Escuelas privadas, abismo legal ante abusos; Maritza, una historia de maltrato infantil

REPORTAJE: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ /LALUPA.MX
FOTOS: GUILLERMO GONZÁLEZ

El 4 de marzo pasado, Maritza encontró 12 moretones en los brazos de su hijo, quien entonces tenía 8 años y cursaba el tercero de primaria. No la convenció la respuesta de que se había caído, ni siquiera porque le mostró el lugar donde supuestamente tropezó. No eran moretones de una caída, eran marcas de dedos, recuerda Maritza.

Todavía pasaron algunos días de preguntarse en casa qué sucedió, de buscar respuestas con los conocidos, hasta que alguien le dijo que esas eran huellas de maltrato y entonces todo apuntó a que algo pasaba en la escuela, a la que su niño no quería asistir desde enero, cuando empezó a “hacerse flojo para levantarse”, a dejar de comer y a estar nervioso.

Maritza y su familia llegaron a Querétaro en noviembre pasado, cuando dejaron Aguascalientes. Encontraron una escuela privada en la zona norte de la ciudad, donde sólo le dijeron que su hijo tendría que tomar clases de regularización de inglés, porque el nivel de los alumnos era más avanzado. “Nunca me imaginé que tuviera un problema con esa materia”, confiesa, pero tampoco se imaginó que el maestro de inglés tratara mal a su hijo.

Fue una psicóloga particular la que les confirmó el maltrato infantil, que más tarde corroboraría una psicóloga de la fiscalía, a la que el niño le contó que el maestro de inglés lo tomaba fuertemente de los brazos cuando no sabía responder algo. El maestro, cuenta, los callaba a chiflidos, le llegó a pegar en la mano a un niño con una regla, les decía que tenían que regresar a los tiempos de antes cuando se les podía pegar con una tabla con clavos para que entendieran.

La confirmación del maltrato que vivió su hijo fue el inicio de un largo peregrinar, en la que le quedó claro que cuando se trata de escuelas privadas, existe un limbo legal que hace poco probable exigir que se respeten los derechos de las niñas y los niños y que pone en riesgo a miles de estudiantes que regresan al ciclo escolar.

EL ACUERDO ANTE LA FALTA DE RESPUESTA

La primera puerta que tocó Maritza fue la de la escuela. “Nunca nos atendieron, no me dejaron hablar con el maestro, la directora lo defendió y dijo que yo mentía, que ella iba a comprobar que el maestro no había sido, nunca cooperaron para nada, al inicio que no sabía qué hacer un abogado me dijo levanta una denuncia contra quien resulte culpable y fui a la fiscalía 4, de ahí me mandaron a la 5 pensando que podía ser abuso sexual, pero no fue así y ahí mi niño acepta con la psicóloga de fiscalía que fue el maestro de inglés”.

Maritza acudió entonces a la Dirección de Educación, a la Defensoría de Derechos Humanos, a la Unidad de Servicios a la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), a la Secretaría de educación, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las respuestas eran a medias, la Profeco solo podía llegar a un arreglo comercial, las demás autoridades no tenían competencia y aceptó un convenio con el maestro agresor, sin que lo sancionaran, por el miedo de que su hijo tuviera que carearse con él.

“Mi hijo estaba súper mal, dejó de comer, bajó de peso, se le subió el azúcar, estaba nervioso, le dolía la cabeza, se hacía pipí en la cama y fue horrible. La psicóloga lo trató en cuestión de miedo, me dieron un lugar en la tarde en la escuela Naciones Unidas para en cuanto se sintiera capaz de regresar al colegio. Está superando las cosas pero nunca pudo entrar al colegio, me quedé frente a la escuela y cuando le decía ‘vamos’ era llorar y llorar, se quedó como bloqueado todavía porque tiene que enfrentar entrar al colegio, al que entre, lo tiene que volver a enfrentar, pero sigue recordando cosas”, afirma.

El convenio fue poco provechoso para su familia. Al maestro lo quitaron del aula pero “le dieron un escritorio” y después renunció sin que se le estableciera alguna sanción. Él solo se comprometió a pagar 20 mil pesos por 20 sesiones psicológicas, pero al final pagó 6 mil pesos y no lo volvieron a ver.

“Todavía platico con mi hijo sobre cosas que le pasaron. Me comenta que era cuando el maestro le preguntaba algo en inglés y él no sabía qué contestar y se paraba a un lado y le apretaba los brazos, se quedaba ahí apretando porque mi niño no contestaba. A otro niño lo pasaba al escritorio y le pegaba con la regla en la mano o los callaba con chiflidos y les decía que tenían que regresar a los tiempos de antes donde les pegaban con una tabla con picos. Mi hijo comenzó a pasar por todo eso desde enero y yo no vi las señales”, lamenta Maritza.

Su caso no era único. Otros padres de familia relataron situaciones similares, se sabía que “ese maestro trataba mal a los niños, un señor dijo que iba a la dirección de educación a poner su queja porque a su hija la maltrataron de los brazos”, pero es difícil conseguir que una autoridad sea competente para actuar.

