El caso de Esmeralda, la niña de Huimilpan acusada de homicidio por la Fiscalía del Estado de Querétaro, hizo crisis por tropiezos del gobierno estatal en la justicia, en la visión social y en la comunicación institucional.
A la menor se le abrió una carpeta de investigación presumiblemente por haber asfixiado al bebé que llevaba en las entrañas. No obstante, su familia ha dicho que Esmeralda tuvo un aborto espontáneo.
Esa fue la discusión pública la semana pasada en la que cayó el gobernador de Querétaro. En conferencia de prensa realizada el lunes 28 de octubre el gobernador afirmó:
El año pasado (la niña) dijo que había sido violada. Fue con su papá. Hubo una investigación… se determinó que no (fue violada). El padre estuvo de acuerdo. La niña se embaraza, tiene al bebé. El bebé, recién nacido respirando, tiene un estrangulamiento… No hay ni ha habido una carpeta de judicialización por aborto. Sabemos que el padre del niño es un pariente de la niña… pero sí, creo que se ha desinformado…”
La falta de sensibilidad, de perspectiva de género, de interés por la víctima, de tacto político y social y, por supuesto, de claridad en la comunicación institucional, generó que el caso llegara hasta el gobierno federal, quien “tomó cartas en el asunto”, obligó a la Fiscalía General del estado a retractarse de la acusación y a cerrar el expediente.
La ley es la ley
Llama la atención que durante todo el procedimiento se ignorara lo que establece el Código Penal Federal que en su artículo 266 consigna que “Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:
I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de
edad…”
Independientemente de cualquier otra cosa, el hecho de que Esmeralda haya sido embarazada (con o sin su consentimiento) constituye un delito pues evidentemente hubo cópula con una menor de 15 años.
Por su parte, el Código Penal para el Estado de Querétaro, en el párrafo I del artículo 161 establece que “Se equiparará a la violación y se sancionará con pena de 16 a 40 años de prisión al que: Realice cópula con persona menor de catorce años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo”.
Dicho en términos llanos, la niña huimilpense fue víctima de un delito que las autoridades ignoraron, “voltearon la tortilla” y decidieron revictimizar a la menor de edad al acusarla de homicidio.
A propósito de esto último, de la acusación contra la menor, en el mismo Código Penal para Querétaro se refiere, en su artículo 13, que: “Es imputable penalmente la persona mayor de dieciocho años que, en el momento de cometer la conducta típica tenga la capacidad para comprender su carácter ilícito y de determinar aquélla en razón de esa comprensión”.
Trompicones
El caso, después de estos gazapos, se politizó y fue aprovechado puntualmente por el gobierno federal para intervenir y en cuestión de horas, forzar a la Fiscalía del Estado de Querétaro y al mismo gobernador, a cambiar de discurso y, por supuesto, a enmendar sus acciones.
Un día después de la referida conferencia de prensa, el martes 29 del mes pasado, el gobernador cambió radicalmente su discurso y aseguró que se brindaba apoyo a la niña, que estaban en contacto con la familia y que hasta el DIF intervendría para ayudarla.
La futura Secretaria de la Mujer del gobierno federal, Citlali Hernández, se reunió con el fiscal queretano para luego difundir un video, juntos, en el que afirma que se platicó y se acordó que se cancelaba la carpeta de investigación.
Para exonerar al Fiscal del brutal error, apuntaron baterías hacia “los funcionarios” que integraron la carpeta a quienes se les investigará, e incluso responsabilizaron al anterior fiscal de haber sido él quien inició la carpeta (pero el actual no explicó por qué no revisó ese procedimiento).
La señal es clara: hay fallas en la comunicación y en el análisis político gubernamental persisten.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
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