Como con los WikiLeaks en diciembre de 2006, los Papeles de Panamá, vertidos inicialmente a principios de abril de 2016, el escándalo inicial fue reduciendo lentamente su fuerza con el transcurso de los días, al grado de que, por lo menos en México, los noticiarios mediáticos —entonces básicos en el entendimiento generalizado— apagaron el furor informativo pasado el segundo día.
Si la agencia de Julian Assange contaba con documentos que rebasaban el millón de copias, los papeles panameños superaban la cantidad de los 5,000,000, que eran, sencillamente, la corroboración de las complicidades generadas entre los millonarios del mundo, que se codean sin importarles su propia educación, porque lo importante para ellos no es la honra sino el tamaño de su cuenta bancaria, de modo que un futbolista como Messi puede llevarse de a cuartos con un ingeniero como Carlos Slim o un narcotraficante como Caro Quintero o Joaquín Guzmán Loera o tener migas con actores ya de Hollywood o de Televisa: la medida de sus raseros se basa no en su respectiva cultura, sino en las posesiones materiales.
A pesar de la ratificación de estos enclaustramientos económicos en los paraísos fiscales, que hizo estragos inmediatos, por ejemplo, en naciones como Islandia, donde la honra aún puede tener algún valor, se sabe que en México todos aquellos que hacen viajar su dinero en el extranjero, reafirmando las sospechas sobre sus transacciones, tienen la oportunidad de exhibir su “limpieza administrativa” por las propias leyes taxativas elaboradas en el país, pensadas sobre todo para el cobijo de los magnates, y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fobaproa, en el segundo año del salinato —aunque su implementación y concreción se efectuaron a partir de 1995 durante la administración de Ernesto Zedillo—, no es sino la comprobación de la adherencia del gobierno a los que más tienen.
Además, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tiene la obligación de preservar para sí los manejos de la economía de los ciudadanos, de forma que este goteo informativo que se desprendió de los papeles panameños carecieron de validez para la burocracia hacendaria mexicana porque sus propios reglamentos internos la hacen guiarse de una manera muy distinta; es decir, la corrupción en México es inexistente hasta que se demuestre lo contrario, y para ello los despachos de abogados son demasiado expertos en el asunto, al grado de que, hasta el momento, según la corte nacional, es imposible demostrar la ausencia de probidad en los mandatarios habidos y por haber, por eso la lista de los que, al parecer, incurrieron en el desprolijo y engaño financieros es gente cercana a los poderes de los máximos políticos, a sabiendas de que la justicia está de su parte.
Como con los WikiLeaks, cuando la fuga de información acotaba las faltas de los políticos en sus actitudes y comportamientos (pero el mundo continuó igual, siendo los únicos culpables los creadores del portal), era ya sabido que los Papeles de Panamá en naciones como México les iba a ocurrir algo semejante: pese a las evidencias, los capitales de los capitalistas se mantuvieron intocados y en sigilo su procedencia, ilícitos o no. Porque es mucho más práctico en el país asechar a los que trabajan con el sudor de su frente que a aquellos que acumulan su dinero bajo influencias y pactos soterrados que nunca se develan.
Y si de inmediato el silencio de esta poderosa filtración informativa cubrió en México su capa en la industria mediática fue, y no se necesita mucho cacumen para llegar a esta conclusión, porque gente en la nómina de estos emporios se hallaban en la lista de los posibles saqueadores financieros, y la industria tenía, o tiene, que protegerse a sí misma, una industria mediática favorecida, además, por las instituciones gubernamentales, que, pese a decir que carecen de dinero en sus arcas publicitarias, milagrosamente aparecen millones de pesos cuando se trata de distribuir los presupuestos federales justamente a estos medios electrónicos, privilegiándolos y consintiéndolos, haciéndolos cada vez más proclives a la información trivial o a la información cercenada o sesgada, debidamente parcializada.
Y todavía hay quienes se preguntan si la prensa en el país es comprada o regulada: ¿no basta con mirar las pantallas electrónicas o televisivas un momento para podernos percatar de la abultada publicidad, oficial y no, que se emite sin interrupción?
Y una República ciertamente democrática, si inyectara estímulos a la libertad expresiva, distribuiría equitativamente su presupuesto publicitario, no lo concentraría en un puñado de magnates, jóvenes o no, que de periodistas tienen lo que el Chapo de conocimientos literarios.
En efecto: en México existe la corrupción, no los corruptos.
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