos en otros casos. Julian Assange, por ejemplo. ¿es un delator, o un acusador, por haber filtrado papeles supuestamente secretos? El gobierno estadounidense considera que hizo lo que no debía, tal como algunos escritores beneficiados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes —el precedente de la Secretaría de Cultura— se sintieron aireados por Sanjuana Martínez cuando lo único que hizo en junio de 2019 —y que cualquier buen editor, como buen editor lo fue Assange, lo hubiera hecho— fue haber difundido, mediante sus reporteros, un hecho inexcusable, porque no delató ni acusó, como tampoco lo hiciera el australiano Julian Assange, a nadie en específico sino sólo los papeles hablaron por sí mismos. Si ese acto es “criminalizador”, entonces los que lo adjetivan de ese modo también, acaso sin querer, le están dando la razón a los censuradores asentados en el poder estadounidense cuando, ofendidos al saberse desnudados en sus ideologías guerreras y embaucadoras, señalan a Assange de “delator”.
Y, al parecer, no es, este tema, un asunto de accesible resolución.
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Ambos términos, en la concepción contemporánea, están íntimamente vinculados con el factor mediático: para las autoridades conservadoras de Estados Unidos, Assange es un criminalizador y un infame delator, pero para los que aspiramos a una entera libertad expresiva lo consideramos un aireador de verdades cognitivas, un impecable —y acertado, y consecuente, y consciente, y congruente— editor (bastión elemental de la rama periodística que sujeta, o coacciona, la libertad de cada individuo, porque no necesariamente un editor es un periodista en el entendido de que éste fabrica su propia mensajería y aquél —el editor— no), pues hay, en efecto, demasiados editores censuradores e irreprimidos al servicio no de sus principios sino de los acaudalados sostenedores de las empresas donde laboran, aunque a partir de estas premisas hay numerosas personas que confunden, o no quieren entender, el cabal significado del término, aprovechando coyunturalmente la ocasión para acomodarse en el centro de las discusiones mal utilizando los cargos, o supliéndolos indebidamente, para su propia equívoca coronación: ¿Julian Assange es como Loret de Mola o Peniley Ramírez es una réplica de Julian Assange?
Nada de eso.
Lo cierto es que, al no entenderse las causalidades verídicas de este entramado periodístico, es dable usar (o reiteradamente mal usar) la referencia para provecho de personas que no se ciñen a las cuotas de responsabilidad social que tienen maniatado a Assange por haberlas sabido usar, como no las han aplicado legalmente decenas de periodistas que no saben distinguir la magnesia de la gimnasia: uno —Loret de Mola— por depender de una empresa situada a la derecha proporcionalmente opuesta a la línea obradorista y la otra —Peniley Ramírez— por ocuparse de un proceso aún en curso, premisa que todo buen periodista debía —o debe de— saber, donde Assange nada tiene que ver en estas capitalizaciones personales que, sin embargo, reflejan el hondo desconocimiento del proceder libertario de expresión.
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No estoy denostando a mi amigo David Huerta, que en esta vida ya no está, sino me atengo a sus palabras para, a partir de ellas, cuestionar —y cuestionarme— algunas irradiaciones de la morfología lingüística.
“Hay un fusilado que vive”, fue la frase que Rodolfo Walsh escuchó por parte de un desconocido mientras el periodista argentino jugaba una partida de ajedrez. A partir de tal revelación, Walsh fue hurgando, recogiendo pistas, testimonios y nombres para escribir Operación Masacre, libro publicado en 1957 que aborda un fusilamiento clandestino realizado por la dictadura cívico-militar de la denominada Revolución Libertadora en la República Argentina. Entre el periodismo de investigación y la literatura, Walsh dio a conocer un secreto que habitaba en los sótanos del poder político en su país natal, ventilando así un abuso de poder que terminó con las vidas de varios inocentes, excepto de un hombre que se convirtió en la causa por la cual Operación Masacre cimbró la manera de realizar el oficio del periodismo en aquel país sudamericano.
¿Fue delator Walsh (1927-1977) al revelar aquella vivencia?
