La semana pasada el presidente estadounidense Joseph Biden firmó la Ley de Ciencia y Chips, poniéndola en vigor y concluyendo así con varios meses de intensas negociaciones bicamerales en las que prevaleció el interés de la nación vecina, antes que cualquier otra diferencia ideológica. La Ley de Ciencia y Chips, según el comunicado publicado para la ocasión por la Casa Blanca, fortalecerá la manufactura en los Estados Unidos de América (EE. UU.), las cadenas de suministro y la seguridad nacional, e invertirá en investigación científica, en desarrollo tecnológico y en la fuerza laboral para el futuro, con el objetivo de que la Unión Americana pueda mantenerse como la economía líder en el orbe.
La Ley de los Chips, como se le conoce abreviadamente, inyectará sustanciosos fondos públicos durante la década venidera, para que la iniciativa privada tenga la posibilidad de recuperar el paso en la carrera tecnológica que enfrenta desde hace años contra la República Popular de China, y en la que ambos países luchan por adueñarse de la mayor participación de mercado en sectores productivos habilitados por la nanotecnología, la computación cuántica, la inteligencia artificial, las energías limpias y la fotónica. Todas estas tecnologías están alcanzando su madurez y transformarán al mundo para el 2030.
Tras el inicio de la vigencia de la Ley de los Chips, la respuesta por parte del sector privado fue inmediata y contundente. Empresas como Micron Technology, Global Foundries y Qualcomm anunciaron nuevas alianzas e inversiones orientadas a incrementar sus participaciones en el mercado estadounidense de los microchips. La primera inyectó 40 mil millones de dólares estadounidenses (mdde) para buscar hacerse con una rebanada del 10 % en diez años, mientras que las otras invirtieron 4 mil 200 mdde para aumentar su producción actual en 50 % en 2027.
La nueva legislación no sólo entregará 52 mil mdde en incentivos directos para producir microprocesadores, sino muchos miles de mdde más para financiar a algunas agencias de investigación científica y desarrollo tecnológico actuales, entre ellas el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF por National Science Foundation); así como a otras que serán creadas para atender las nuevas tecnologías identificadas como estratégicas y hasta de seguridad nacional para la todavía primera economía mundial. El dinero de los contribuyentes vecinos se destinará también a fomentar la educación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en los niveles medio básico y superior, con la intención de desarrollar el talento que requerirán las nuevas industrias en las décadas por venir.
De manera muy significativa, resalta el hecho de que es al Departamento de Comercio al que se le instruye para establecer la veintena de nuevos centros de desarrollo tecnológico en las distintas áreas estratégicas, con los que se pretende impulsar la innovación —transferencia de la tecnología hacia el mercado— y la creación de empleos. Quizá al lector encuentre equivocado que la orden para establecer esta nueva infraestructura haya sido dirigida a un departamento que podría equipararse con nuestra Secretaría de Economía, y no a la NSF —con grandes reservas, algo así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México—; sin embargo, es por demás lógica, pues en los EE. UU. se entiende perfectamente la diferencia que existe entre ciencia y tecnología.
La primera busca responder a preguntas fundamentales para la humanidad, mientras que la tecnología aprovecha el conocimiento científico para crear aplicaciones que resuelvan problemas precisos. Luego este desarrollo tecnológico debe traducirse en innovación; es decir, en productos o servicios nuevos que detonen negocios y fortalezcan la economía de la sociedad, para así también aumentar el nivel de bienestar de la ciudadanía. En México habría que aprovechar la magnífica oportunidad que brindaría una eventual nueva Ley de Ciencia y Tecnología para reorganizar a nuestro sector a semejanza del estadounidense.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
