La Defensoría de los Derechos de… lo que quiera el régimen – Josué Méndez Ruiz

Las Mañaneras del Pueblo, Transparencia para el Pueblo, Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, son algunos de los nombres con los que el actual grupo hegemónico en la política partidista mexicana ha rebautizado programas e instituciones a nivel federal.

En cuanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en vías de convertirse en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, la caprichosa decisión de rebranding podría tener implicaciones legales negativas que, por supuesto, el morenismo no está considerando, o en el mejor de los casos ha soslayado, y si llega el funesto día en que se concreten problemáticas judiciales por imponer la marca registrada del gobierno en turno, sabemos que no asumirá la responsabilidad, porque siempre habrá “otros datos”.

El problema particular de desechar el término derechos humanos, un concepto internacionalmente reconocido, con implicaciones claras y aceptadas en prácticamente todo el mundo, por esa figura retórica flexible a las conveniencias políticas del momento es precisamente que en procesos legales la especificidad es deseable, para evitar la confusión o manipulación a la hora de cumplir con el espíritu de las leyes.

De acuerdo con la Organización de las Nacionales Unidas (ONU): 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

Ese aburrido término, enaltecido por la maldita ONU neoliberal, refiere a un montón de derechos que los Estados firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (entre ellos México) tienen la obligación formal de hacer cumplir dentro de sus territorios. En contraste, la palabra “pueblo” tiene más acepciones que los usos del concepto “madre” en el español mexicano.

Vamos, que “defender los derechos del pueblo” puede implicar la priorización de los intereses de la población de Pueblo Nuevo, Corregidora, frente a los intereses de la más popular colonia vecina de Emiliano Zapata, por poner un absurdo ejemplo, ya que uno de estos dos barrio es “pueblo”, y el otro no.

Fuera de exageraciones, utilizar “pueblo” para determinar grupos poblacionales es muy problemático, pues a veces es empleado como sinónimo de personas en general, a veces para referirse a la clase trabajadora o a comunidades con vulnerabilidades. Lo cierto es que “defender al pueblo” no es un objetivo claro y delimitado, sino, como ocurre muchas veces en el diccionario lopezobradorista, se usa a manera de “paraguas” para que cada posible elector lo rellene con lo que quiera entender: defender a la gente buena, al proletariado, nuestros vecinos o a los amigos que hicimos en el camino.

Si bien hay motivos más que válidos para criticar y hacer mejoras a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su nombre es muy específico y no deja lugar a dudas sobre sus responsabilidades. Con el cambio, al menos en el nombre, se podría dedicar a defender cualquier cosa que el régimen considere “pueblo”.

Los delincuentes también son seres humanos

En un anuncio radiofónico y televisivo, la que busca ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo presume que en la “barbárica” época neoliberal la CNDH era vista como “protectora de delincuentes”, mientras que ahora “el 62 % de la población considera que la comisión es autónoma”. Esta pieza publicitaria busca marcar una diferencia entre el anterior organismo y el “transformado”, pero lo hace con las patas, comparando dos variables diferentes.

Una cosa es hablar de las personas a las que defiende la CNDH y otra muy diferente es medir su grado de autonomía, la absurda comparación sería equivalente a decir que antes el gobierno federal invertía en escuelas y ahora construyó un hospital, esperando que la gente advierta en la comparación una mejora. El anterior ejemplo es útil también en otro aspecto: en ambos casos (el de la CNDH y el del gobierno federal) las dos variables implican dos responsabilidades distintas, y una no sustituye a la otra.

Lo perverso de la comparación en la citada publicidad es que, al parecer, indica que se dejó atrás la defensa de delincuentes en pos de la autonomía del organismo, cuando la defensa de delincuentes también es necesaria en un entorno de respeto a los derechos humanos, pues los delincuentes ¡no dejan de ser humanos!

Para mucha gente es atractiva la idea de que una persona en prisión sea privada de su dignidad como ser humano, de ahí la popularidad de autócratas peligrosos como Nayib Bukele (el dictador de El Salvador). Esta posición es entendible en entornos de inseguridad y altas injusticias sociales… entendible, mas no justificable, ni justa. Las personas que en su, a veces, muy comprensible furia celebran el sufrimiento de los presos pasan por alto muchísimos problemas éticos que tendría la institucionalización de la brutalidad penitenciaria.

Para empezar, no están pensando sólo en criminales procesados y sentenciados, sino que en muchas ocasiones consideran a cualquier persona presa; una parte importante de ellas enfrenta procesos penales, pero el delito del cual se les acusa no ha sido comprobado, lo cual implica, en la práctica, que personas inocentes, erróneamente acusadas por problemas procedimentales, también sufrirían de castigos y torturas por ser “delincuentes”. Precisamente, hay que tener en cuenta la falibilidad del sistema judicial y la importancia del principio de presunción de inocencia.

Pero además, llamar delincuente a cualquiera que pisa la cárcel termina por echar en el mismo saco a gente que robo un coche (quizá por malicia, quizá en una situación desesperada), y que podría redimirse, con asesinos y violadores, como si merecieran el mismo destino de padecer un infierno en la tierra.

Finalmente quiero mencionar (aunque hay muchas más problemáticas), que incluso el peor de los “criminales” debe ser tratado como ser humano en función de preservar un principio ético importantísimo: no hay nadie con la autoridad suficiente para quitarle su condición de ser sensible y pensante a una persona por decreto; si constituimos una autoridad de ese nivel, crearemos una figura capaz de arrebatar la “humanidad” de alguien por intereses políticos, de manera que abrimos la puerta al poder totalitario. La preservación de los derechos humanos de los “delincuentes” va más allá de la protección de quienes son apestados en sociedad; protege a la sociedad misma de un eventual actor que quiera designar a grupos poblacionales enteros como enemigos que se deben de exterminar.

Por eso, centrar instituciones en defender los derechos humanos no debería ser “una moda”, y su denominación no debería ser una mera marca intercambiable para compaginar con la imagen de la nueva administración… En un entorno que priorice el respeto a la condición humana, una comisión de derechos humanos debería ser un organismo con capacidad de acción vinculante, que vigile el respeto de los derechos humanos por parte de actores poderosos (como los sistemas penitenciarios, las policías, los ejércitos, los gobiernos en general y las corporaciones), en vez de una oficina de recomendaciones dirigida por una burócrata agachona y especializada en recortes de personal… Debería.

AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “AZUL CASI MORADO”, LA COLUMNA DE JOSUÉ MÉNDEZ RUIZ PARA LA LUPA.MX

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Josué