NOTA: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 14 de octubre de 2025..- La deuda pública alcanzará el 52.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 (una subida de 5,66 puntos respecto a 2023), una cifra que representa su máximo histórico al alcanzar en endeudamiento diario de más de cuatro mil millones de pesos. Por hacer un drámatico comparativo: el pago de un sólo día en intereses cubriría el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama, afirmó México Evalúa al analizar el Paquete Económico 2026.
En ese documento subrayó que la deuda pública del próximo año equivale a 151 mil pesos por habitante, además que por primera vez en la historia el gobierno federal perderá recursos por su apoyo a Pemex y se tendrá menos margen para la salud, la seguridad y la inversión, porque tres cuartas partes del total de los ingresos del gobierno ya están comprometidas.
El documento “Presupuesto 2026: lo que debes saber sobre el dinero público”, señala que mientras que Pemex costará más de lo que aporta, con un saldo neto negativo de 31 mil millones de pesos, los estados y los municipios recibirán 2.1 mil millones de pesos en subsidios federales para seguridad, lo que representa 88 por ciento menos respecto a 2014, lo que significa que los gobiernos locales “tendrán menos recursos para profesionalizar a sus policías o fortalecer la prevención del delito”.
Ante la discusión para definir el rumbo de las finanzas públicas, México Evalúa subrayó que tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos, porque el 75 por ciento de los ingresos propios del gobierno se destinarán a gastos ineludibles, como pensiones, participaciones a estados e intereses de la deuda. Esto representa que, en términos per cápita, 48 mil 732 pesos por persona se destinarán a gastos fijos, frente a los 17 mil 195 pesos que se asignarán a servicios esenciales para la población.
Como consecuencia, los recursos para atender a personas sin seguridad social serán los más bajos desde 2010 en materia de salud, mientras que los sistemas de salud para trabajadores formales recibirán 115 por ciento más, lo que ampliará la desigualdad en servicios de salud para la población. Aunque reconoció que el el llamado anexo 31, dedicado a la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, representa un avance, “sólo cinco de cada 100 pesos se destinarán a programas que brindan servicios de cuidado directo”.
Asimismo, el gasto federalizado, es decir, los recursos que se transfieren a estados y municipios, crecerán solamente 3 por ciento, así que su capacidad real para atender necesidades locales permanece estancada desde hace una década. En cuanto a la inversión, el gasto en infraestructura repuntará 9.7 por ciento, pero seguirá por debajo de sus niveles históricos, al alcanzar el 2.5 por ciento del PIB, muy lejos del 4.5 por ciento de 2014.
Por eso, México Evalúa propuso equilibrar las finanzas públicas para que el presupuesto combine responsabilidad fiscal con visión de futuro, en busca de que no solamente pague deudas, sino que invierta en bienestar, según detalló el coordinador del Programa de Gasto Público, Jorge Cano, a cargo de esta investigación.
La directora de México Evalúa, Mariana Campos, señaló que entender el presupuesto implica entender el rumbo del país, porque la manera en la que se distribuyen los recursos revela las prioridades, oportunidades y omisiones. Entre las medidas propuestas se contempla el rediseño del modelo de apoyo a Pemex para evitar pérdidas netas y crear un marco de sostenibilidad de deuda pública, que la vincule a proyectos de inversión productiva, con transparencia y rendición de cuentas.
De igual forma, se propuso reasignar recursos en el gasto en salud para cerrar la brecha entre los sistemas de salud, priorizando el financiamiento para la población sin seguridad social y con un piso mínimo de gasto per cápita, fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados con criterios claros y priorizar los programas específicos en cuidados infantiles, reactivar la inversión en infraestructura con participación privada para priorizar la competitividad y bienestar social.
Por último, reforzar el gasto en seguridad local para la profesionalización policial y prevención del delito con base en diagnósticos locales y medición de resultado, blindar el gasto federalizado con el fin de vincularlo a las necesidades y tamaño de la población, al igual que fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto público.
