–¿Cuáles son las perspectivas de las mesas de diálogo regionales convocadas por la Secretaría de Gobernación en torno a la protección de periodistas en el país?– preguntó atinadamente el joven reportero mexicano Samuel Cortés Hamdan del equipo de profesionales de Sputnik, la agencia rusa de alcance internacional.
La inquietud del reportero contenía la intención de no reiterar quejas muy sabidas sino, más bien, encontrar soluciones a la inseguridad crónica y otros males que afectan a las y los periodistas mexicanos. Él identificó muy bien que esos diálogos pueden iniciar un giro radical en el modelo actual de protección.
La conversación con Samuel Cortés Hamdan duró casi una hora. Pero su texto publicado el 3 de febrero mostró alejamiento de aquella intención inicial. Esto porque él respetó la mayor parte de mis opiniones y yo lo sobreinformé con demasiados subtemas. Le ofrezco disculpas.
Retomo aquí la intención inicial del joven reportero que probablemente refleje lo que piensen colegas en todo el país y podrían estimular a que más periodistas lleguen a los seis foros pendientes y hagan sentir su visión, sus muchas preocupaciones y otras propuestas.
¿Por qué los diálogos?
Alejandro Encinas Rodríguez, veterano político de la izquierda comunista, en su función de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a siete diálogos regionales en torno a una nueva ley de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. El primero de estos foros ocurrió en la Ciudad de México.
La realización de esos foros, a mi juicio, tiene dos propósitos de la mayor importancia:
Primero el reconocimiento y aceptación de que el mecanismo federal de protección está muy rebasado. Aumenta el caudal de amenazas, agresiones y asesinatos contra estas dos actividades. Los gobiernos estatales y municipales se han mostrado más que insuficientes, omisos y algunos irresponsables para cumplir con su obligación de proteger. También porque los delitos no son investigados e impera la alta impunidad.
Este desborde muestra la necesidad de otro andamiaje legal que posibilite un golpe de timón desde el sector central del gobierno de la federación.
La otra razón es esencialmente política. Convocar a estos diálogos es para propiciar más participación de las personas defensoras y los periodistas y otros sectores de población para estimular una atmósfera protectora, para conseguir un consenso social más amplio, más respaldo de la sociedad, para que una nueva ley sea más legitimada.
Un mayor consenso social y político garantizaría que la nueva ley sea (como lo anunciaron desde la convocatoria) dé alcance general y dé aplicación obligatoria para los tres niveles de gobierno. Esta debiera ser la razón esencial para que más periodistas participemos en los foros.
Una red nacional de reacción rápida
Otro de los propósitos externados al convocar a esos diálogos es crear un sistema nacional de protección. Entre las propuestas que ya se reiteran entre periodistas se encuentran las siguientes:
- Que se tomen en cuenta los diagnósticos que tienen periodistas en municipios, regiones y por estado para que sea realista el mapa de riesgos.
- Que un sistema nacional debe establecer una red nacional de alerta temprana y reacción rápida entre las entidades del Estado obligadas a brindar protección.
- Que esa red institucional acepte como coadyuvantes a las decenas de redes locales de periodistas que ya existen y que se multiplican paulatinamente. Redes que demuestran prontitud y efectividad para las denuncias y las primeras medidas protectoras, como lo demostraron el 25 de enero en la gran movilización de periodistas en 62 ciudades.
Un sistema realmente preventivo
Igual se ofreció que la nueva ley tendrá un acentuado carácter preventivo. Desde hace años deambulan propuestas de periodistas que ayudarían a que ese eventual sistema nacional de protección sea verdaderamente preventivo. Por ejemplo: Que la nueva ley general especifique la aplicación de uno o varios programas que reduzcan las vulnerabilidades sociales y profesionales de personas defensoras y periodistas, porque cuando tienen demasiadas debilidades se facilitan los agravios en su contra.
Esto significa facilitarles la adquisición de fortalezas para que se conviertan en sujetos activos para su autoprotección y no sólo en objetos de protección cautelar de tipo policiaco. Esto sería verdaderamente preventivo.
Estos programas de Estado para reducción de vulnerabilidades implicarían, muy posiblemente, la promoción de reformas a otras leyes, como las de Atención a Víctimas, del Seguro Social, la Federal del Trabajo, de Educación, para capacitación continua como un derecho, y hasta los códigos penales y civiles, con sus consecuentes planes y programas de políticas públicas y formas de evaluar su cumplimiento.
Qué visión, de qué periodistas
El reportero Samuel Cortés Hamdan me inquirió durante la conversación qué tipo de periodistas decidirían participar entre la pluralidad del periodismo mexicano. Existen muchas visiones y corrientes entre periodistas, incluidas las empresas.
Por lo que conozco en 45 años de experiencia en el periodismo político y en la observación de nuestro entorno profesional, calculé que no se interesarían en participar en esos diálogos la mayoría de las personas que se dicen periodistas o que se reconocen así por la ley actual de protección.
Al igual que en la población mexicana existe, en el periodismo hay una pirámide económico-social. En los niveles de arriba están los directivos y periodistas consolidados de los corporativos y medios industrializados de prensa que normalmente son mejor pagados y que (con algunas pocas excepciones) expresan poco o nulo interés por realizar actividades que protejan a sus colegas, a menos que agredan a alguien de empresas de este tipo, que por cierto han sido muy pocos desde 1984.
Cuando se realicen bien las tipologías de agredidos y asesinados comprobaremos que la mayoría no trabajaba en los grandes medios.
La base de la pirámide socio-profesional del periodismo ha ido agrandándose gracias a las crisis recurrentes de la prensa mercantil, a las oleadas de despidos, a la creciente pauperización de reporteros y editores empleados.
En consecuencia, los de abajo, especialmente fuera de las grandes ciudades, son esa mayoría que padece al menos 10 grandes vulnerabilidades que facilitan los agravios y los asesinatos.
Y los más perjudicados debieran ser los primeros en asistir a esos foros. Los que por su trabajo cotidiano al reportear o generar información noticiosa que incomoda han sido afectados con amenazas, con agravios, con presiones diversas, con despidos, con malos tratos en sus empleos. Pero también los que comprenden mejor los avatares negativos de la actividad cotidiana de ser periodista.
Estas experiencias y visiones podrían ayudar mucho para ayudar a conformar otra etapa y mejor de un Estado que ha sido rebasado por la violencia general y por los crímenes contra dos actividades indispensables para la paz y la democracia. Todos sabemos que cuando alguna de estas personas es limitada o acallada se hacen vacíos en la información de interés social y la sociedad pierde.
