Revuelto ha estado el ciberespacio con el «tapabocas» que le impusieron varias redes sociales a Donald Trump. Después de que éste convocara en días pasados a una marcha para protestar por el supuesto fraude electoral que se cometió en contra suya, lo que llevó a que varios de sus seguidores se congregaran en Washington, la mañana del miércoles pasado, y un sector de ellos asaltara, posteriormente, al Capitolio —derivando hasta ahora en cinco muertos—.
Poco después de estos sucesos varias redes sociales optaron por impedirle que emitiera mensajes. Eso ha llevado a posturas polarizadas sobre la determinación de las redes sociales: para unos, esto evidencia que se comportan como verdaderos poderes fácticos, que han establecido una dura medida de censura y que se extralimitaron; para otros, simple y llanamente las redes sociales tomaron una medida responsable en nombre de la estabilidad social.
Este suceso nos remite a la añeja idea de los pioneros de la red, que en su arquitectura trazaron un medio apto para franquear los controles de contenidos; posteriormente, los primeros usuarios de la incipiente red en Estados Unidos partieron de que en el ciberespacio se replicaran los preceptos de la tradición liberal de la cual provenían, que la libertad de expresión era la primera libertad fundamental, ya que de ella dependía el desarrollo de todas las demás. Que la red sería al final distinta a los medios convencionales, no tendría supervisores o gatekeepers que filtraran lo contenidos y establecieran quien era apto para publicar.
Con el correr de los años se ha buscado un equilibrio justo entre la libertad de expresión del internauta (que habla sin filtro alguno) y los mencionados o afectados por esa libertad que ejerce quien publica. Por lo regular se ha optado por separar la responsabilidad jurídica de la persona que publica de la del anfitrión (las plataformas Facebook, Twitter, Youtube, etc.), quien solo alberga el contenido publicado por otros.
Pero esta distinción se ha vuelto muy controvertida, sobre todo cuando se postean contenidos que incitan a actos terroristas, difaman a usuarios, circulan contenidos xenofóbicos, incitan al odio o agreden a las mujeres o a cualquier minoría, hacen circular medias verdades o de plano mentiras que desembocan en violencia social, como fue el caso de lo posteado por Trump. Así que esa columna vertebral del derecho digital se ha resquebrajado.
Lo que ha causado escándalo de este episodio que desencadenó Donald Trump —que reafirma con creces que es un tipo enfermo de ego, que sólo le interesa usar a las personas para sus fines personales— es que se le bloqueen las cuentas y que sea nada menos que el presidente de Estados Unidos. No es la primera vez que algunas redes sociales le ponen impedimentos o controles a los contenidos de Trump, pero este ha sido el más severo y se da justo cuando está a unos cuantos días de abandonar la Casa Blanca y ya sin poder alguno.
Este episodio reafirma lo señalado por Tim Wu (El interruptor principal), que todos los medios de comunicación tienen un ciclo: una etapa inicial de completa libertad en donde las personas pueden decir lo que quieran, para después alcanzar grandes audiencias y ser regulados, amén de que los mismos medios también establecen criterios editoriales, de regulación, para determinar qué pueden o no publicar.
