Desde hace tres años, a partir de la entrada en funciones de la actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, el Sistema de Ciencia y Tecnología de México (SCyT) ha visto cómo se destruyen rápidamente muchos de sus programas, que por años habían funcionado para dotar a nuestro país con la infraestructura y el talento que requiere la décimo quinta economía del mundo, a fin de consolidar su industria e incrementar el bienestar de la sociedad mexicana.
Lamentablemente, la forma en la que la titular del Conacyt ha decidido operar este desmantelamiento del SCyT mexicano está causando pérdidas significativas, cuyos efectos comenzarán a sentirse en nuestra planta productiva en unos cuantos años, cuando esta no pueda encontrar los recursos humanos capacitados para subir en la escala de la innovación, y deba enfrentar la disyuntiva de mudarse a otros países en donde sí encuentre este talento que necesita, o dedique sus líneas de producción a las capas menos importantes en los respectivos sectores.
Es pues una lástima que tal desastre causado por la bióloga Álvarez-Buylla vaya a resultar totalmente en vano para México y, al final, nuestra nación no obtenga beneficio alguno de esta conflagración, cuyos efectos apenas estamos comenzando a sentir con la resistencia de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que, desde hace un mes, se ha plantado en el campus de Santa Fe de la Ciudad de México, ante la imposición de un director que llegó con la espada desenvainada, cortando las cabezas de todas las voces críticas, y luego de que en Conacyt no encontraran ni la más mínima disposición al diálogo. No se puede olvidar que en numerosas citas los estudiantes fueron dejados esperando en distintas locaciones por la titular de la dependencia.
Si el SCyT iba a desmantelarse, habría sido muy bueno para México que la administración del Conacyt hubiera contado con un plan para reemplazarlo con otro andamiaje acorde a las necesidades actuales y futuras de nuestra nación. Sin embargo, el hecho de no haber elaborado tal diseño, y de sí haber colocado al frente de tal misión a la doctora Álvarez-Buylla, nos dice claramente que la motivación que subyace a esta empresa es puramente revanchista y autoritaria, pero tan irracional y miope que les quitará a las futuras generaciones la extraordinaria y probablemente única oportunidad que tendrían para insertarse en la modernidad del siglo XXI.
Más que buscar solamente el control total sobre las investigaciones que se realizan en los Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Conacyt, por ejemplo, sería apropiado que se revisara la pertinencia de estos, uno a uno: la figura jurídica bajo la que fueron creados, las disciplinas a las que dedican sus esfuerzos, la rigidez o flexibilidad que han desarrollado a lo largo de sus décadas de operación, etc. Entre este conjunto de 26 CPIs, los hay formados bajo asociaciones civiles sin fines de lucro, pero existen otros fundados como sociedades anónimas de capital variable con objetivos netamente lucrativos, tal es el caso de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales. Los hay cuya visión es nacional, verbigracia, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mientras que otros fueron constituidos con un enfoque local, como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica o el Centro de Investigación Científica de Yucatán; o regional, entre estos el Colegio de la Frontera Sur y el Colegio de la Frontera Norte. Otros tantos surgieron para atender problemáticas propias de un sector productivo, por ejemplo, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco o el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas.
Al haber sido concebidos con motivaciones, visiones y enfoques tan diversos, se entiende la dificultad para que funcionen como sistema, y por ello tampoco se debe pensar que una medida como la autonomía que se reclama para el CIDE —cuyo modelo se asemeja más al universitario— resulte apropiada para los demás CPIs.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