Antes del surgimiento de la Internet y de la enorme facilidad que, hoy en día, existe para buscar y corroborar ciertos datos en la web, a finales de la década de los ochenta un escándalo sacudió al futbol mexicano: el seleccionado nacional en la categoría de menores de 20 años de edad, durante sus partidos de clasificación a la Copa Mundial de dicha categoría alineó a futbolistas que, ilegal y tramposamente, rebasaban el límite permitido de años cumplidos para disputar tales competencias. Así, al hojear el Anuario oficial elaborado por la Federación Mexicana de Futbol, algunos periodistas mexicanos descubrieron el engaño fraguado por las autoridades futboleras mexicanas, dándolo a conocer publicablemente en abril de 1988 y, a raíz de tal revelación periodística, se causó la suspensión del balompié nacional de todas las justas internacionales por un lapso de dos años.
¿Fue delación o un acto de arrojo periodístico aquella noticia?
Cuando averigüé, por mi cuenta y riesgo, que el libro Marta, la fuerza del espíritu no había sido realmente escrito por Sari Bermúdez, como se apuntaba en la portada de dicho volumen, sino sólo la futura presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, durante el foxato, había prestado su nombre —a cambio de un respaldo económico favorecedor— por convenir a sus intereses políticos, ¿fui delator o periodista?
Recuerdo que cuando publiqué aquella información —tres días seguidos— nadie más, ni Proceso ni La Jornada, se ocuparon mínimamente del tema restándole importancia.
Cuando Ricardo Rocha develó los videos de la artera matanza contra campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995, ¿fue un delator o un periodista ejemplar?
La línea que cruza la frontera entre el periodismo y la farsa acaso sea sutil, apenas perceptible, mas, para los informados, resulta absolutamente visible pese a los numerosos extrañamientos que se hace de ella.
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He sabido de una honrada mujer que, aquí sí, delató a su hermano asesino que, al no conocerla a fondo, le había confesado su acto criminal. Cuando su madre se enteró de la delación de su hija, simplemente cortó cualquier tipo de relación con ella llamándola “vil delatora” porque, de no ser por ella, su lindo hijito anduviera todavía libre por las calles mirando, tal vez, a quién fregar. Por decir la verdad, incluso el esposo de esta mujer le pidió el divorcio asumiendo que no podía compartir su vida con una “delatora”.
Los riesgos de la verdad, ciertamente.
Y los prejuicios de la mentira, efectivamente.
De ahí que sea más sencillo ocultar las actitudes —acritudes— de la realidad que develar las premisas de la falsedad, que implica ya, de suyo, una compleja trama de éticas jamás discutidas.
Por eso la costumbre tácita se apodera de los individuos librándose —liberándose— de posibles perjuicios personales: en esta vida, en consecuencia, es más fácil callar que hablar, de allí que, a ojos vistos, los políticos no delaten a los políticos, ni los periodistas delaten a los periodistas. Porque nada es tan cómodo como sentarse a la diestra del principado, cual sea éste su forma, aunque, con ingenua dignidad, se critique —con agudeza o sin ella— esta manera de andar plácidamente por la vida. El poeta Nobel de las letras Octavio Paz es un transparente ejemplo de esta conveniente y holgada dualidad.
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David Huerta al cumplir siete décadas de vida, el 8 de octubre de 2019, lo mandé entrevistar con un reportero de Notimex para rendirle un merecido homenaje (había aceptado yo estar al frente de la sección cultural de aquella agencia noticiosa del Estado mexicano, invitado por Sanjuana Martínez, que acepté luego de pensarlo bien durante dos semanas, porque entonces creía que en verdad el obradorismo cambiaría radicalmente las costumbres privilegiadas hacia un determinado grupo amafiado de intelectuales que tanto el PRI como el PAN favorecía a raudales desequilibrando la supuesta equidad cultural, asunto del que, lo reconozco, erré gravemente), mas el poeta declinó diciéndole al reportero lo siguiente:
—Dígale a mi amigo Víctor Roura que mientras Sanjuana Martínez sea la directora de Notimex, no voy a conceder ninguna entrevista para esa agencia.
Publiqué entonces una entrevista con David Huerta que guardaba Alejandro Alvarado, nuevo colaborador de Notimex a quien no pudimos pagarle un quinto mientras el sindicalismo hacía de las suyas al interior de esa agencia sin importarle un gramo las circunstancias estrictamente periodísticas, lo mismo me ocurrió con Ángeles Matretta quien luego de devolver la llamada por una vez, y tras enterarse de que la buscaba Notimex para festejarla por su septuagésimo aniversario que cumplía el 9 de octubre de 2019, jamás volvió a contestar nuestros insistentes llamados: aquella vez decidí publicar un ensayo de Vicente Francisco Torres sobre la obra de Mastretta para no dejar en el olvido ese día.
