Cuernavaca.- Apenas iba a hacerse la presentación de las once personas que presidirían el quinto diálogo abierto por la nueva ley de protección cuando, desde abajo, una mujer defensora de los derechos humanos interrumpió para pedir el micrófono, entonces se arremolinó una docena más de asistentes y otros se pusieron de pie para corear “¡No debía morir!” cada que ella y un defensor leían los nombres de activistas y periodistas asesinados.
No había pasado ni un minuto de esa interrupción cuando una reportera tomó el mismo micrófono para leer 1,500 palabras de un texto con denuncias y propuestas que prepararon entre diez periodistas. Inmediatamente después, llegó con sus palabras el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y continuó esa cadena de declaraciones desde abajo el presidente de la Fraternidad de Reporteros de México para leer un texto con ocho reflexiones y propuestas.
Cuatro intervenciones se anticiparon para dar voz a víctimas. Tres documentos preparados con antelación se leyeron interrumpiendo lo programado. Se aplicaron activistas y periodistas para significar con dolor e impotencia a este foro desde su inicio. Los once del presídium, diez de ellos funcionarios del gobierno de Morelos, aguantaron en silencio durante 77 minutos y después participaron francamente en un diálogo constante e intenso, atendieron exigencias específicas e hicieron compromisos. También se aplicaron. El diálogo aquí transitó más que en otros estados.
Otras finalidades
Esto fue lo más novedoso en el quinto diálogo abierto que ha tutelado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación: que representantes de personas defensoras de derechos y periodistas prepararan documentos para que se registren mejor sus propuestas y que impusieran desde el principio una atmósfera propiciatoria de diálogo franco.
Y en este foro también parecieron consolidarse otros objetivos paralelos que, quizá, formularon quienes diseñaron este diálogo itinerante por varios estados de la república con la intención principal y declarada de perfilar mejor lo que será la nueva ley de protección con alcance nacional. Tras los foros de la Ciudad de México, Oaxaca, Hermosillo, Nayarit y este de Cuernavaca, se asoman otros alcances:
- Que los foros se convirtiesen en una ventanilla móvil de la federación para que activistas y periodistas afectados denuncien y visibilicen más la violencia que padecen sus actividades, las transgresiones a derechos de otras comunidades y de ellos mismos, así como las fallas de los gobiernos locales.
- Que personas de ambas actividades cobren confianza para expresarse, hasta el grado de interrumpir lo programado, como lo hicieron aquí en cuatro ocasiones.
- Y, más en el fondo, parece intencional estimular a periodistas y activistas a que continúen con sus funciones esenciales, a seguir construyendo ciudadanía para que, con una nueva ley de alcance nacional, se institucionalicen sus derechos como profesionales del interés público, como actores legales de la parte de bienestar social del Estado mexicano, y así puedan ser mejores garantes del mayor respeto a derechos universales, el acceso a la información y la libertad de expresión.
Sus documentos
La novedad de que grupos de activistas y periodistas prepararan documentos con denuncias y propuestas podría servir para que otros agrupamientos hagan algo similar en los siguientes foros, que según anunciaron serán en Chihuahua y Tamaulipas, probablemente después de la semana de asueto.
El primer texto de personas defensoras de derechos refiere los nombres de 14 activistas y periodistas asesinados de enero de 2019 a la fecha y califica los crímenes como “máxima expresión de violencia”. Denuncia también que la violencia “se ejerce de manera sistémica en las narrativas cotidianas, en la invisibilización de los aportes de la sociedad civil organizada y en el uso indiscriminado de los medios públicos y privados para fines propagandísticos”.
Ante el posible cambio de la ley federal a “Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigimos que NO SE DELEGUE la mayor responsabilidad a las autoridades estatales ni a los mecanismos locales, ya que, en la mayoría de los casos, significaría poner nuestra seguridad en manos de nuestros violentadores”.
El segundo documento, este de periodistas, es firmado por Oswald Alonso (Nodo Noticias), Maciel Calvo y Tlaulli Preciado (La Unión de Morelos), Víctor Carrillo (La Vieja Guardia), Héctor González y Óscar Guadarrama (Central de Noticias), Javier Jaramillo y Daniel J. Ceballos (El Clarín), Justino Miranda (Sin Línea), Pedro Tonatzin Sánchez (Sur Digital) y Leticia Villaseñor (MVS).
En ese texto, desde los primeros párrafos los firmantes se suman a un llamado recurrente de otros colegas para que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, detenga “el embate contra el gremio periodístico, porque permea en todos los niveles y nos coloca en un estado de vulnerabilidad grave… Porque lamentablemente, la mayor parte de las agresiones, los atentados y los asesinatos han sido de periodistas que trabajaban en los estados, cuyas fuentes eran la política, policiaca o realizaban sus labores en municipios con incidencia delictiva y de inseguridad graves”.
Y de Morelos afirman que “es un caso sui géneris, pues ahora mismo las y los periodistas se han convertido ´en carne de cañón´ de actores políticos de diferentes poderes del Estado, en una lógica de «estás conmigo o contra mí»”.
Entre las 10 propuestas que hacen para que el nuevo mecanismo nacional de protección funcione de otra manera resalta su demanda de “Definir el ejercicio periodístico como una actividad de interés social público”.
El tercer documento, también entregado a los representantes de la Subsecretaría federal de Derechos Humanos, es firmado por Juan Bautista Aguilar, como presidente de la Fraternidad de Reporteros de México (Fremac). Refiere que fue una de las organizaciones que participó en el Encuentro Nacional de Periodistas, realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y reconoce como expresión de voluntad política el diálogo que realizó Alejandro Encinas con una representación de ese encuentro días después.
En ocho párrafos numerados, demanda revisar procedimientos del mecanismo actual relacionados con el manejo de datos personales de periodistas protegidos y revisar los casos de algunos de ellos que han sido asesinados.
En el párrafo final propone “la creación de un fondo de pensiones o ayuda a las viudas (esposas o concubinas) así como a las hijas, hijos y familiares en primer grado, dependientes económicos de los periodistas que hayan sido asesinados en el ejercicio de su profesión”.
Todos estos hechos, documentos y promesas de solución a problemas concretos, según se ofreció, serán difundidos oficialmente en la relatoría de este quinto diálogo. También se insistió en que la Subsecretaría no tiene un proyecto de esta ley que promueve, y se ratificó que el proyecto saldrá de los diálogos y se entregará en el mes de septiembre al Congreso de la Unión con las peticiones de que sea sometido al método de Parlamento Abierto y aprobado en el segundo periodo de sesiones para que pueda ser promulgado al comenzar 2023. Esta es una mirada de reportero.
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