REDACCIÓN/LALUPA.MX
México, 26 de octubre de 2021.- El medio Animal Político dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, determinó un operativo policial que tuvo por consecuencia la muerte de ocho personas el 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo.
Documentos incluidos en la carpeta de investigación 406/2019 consultados por la publicación en línea señalan que se trató de un despliegue más amplio que inició el 18 de agosto, en el que participaron elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y del ejército.
Se acreditó la orden directa de Cabeza de Vaca en un oficio firmado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, en el que pide apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la octava Zona Militar, en diversos operativos en Nuevo Laredo; se explica en el documento que la orden es del propio gobernador.
El informe fue entregado por la Secretaría de la Defensa cuando el Ministerio Público le solicitó documentos que explicaran cuál fue el papel de los soldados el día de la masacre.
Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el despliegue en la ciudad fronteriza estaba previsto para agosto de 2019, pero sus elementos fueron atacados dos veces por sicarios del Cártel del Noreste, lo que provocó que se solicitara el apoyo de militares.
El 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac aconteció el asesinato por impacto de armas de fuego de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), que en un primer momento se presentó por el gobierno de Tamaulipas como un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y policías que los abatieron.
Sin embargo, las familias de las víctimas presentaron más de diez testigos presenciales y denunciaron que los agentes sacaron de madrugada a varias de las víctimas de dos domicilios y los trasladaron a un tercero. Ahí fueron torturados, los ejecutaron y disfrazaron con equipamiento táctico y armas largas. También pusieron un vehículo blindado con impactos de bala del grupo delictivo frente al tercer domicilio, para simular un enfrentamiento.
Una semana después de la masacre, el gobernador anunció que pediría apoyo al FBI y a otras agencias internacionales “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”, sin mencionar que los hechos se produjeron en un operativo que él había ordenado.
Actualmente, hay siete policías integrantes del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada. Hay dos policías detenidos por el caso, pero no hay claridad sobre las responsabilidades políticas ni el papel que pudo tener el ejército en la masacre.
Con información de Animal Político
