NOTA: SARA VARGAS/ CUPI-UAQ
Con la participación de Daniel Zapico Alonso, Alto Comisionado de las Naciones Unidas (NU) para los Derechos Humanos; y Erick Javier Martín Salas, director general del Mecanismo de Protección, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó el Informe “Desafíos del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas – México”.
El “Informe del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas” es un programa con base en las necesidades de cuatro países de América Latina; Colombia, Brasil, Honduras y México.
Emmanuel Colombié, director de la oficina de RSF para América Latina, mencionó los nombres de los siete periodistas asesinados en México en 2022, bajo la necesidad de hacer evidente la problemática a la que el país se enfrenta y la urgencia de implementar medidas que protejan a los periodistas.
Bia Barbosa, coordinadora del proyecto “Bajo riesgo” de RSF, mostró las propuestas para superar las deficiencias con las que cuentan los programas de periodistas en México. Explicaron las propuestas para México que se enumeraron de las más urgentes a las que pueden resolverse en un mediano plazo.
Son un conjunto de 80 recomendaciones, precisaron las que necesitan resolverse de forma “más inmediata” posible, esto con ayuda de las autoridades de cada país para que implementen las sugerencias emitidas por RSF, de tal manera que se superen las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina.
Las propuestas de “mayor urgencia” que presentó Bia Barbosa fue que exista más articulación con organismos públicos, personal técnico, diseño institucional, previsión presupuestal, medidas implementadas, trato a periodistas, marco normativo, metodología y procedimientos, confiabilidad, transparencia y participación social.
De primera instancia, está la articulación con organismos públicos, ya que si bien el Mecanismo Federal implementó la Ley de Protección en 2012, ésta no obligaba a las autoridades locales y municipales a hacerse cargo de la protección a periodistas. A partir de 2017 sólo 12 de 30 tenían una Unidad Estatal de Protección que trabajara en coordinación con el mecanismo federal.
Un mecanismo de protección rebasado
Bia Barbosa advirtió que existe poco personal técnico que atienda los casos de periodistas que van a solicitar la protección, por lo tanto, el mínimo tiempo para que les den atención son dos meses, de la mano con esto va el diseño institucional el cual requiere de crear enlaces con otras organizaciones e instituciones que permitan la protección de los comunicadores.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que es necesario cambiar e implementar nuevas medidas de protección, ya que entre 2011 y 2020 fueron asesinados al menos nueve periodistas a pesar de que se encontraban bajo protección del Estado.
El foro estuvo coordinado por Balbina Flores Martínez, representante en México RSF, y se contó con la participación, además, del periodista Rogelio Hernández López, colaborador de lalupa.mx; Lidia Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica; y Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de “Artículo 19” en México.
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