Como ambos casos, nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas de ese tipo sencillamente porque la clase cultural no estaba acostumbrada a que dicha agencia tomase en serio a la cultura, al grado de que no existía un rubro con la denominación “cultural”, de ahí que yo, para formar parte de la nómina, me vi en la necesidad de ser, en Notimex, el responsable de una área internacional que se encargaba de los asuntos de Estados Unidos y de Canadá, aunque en realidad me encargaba de la zona cultural, materia periodística que con el pasar de los días se ajustaría a la realidad, cosa que no sucedió por la ingrata intervención de los huelguistas que no querían perder, y no los perdieron al final del conflicto, sus intereses económicos, lo único que les importaba.
David Huerta ya no pudo mirar el resultado ofensivo otorgando el obradorismo la razón a los sindicalistas al entregarles millones de pesos a los afortunados huelguistas, no sólo llamando López Obrador “traidora” a Sanjuana Martínez que obedecía las órdenes del presidente tabasqueño de desalojar la corrupción de esa agencia, sino burlándose, asimismo, de los que estaban de su lado —de López Obrador—, a los que, a diferencia de los millones de pesos que puso en las manos de cada huelguista —ganando millonadas, pero por supuesto, el padre de las muchachas Alcalde, gente del gobierno obradorista, que fuera, el abogado Arturo Alcalde, el asesor de los sindicalistas de Notimex, seguro de sí, protegido del gobierno morenista—, no sólo nos humilló con una bicoca financiera tras ser despedidos arteramente de la agencia del Estado (sólo me dieron en un cheque poco más de 200,000 pesos cuando a un sindicalista, “con antigüedad de cinco meses”, le dieron un millón 283 mil pesos, según Sanjuana Martínez) sino también, encargándose del asunto el licenciado José Luis Sánchez Cuazitl, que sólo cumplía órdenes de la Secretaría de Gobernación, recibimos burlas y enfados del personal de la Secretaría del Trabajo, institución que cumplimentaba, finalmente, los requerimientos asumidos por el obradorismo en esta equivocada extinción de Notimex, tema silenciado en los medios de comunicación y por los periodistas que debieron asumir recato y diligencia en esta mezquina operación de disolvencia que sólo mostraba, una vez más, la celebrable frase dictaminadora y bonachona que dice que, ¡ay!, en México hay corrupción, pero, a Dios gracias, no corruptos.
David Huerta no pudo mirar esta grave consecuencia gubernamental, no sé cómo hubiera reaccionado a tan desangelada decisión presidencial, no lo sé.
Lo único que sé, y que me atañe directamente, es que la cultura sigue siendo castigada enormidades por el funcionariato que debía velar por ella: desde entonces, desterrado por la propia Secretaría de Cultura y por personajes engrandecidos por el obradorismo, me hallo aislado sin acceder a ninguna distribución publicitaria del gobierno, que es la que alienta económicamente al quehacer periodístico en México, separado de mi vida editorial, abandonado de las musas escriturales, ignorado en mi natural medio periodístico.
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Sanjuana Martínez lo contó, sin haber causado una sola ámpula en los periodistas supuestamente “democráticos”, en enero de 2024, los días lunes 8 y martes 9, en La Jornada —periódico en donde la regiomontana es articulista.
La sola entrada de su texto —intitulado “Testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex”— es escabrosa y muestra, con claridad, la manera en que se manejaba esta agencia en sexenios anteriores, que no era otra cosa que un medio idóneo para vivir cómodamente a costa del erario: “Todo empezó en marzo de 2019, cuando llegué a dirigir Notimex. Los líderes sindicales me dieron la bienvenida con unas coronas de muerto en mi oficina. Al día siguiente, el dirigente del SutNotimex, Conrado García Velasco, envió a un personero para que le autorizara 500 mil pesos por concepto de apoyo que el anterior director le entregaba mensualmente. Me negué y a continuación interpusimos sendas denuncias penales contra él y su comité ejecutivo”.
Mas no ocurrió nada.
