La reacción gubernamental frente al asesinato de una decena de personas en el bar “Los Cantaritos” fue inmediata pero poco cuidadosa, para decir lo menos.
El hecho demandaba una rápida reacción del gobierno sobre todo porque la ciudadanía queretana no está acostumbrada a este tipo de crímenes orquestados por bandas delincuenciales que, hoy sabemos, se disputan la plaza.
Y sí, hubo una rápida explicación acompañada de la toma de decisiones que hoy vemos, causaron “efectos colaterales” negativos.
Rápido y furioso
Quizá “apanicados” por lo sucedido y con la presión encima, los asesores gubernamentales trataron de dar respuestas e implementar acciones con las que se pudiera tranquilizar a la ciudadanía y, de paso, poder tener un “control de daños”.
Así, se les ocurrió la idea de, ahora sí, inspeccionar meticulosamente a cuanto antro, bar, restaurante o cantina pudieran a fin de detectar alguna irregularidad que fuera la excusa para clausurarlo.
Unos 80 negocios de este tipo fueron cerrados o, en el mejor de los casos, sus propietarios decidieron ya no seguir operando.
Dos conclusiones derivo de esta situación.
La primera, que al generarse tal cantidad de clausuras en un lapso tan breve pudiera indicar que hasta ahora la vigilancia o inspección de estos giros comerciales era más que laxa, permisiva.
Que a pesar de existir esas irregularidades, la autoridad no se ejercía y simplemente “se dejaba hacer”.
Pero ahora, con la masacre sucedida, se decidió inspeccionar como si la irregularidad administrativa derivara, en automático, en violencia o en delincuencia organizada. Peor aún, como si los antros, por definición, fueran refugio de maleantes.
Segundo, que no se midió la consecuencia que causaría el cierre masivo de negocios, pues de inmediato dejaron sin empleo y por ende sin ingresos, a decenas o quizá centenas de trabajadores entre meseros, garroteros, galopinas, cocineros, afanadores, músicos, valet parking y DJ’s, entre otros.
Queda la sensación de que en aras de realizar una acción “espectacular”, inmediata y popular, no se midieron las consecuencias.
Además de las determinaciones acotadas, también se decidió obligar a todos estos giros a cerrar a la una de la mañana y no a las tres, como está claramente estipulado en los permisos de muchos de ellos.
Sin más, el gobierno decidió violar los acuerdos consignados en esas licencias de funcionamiento pero unos días después dio marcha atrás a esta determinación y cambió, de nuevo, la hora de cierre de tales establecimientos, fijándose el límite a las dos de la mañana.
Las acciones adoptadas (revisiones, clausuras y recorte de horarios) pretendieron mostrarse como hechos concretos para combatir el crimen organizado, a pesar de que no está demostrado que exista una relación directa entre uno y otro. Si así fuera, bastaría con prohibir la operación de este tipo de negocios en la entidad, y “santo remedio”.
Sí pero…
Claro que es loable que el gobierno estatal haya respondido rápido a la coyuntura sociopolítica que representó este crimen; también resultó positivo que intentara garantizar la gobernabilidad frente al alto riesgo de una crisis de pronóstico reservado y seguramente con secuelas político – electorales.
Incluso, es de destacarse que en pocos días se lograra la aprehensión de dos personas a las que las autoridades judiciales señalaron como partícipes en el múltiple crimen.
Sin embargo, este intento de resolver de inmediato y sin daños políticos impulsó acciones fallidas, generó problemas no previstos y mostró ineficacia para resolver rápido y correctamente. Lo primero se logró; lo segundo, queda bajo la duda.
Ojalá que éste o los subsecuentes gobiernos locales ya no tengan que enfrentar crisis por violencia e inseguridad. Pero si llegara a suceder, esperaría que este suceso sirva de experiencia y lección para que los discursos, las acciones y las consecuencias sean elementos cuidadosamente preparados, evaluados y previstos con mayor certeza.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
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