REDACCIÓN/LALUPA.MX
Ciudad de México, 24 de junio de 2022.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las bibliotecas necesitarán autorización de editoriales y productoras para prestar y reproducir obras documentales o audiovisuales, so pena de recibir multas millonarias.
Según organizaciones sociales, editores y autores, esta decisión pone en riesgo la labor de divulgación de las bibliotecas, además de limitar el catálogo que tengan para consulta pública.
Luis Fernando García, director de la asociación civil defensora de derechos digitales R3D, dijo que la resolución de la Corte se dio por amparos de la industria editorial, que busca que se declaren inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Bibliotecas en los cuales se reconoce la labor de interés público de los recintos.
La SCJN negó la inconstitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas, pero concedió que para que se pongan a disposición algunas obras (a consideración de las editoriales) se necesita permiso de los titulares de derechos de autor.
La Ley General de Bibliotecas, aprobada en 2020, estableció la creación de un mecanismo por el cual todos los editores y productores deben aportar ejemplares a las bibliotecas “depositarias”, que son la Biblioteca México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. Con el cambio aprobado, dichos recintos podrían recibir elevadas multas.
Luis Fernando García señaló que, con su interpretación, la Corte estableció que los titulares de derechos de autor, como las editoriales, podrán decidir si las obras que donen a las bibliotecas pueden ser consultadas por el público, o ser reproducidas o traducidas para divulgación y conservación. También podrán establecer las medidas digitales de reproducción.
Aunque la decisión de la Corte solo aplica directamente a tres bibliotecas, las restricciones que interpone a la difusión y digitalización de obras afectan de manera indirecta a otros recintos, que podrían ser multados por violar los derechos de autor, dijo el activista.
Según la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la decisión “brinda razón al sector creativo frente a los reclamos contra el impreciso y ambiguo texto de la Ley General de Bibliotecas”, y las obliga a “respetar en todo momento la Ley Federal del Derecho de Autor”.
Con información de Animal Político