“Para inicios de 2023 la única vía de solución del conflicto era el cierre de la institución —apuntaba Sanjuana Martínez—. A mediados del año pasado [2023] iniciamos conversaciones con el nuevo secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien nos dijo que la secretaria de Gobernación [hija del asesor legal de los sindicalistas de Notimex] estaba a cargo de la negociación con el sindicato para levantar la huelga y que para ello les iban a dar todo lo que pedían. Les dije que era un terrible abuso inflar la bolsa económica de las liquidaciones a 256 millones de pesos con 53 cachirules y sólo 34 huelguistas: hay más gente en esa lista ajena a la huelga, personal que ya fue liquidado y trabajadores de confianza no sindicalizados”.
En la segunda parte de su artículo, Sanjuana Martínez refería que, “al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: ‘Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum’, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez. Obviamente, no acepté”.
No aseguraba Sanjuana, nunca, si se lee bien el texto, que ese dinero iría directamente a la campaña de la ahora presidenta de la República, sino sólo, efectivamente, testimoniaba Sanjuana el hecho suscrito entre la Secretaría del Trabajo y la dirección administrativa de la entonces agencia Notimex.
Nadie sabe, hasta este momento, dónde realmente iba a acabar aquel dinero, pero la mala entraña mediática, en lugar de sopesar la gravedad de la petición, de inmediato aseguró que Sanjuana Martínez, con dolo, afirmaba que se le pedía dinero para aportarlo a la campaña presidencial de Sheinbaum.
Tergiversaciones nefandas del interés político, evidentemente.
Sanjuana proseguía apuntando las mezquindades del obradorismo en su texto: “De 250 millones de pesos que finalmente entregaron a la lideresa Adriana Urrea, es costumbre pagar 30 por ciento; es decir 76 millones de pesos, a los abogados laboralistas. En realidad, la cantidad entregada al extinto sindicato es un botín de guerra. La bolsa de 256 millones de pesos incluyó 14 millones por concepto de canasta, supuestamente canasta básica de alimentos, pero, en paralelo, las liquidaciones incluían cuatro años de vales de despensa, entonces, es inaceptable. Además de casi un millón de pesos por concepto de fiesta de aniversario para un sindicato que ya no existe”.
La lista de los beneficiados por las referidas “megaliquidaciones”, decía Sanjuana Martínez, “algunas de las mismas claramente ilegales, incluye a 34 huelguistas y 53 cachirules; es decir, personas que no trabajaban en Notimex, empleados de confianza que nunca fueron sindicalizados y otro tanto de ex trabajadores que ya habían sido liquidados conforme a derecho. La lista del dinero entregado a los cachirules es de 135 millones de pesos. Obviamente, autoridades y sindicalistas inflaron la bolsa para obtener mayores ganancias”.
¿Esta miserabilidad sucedió durante el obradorismo?
Nadie, hasta este momento, ha dicho lo contrario: sólo han transcurrido habladurías, diretes, especulaciones, vaguedades, tartamudeos.
Los periodistas miran, pero no miran; saben, pero no saben; están informados, pero no están informados: son lo que son.
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No sé si David Huerta entendería todas estas circunstancias periodísticas, aunque lo más probable, enfadado como estaba con Sanjuana Martínez, es que hubiera aplaudido la decisión gubernamental de la extinción de Notimex, si bien silenciosamente, tal como lo hicieron los más de los medios de comunicación. (No sé si esto habría sucedido en una gestión priista o panista.)
El hecho es que esta incendiaria ocurrencia, la de desaparecer Notimex, me ha afectado personalmente porque ha sucedido justamente cuando, por fin, había decidido yo participar en una institución federativa.
—Con el PRI o con el PAN, Roura —me han dicho colegas enriquecidos por haber trabajado en el gobierno anterior al obradorismo—, jamás te hubieran dado una liquidación tan miserable.
Miro hacia todos lados para no mirar, ¡ay!, los ojos de la verdad.
Sin embargo, pese a la pesadumbre del maltrato gubernamental obradorista, nunca me puse a gritar ni a llorar como la intelectualidad opositora herida por estar fuera del presupuesto oficial.
Lo cierto es que yo nunca he pensado políticamente, como se dice hasta en épocas morenistas, sino de manera personal, es decir no transigiendo con mi modo de ser.
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De no haber sido Arturo Alcalde el representante de los sindicalisras, lo más probable es que en estos momentos Notimex seguiría su curso informativo sin actos corrompibles, visibles, en su interior.
Pero…
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, LA COLUMNA DE VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito
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