Un video que se viralizó el pasado fin de semana, presuntamente grabado en la ciudad de Coatzacoalcos, muestra a un grupo delincuencial con vestimenta y armamento táctico, torturando y asesinando personas con una brutalidad extrema e indescriptible.
No fue una filtración ni una denuncia: las propias organizaciones criminales difundieron las imágenes como propaganda de terror.
Estos materiales no solo buscan intimidar a rivales. También funcionan como propaganda criminal para demostrar control territorial.
El problema ya no es únicamente de seguridad pública. Es de gobernabilidad.
México está experimentando una paradoja histórica.
Mientras el gobierno federal intenta proyectar una imagen de estabilidad institucional y seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026, los hechos criminales reportados en notas nacionales e internacionales describen a un país atrapado en una crisis estructural de violencia que no solamente no se ha logrado contener, sino que está alcanzando niveles insostenibles.
La narrativa oficial busca mostrar normalidad. La realidad, cada vez más documentada, muestra otra cosa: un país sin guerra… pero con niveles de muerte y violencia propios de una guerra.
Los informes internacionales han sido particularmente contundentes. El índice global de violencia política elaborado por la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) coloca a México entre los países más peligrosos del mundo, incluso por encima de naciones con conflictos armados activos. México aparece solo detrás de territorios en guerra abierta como Gaza, Siria o Myanmar, lo que lo convierte en el país más violento del mundo que no está oficialmente en guerra.
La razón principal es el poder territorial del crimen organizado. La disputa entre organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha elevado los niveles de violencia y fragmentación criminal, con miles de eventos violentos cada año. El resultado es un fenómeno que ya rebasa por mucho a la delincuencia común: comunidades bajo control criminal, desplazamientos internos por violencia y una infiltración creciente del crimen en todos los niveles del gobierno.
El contraste se vuelve más evidente cuando se analiza el contexto de violencia que rodeará al Mundial de futbol en 2026.
En Guadalajara, donde se encuentra el Estadio Akron, una de las sedes mundialistas, colectivos de búsqueda han localizado cientos de bolsas con restos humanos en fosas clandestinas ubicadas a pocos kilómetros del estadio.
La imagen es brutal: un recinto listo para recibir turistas del mundo mientras, en su periferia, continúan apareciendo restos de desaparecidos.
Este tipo de contradicciones alimenta el escepticismo internacional sobre la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad durante el torneo.
La respuesta del gobierno ha sido el llamado Plan Kukulkán, una estrategia que contempla despliegues masivos de seguridad, cooperación internacional y tecnología para proteger las sedes mundialistas.
Sin embargo, analistas en seguridad han advertido que el plan parece más una reacción ante la presión internacional que una política estructural para combatir al crimen organizado.
Un ejemplo reciente fue el operativo durante el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Futbol y la Selección de Islandia en el Estadio Corregidora, en Querétaro.
El evento concluyó sin incidentes gracias a un despliegue de aproximadamente tres mil elementos de seguridad y múltiples filtros de control.
En términos operativos, el ensayo funcionó. Pero hay que tomar en cuenta que Querétaro es probablemente el único estado de la República sin presencia permanente de los cárteles y que ha fortalecido de forma continua su sistema de seguridad a través de varios sexenios de gobierno, contando actualmente con su versión más afinada en el modelo de operación interinstitucional Sinergia.
Pero el operativo en el estadio Corregidora también evidencia el problema: para garantizar seguridad en eventos específicos se requiere un despliegue extraordinario del Estado, algo que no se replica ni existe con esa capacidad operativa en miles de municipios del país.
Y mientras México intenta proyectar normalidad, la presión internacional aumenta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los cárteles controlan México y ha propuesto la creación de una coalición internacional para combatirlos.
El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier intervención extranjera y ha insistido en la defensa de la soberanía nacional.
Sin embargo, esta postura también ha generado tensiones con la estrategia regional impulsada por Washington y algunos de sus aliados en América Latina.
Durante décadas, la política de seguridad en México ha priorizado la captura de capos.
La detención o abatimiento de líderes históricos suele presentarse como grandes golpes contra el narcotráfico. Estos arrestos tienen valor mediático y, en teoría, permiten obtener información sobre las estructuras logísticas, operativas y financieras de los cárteles.
Pero la experiencia demuestra que esos golpes no son suficientes para desmantelar estas organizaciones.
Cuando un líder cae, el grupo criminal suele fragmentarse y generar nuevas facciones más violentas que compiten entre sí por el control territorial.
