¿Alguien sabe en qué consiste la “magna” obra gubernamental conocida como “Rehabilitación de la avenida 5 de Febrero” (arteria que, por cierto, cambiará de nombre)?
Más allá de algunas y algunos funcionarios públicos de gobierno del estado, nadie conoce cuál va a ser el cambio que se realizará en esta tan importante vía de comunicación. Entendemos que se construirá un carril confinado para el transporte público y se sustituirán algunos puentes vehiculares, pero nada más. No se conocen imágenes proyectivas ni explicaciones sobre las acciones y los objetivos, más allá de decir que será para mejorar la movilidad.
Esta condición, la ausencia de información pública, conduce irremediablemente al crecimiento de la incertidumbre ciudadana y, por ende, al cuestionamiento de lo que está haciendo el gobierno.
Propuesta individual
La semana anterior, unos días después de que el gobierno queretano “diera a conocer” las obras iniciales a realizar, organismos ciudadanos solicitaron ser informados, e informar en general, sobre esta acción pública.
Esta condición no debería de suceder si las políticas públicas –esta en particular– fueran acordes con las necesidades de la ciudadanía; es decir, que sea una demanda sentida de la población, que el gobierno haya retomado esta demanda y, por ende, se conozca profusamente qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y para qué se va a hacer.
En este caso, sin embargo, no es así. Es una acción, desde mi punto de vista, que surge del gobierno y, aún más, de la determinación particular del ahora gobernador, quien siendo candidato en campaña lo primero que anunció fue la construcción del segundo piso en la referida avenida 5 de Febrero.
Ratificó su deseo al inicio de su administración, cuando volvió a hablar del tema. En los dos momentos recibió severas críticas, pues este planteamiento refuerza la idea de que la movilidad se constriñe a dar más espacio a los vehículos particulares.
El gobernador no cejó en su empeño y aunque modificó sustancialmente el proyecto hasta llegar a lo poco que hoy conocemos, lo mantuvo a pesar de todo, dejando en claro que es una política pública unipersonal.
Eso causa incertidumbre entre los gobernados. Para tratar de disiparla (ya después de que no surgió de una demanda ciudadana) es necesario informar, informar profusamente, informar a detalle, transparentar las licitaciones, revelar presupuestos.
Por esta situación es que el Observatorio Ciudadano de Movilidad decidió solicitar una reunión con las secretarías de Gobierno y Obras Públicas del estado para conocer a detalle el proyecto de reingeniería de 5 de Febrero.
La ambientalista Pamela Siurob Carvajal dijo que ya tenían conocimiento de que se intervendría la zona; sin embargo, lamentó que no se tengan datos sobre lo que se realizará específicamente en la zona.
También la denominada Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible en Querétaro expresó su extrañeza “por la forma en que esta primera etapa del proyecto fue anunciada públicamente. Consideramos que de acuerdo a lo planeado por las mismas autoridades tendrían que haber presentado el proyecto final o la propuesta actual a las organizaciones de la sociedad civil…”.
Desinformación galopante
La lógica social y política se impone: anuncian una política pública solamente de nombre, sin referir en qué consiste, para qué se realiza, qué beneficios traerá a la ciudadanía y, sobre todo, sin haberla socializado.
Esto tiene como consecuencia que se cuestione su ejecución. Pedir información al gobierno de algo que se supone ya deberían conocer los ciudadanos no es el mejor escenario.
Cometido el error, el camino que queda para reducir los riesgos de una crisis es difundir esa obra. Proyectarla e interiorizarla entre los ciudadanos y tratar de que la población la haga suya. Reunirse con organizaciones sociales, con organismos intermedios, so pena –como ha sucedido– de que sea rechazada (a pesar de sus potenciales beneficios) a causa de la ausencia de información y cercanía con la gente.