“Yo iba a los lugares donde me decían porque no soy de aquí, me dijeron que a la USEBEQ al área jurídica y me dijeron que no tienen que ver con los colegios particulares. Asistí a la dirección de Educación y nos dijeron que el maestro ya había renunciado después de que tenían los moretones, pero ellos decían que no podían sancionar hasta que tuvieran el documento donde decía que era culpable, así que firmé un acuerdo”, reconoce.

ESCUELAS PRIVADAS EN EL LIMBO LEGAL

La activista Maricruz Ocampo sostiene que hay un problema en cuanto a qué autoridad es competente para revisar la actuación de las escuelas privadas, porque parece que todo se circunscribe a un acuerdo comercial y se deja de lado el derecho de las niñas y los niños a recibir educación en espacios seguros, libres de violencia y en los que se construya la paz.

“Maritza fue a Profeco, fue a fiscalía, donde se supone que le deben dar un asesor jurídico, pero siempre están de vacaciones los asesores jurídicos de las víctimas, le dijeron que su hijo iba a tener que estar yendo a audiencias y hasta careo, lo que no es cierto, el convenio, los acuerdos, son para no judicializar el problema y entonces no hay sanción”, denuncia.

Ocampo Guerrero insiste que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que en las escuelas se debe generar un entorno seguro, higiénico, sano y libre de violencia, en Querétaro no hay una autoridad competente que regule y vigile que eso se logre, así que “estamos poniendo en riesgo a muchos niños en instituciones que no están siendo revisadas y tenemos esta situación donde se ha intentado hablar del bullying que es entre niños, pero aquí no es acoso, es hostigamiento, porque esta persona está en una asimetría de poder sobre un niño de 8 años”.

Sin autoridades competentes bien señaladas, agrega, se genera un peregrinar increíble, donde la Secretaría de Educación no ve esos casos dentro de las escuelas privadas, la fiscalía no quiere judicializar sino que busca acuerdos y no lo ve la Comisión Estatal de Víctimas.

“Estamos a punto de entrar a clases y como no se regula, nada impide que este maestro que renunció sea contratado para estar frente a grupo en cualquier otro lugar y como llegaron a un acuerdo tampoco tiene antecedentes, no hay manera de impedir que esté en contacto con los niños”, recalcó.

Sobre este tipo de casos, la presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, destaca que la Secretaría Ejecutiva de este organismo realiza una capacitación constante a los estudiantes para que conozcan sus derechos, sobre todo frente a casos como el bullying, el acoso y el hostigamiento, “pero habrá quienes saben que no debe hacerlo y lo hace”.

“Dependerá que los padres presenten primero la queja ante las autoridades de su escuela para señalar esta situación, si las autoridades no hacen caso tienen a las autoridades de la Secretaría de Educación del estado para presentar la queja en el sentido de que no hicieron caso de esta situación. Si la dirección de Educación no hace caso, sí intervenimos nosotros porque es un servidor público, aquí es importante acercarse con los directivos de las escuelas, pero también un llamado a los directivos a que sí pongan solución al problema”, detalla.

EN ESPERA DE QUE SANE

El hijo de Maritza todavía recuerda lo que pasó en la escuela. “Él trae la etiqueta de que fue un niño abusado, dice ‘el maestro me pegó’ y me causa mucho dolor, los moretones se le pasaron, pero hay un daño psicológico emocional, mental. Nadie va a poder entender todo lo que hemos vividos, yo sé que estoy mal porque veo los brazos de mi hijo y no lo puedo tocar. Dejé de comer, dejé de dormir, tuvimos discusiones, nos afectó todo y destruyó todo lo que teníamos, porque éramos una familia normal, ahora todo se derrumbó y él lo dice de manera abierta, pero cuando él lo dice, a mí se me vuelve a partir el corazón”.

El colegio al que acudía Maritza opera desde hace 14 años en la zona norte de la capital y fue noticia en 2017 por deber dos años de servicio de agua a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), pero en esta ocasión no hubo respuesta al caso de Maritza.

Caso Maritza genera acciones legislativas

Habrá acciones legislativas para proteger a las niñas y los niños del acoso y hostigamiento por parte de los adultos en las escuelas, con el fin de evitar aquellos casos en los que docentes y administrativos aprovechan su posición para afectar a la infancia, aseguró la activista Maricruz Ocampo, tras reunirse con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la LIX Legislatura Local, diputado Miguel Ángel Torres Olguín.

Estas acciones son una respuesta a casos como el de Maritza, quien relató a lalupa.mx que el pasado 4 de marzo encontró 12 moretones en los brazos de su hijo, entonces de 8 años de edad y se señaló a un profesor de inglés como el responsable del maltrato. A pesar de las evidencias, poco se pudo hacer para sancionar al docente porque se trataba de una escuela privada, en la que no hay una ruta de atención clara.

José Antonio Gurrea C.