La única forma de reducir realmente el poder de estas organizaciones es mediante operativos masivos y simultáneos contra cientos o miles de integrantes de las estructuras criminales, incluyendo sicarios, operadores logísticos, halcones, lavadores de dinero y redes de tráfico.
Existen precedentes internacionales que muestran este enfoque.
En 2021, un operativo global coordinado por el Federal Bureau of Investigation y la Interpol, basado en la infiltración de la aplicación cifrada ANOM utilizada por criminales, permitió arrestar a más de 800 delincuentes en varios países simultáneamente.
En Centroamérica, la Operación Escudo Regional, coordinada entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, logró presentar cargos contra más de 11,000 pandilleros desde 2017.
En Europa, el histórico Maxi Trial de Palermo entre 1986 y 1992 llevó a juicio a 475 miembros de la mafia siciliana Cosa Nostra, con 338 condenas que marcaron un punto de inflexión en la lucha contra la mafia italiana.
En todos estos casos existen elementos comunes:
Uso masivo de fuerzas policiales y militares.
Inteligencia avanzada con infiltración y vigilancia tecnológica.
Marcos legales especiales para permitir detenciones masivas.
El ejemplo contemporáneo más citado en América Latina es el de Nayib Bukele en El Salvador, donde una política de detenciones masivas de pandilleros logró reducir drásticamente los homicidios en un corto plazo.
Estos operativos tuvieron un impacto inmediato en la reducción de la violencia, convirtiendo al que era el país más peligroso del continente —controlado por pandillas como las maras— en uno de los más seguros, con tasas de homicidio mínimas.
Claro que México no se puede comparar con El Salvador en tamaño ni en dimensión del problema, pero la estrategia de seguridad y pacificación podría apuntar a los focos rojos de criminalidad y violencia. A pesar de este escenario, existen regiones que mantienen crecimiento económico y estabilidad relativa.
Existen polos de desarrollo dinámico y relativamente seguros mientras otras regiones viven bajo dinámicas cercanas a la gobernanza criminal.
Pero de seguir sosteniendo solamente la retórica y los golpes mediáticos, el escenario de inseguridad tendrá implicaciones profundas para el futuro político del país.
En los próximos años México enfrentará elecciones clave para renovar el Congreso, el Senado, varios gobiernos estatales y un poder judicial cuya legitimidad se encuentra fuertemente cuestionada.
Muchos de los estados que renovarán gubernaturas coinciden con regiones donde el crimen organizado tiene mayor presencia territorial.
Si la violencia continúa escalando, las elecciones podrían desarrollarse en un entorno de presión criminal sobre candidatos, autoridades y votantes. Esto ya ha ocurrido antes: alcaldes asesinados, campañas condicionadas por grupos criminales y gobiernos locales capturados por intereses ilícitos, algo que en nada estuvo contemplado en la fallida iniciativa de reforma electoral constitucional que había impulsado Claudia Sheinbaum y que sigue sin aparecer en su denominado “Plan B”, con la modificación y creación de leyes complementarias.
México enfrenta hoy un dilema estratégico.
Puede continuar priorizando la narrativa de estabilidad para proteger su imagen internacional y eventos globales como el Mundial de Futbol, o puede reconocer que el país atraviesa una crisis de seguridad que exige una transformación profunda del Estado.
En la actualidad México está gobernado por una versión recargada del PRI hegemónico del siglo pasado, con el control total de los poderes Legislativo y Judicial, con el debilitamiento o desaparición de instituciones autónomas y ciudadanas, sin contrapesos y con el ejército ejerciendo un sinfín de funciones que deberían estar a cargo de autoridades civiles.
En ese contexto no existiría impedimento político real para ejecutar una estrategia de seguridad de gran envergadura. Y, si no se hace, tampoco habría una justificación legítima para haber buscado tal concentración de poder.
Porque los problemas estructurales no desaparecen con propaganda ni con distractores.
Pero también hay que admitir una verdad incómoda: en México la tragedia nacional convive con una sociedad que parece anestesiada, feliz de distraerse con los circos de nuestro mediocre futbol, con los reality shows o con los espectáculos de boxeo, mientras el país se sumerge rápidamente en la indiferencia y en la normalización de la violencia como forma cotidiana de vida.
AQUÍ PUEDES LEER MÁS ENTREGAS DE “CONTRASTES”, LA COLUMNA DE OMAR CASTREJÓN PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/opinion/omar-castrejon-contrastes
