Las cifras no mienten y nos confirman que, en el anterior sexenio, el que presidió Andrés López Obrador, no sólo se evitó enfrentar a la delincuencia organizada, sino que incluso se le “apapachó”, se consintió y hasta se ordenó desde Palacio Nacional liberar a un delincuente (¿lo recuerdan?).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en una encrucijada, pues es la heredera de esa política de “abrazos y no balazos”, pero, al tiempo, está presionada por la imperiosa necesidad de pacificar al país.
Si bien ha sido cuidadosa en no volver a mencionar eso de los abrazos lopezobradoristas, también es cierto que ha emprendido una guerra contra los delincuentes por la urgencia de cambiar al país antes de que se le salga de las manos.
A esta condición hay que agregar las presiones provenientes del vecino país del norte, cuyo mandatario (Donald Trump) ha exigido al gobierno mexicano frenar a los bandoleros modernos y deslindarse de los mismos, que presumiblemente rodean a Morena y a varios de sus prominentes militantes.
Los números
Por eso es, hoy podemos decir que una gran diferencia entre Sheinbaum y López es que ella sí ha determinado una estrategia de seguridad enfocada a tratar de frenar a los delincuentes, independientemente de las motivaciones que le dieron vida a dicha estrategia.
De acuerdo con el reporte de seguridad federal, suman más de 650 detenidos sólo en Sinaloa desde octubre y hasta el 14 de febrero, entre los que se encuentran personajes como el Chavo Félix, yerno de Ismael “el Mayo” Zambada, o uno de los últimos, Kevin Alonso Gil, responsable de la seguridad de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, que ha ameritado incluso la felicitación de la embajada de Estados Unidos.
El pasado 10 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde octubre de 2024 se han detenido a más de 11 mil 600 personas por delitos de alto impacto en todo el país; se aseguraron 102 toneladas de droga, que incluyen mil 210 kilogramos de fentanilo y un millón 266 mil 750 pastillas del mismo estupefaciente, además de haberse decomisado 5 mil 692 armas de fuego.
Las presiones
Como vemos, bien podemos considerar que durante el sexenio anterior el gobierno mexicano fue permisivo con la delincuencia organizada, dando cabida –por omisión– a su reproducción y fortalecimiento hasta colocarse en algunas esferas gubernamentales.
Hoy, está claro, urge al gobierno mexicano reducir el impacto de esta situación, tratar de limpiar de delincuentes, o de relaciones con ellos, a gobiernos y gobernantes federales, estatales y municipales y, por ende, congraciarse con la ruda administración de Donald Trump.
Recordemos que fue a partir de que el mandatario estadounidense decidió declarar terroristas (que lo son, sin duda) a diversos cárteles mexicanos que el gobierno mexicano “apretó el paso” y reforzó su combate a las bandas y pandillas que actúan por todo el territorio nacional.
Lamentablemente, la presidenta mexicana sigue sufriendo las presiones provenientes de Palenque. Quizá la idea del exmandatario es amainar la fuerza del Estado en contra de los mafiosos.
Probablemente por eso es que la carta del “Mayo” Zambada fue tan bien acogida en la sede del gobierno mexicano y hasta pareciera ser que de manera institucional se irá por su rescate (traerlo a México para ser juzgado acá).
Opciones
La presidenta tiene el reto de romper sus ataduras con el todavía poderoso López Obrador y guiar al país a mejores condiciones o, por el contrario, permitir que el político tabasqueño siga siendo “el poder tras el trono”.
Sí, el país y su gobierno se encuentran en una encrucijada. La nación vive momentos de peligro y la coyuntura para la toma de las decisiones: o avanza en el combate a los delincuentes y fortalece su integridad como nación o, por el contrario, sucumbe frente a la delincuencia, ante el gobierno estadounidense… y ante el exmandatario mexicano.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
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