Hablar de delincuencia organizada en Querétaro es un tema tabú, es decir, es un asunto que el gobierno de la entidad y los municipales quisieran que no existiera o que nadie se fijara en este.
Por lo menos, eso dicen las declaraciones recientes de algunos gobernantes locales que prefieren pasar la responsabilidad a otras instancias o, de plano, mentir y negar su presencia en territorio queretano.
El caso San Juan
Uno de los miles de documentos filtrados por Guacamaya, el grupo hacker que robó archivos resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional, revela que en Querétaro actúan tres grupos delincuenciales, uno de ellos con asiento en San Juan del Río y dedicado, principalmente, al robo de combustible.
Después de que se difundió este documento, el presidente municipal de dicha localidad afirmó ante los reporteros que se atrevía a asegurar que esta información era falsa.
El afán de “quedar bien”, o de demostrar que un municipio o entidad federativa “está libre de la delincuencia organizada”, muy seguramente llevó a este alcalde a decir lo que dijo.
No es que el que esto escribe sea impertinente y forzosamente quiera endilgar a San Juan del Río la presencia de este tipo de delincuentes. El detalle es que además de los datos publicados sobre la presencia de las referidas tres bandas criminales en San Juan del Río, hay constancia de que personal de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado cuenta con estadísticas que reflejan claramente que, en los últimos seis años, el robo de combustible a los ductos de Pemex se ha triplicado.
¿Será acaso que son rateros locales los que hacen esta acción?, y si es así, ¿por qué no han sido detenidos? ¿No pueden, no quieren o saben que son delincuentes más peligrosos?
Por su parte, el gobernador de la entidad, cuestionado exactamente sobre el mismo tema, prefirió responsabilizar al gobierno federal y decir que era un tema que correspondía a la federación, y por ende se tendría que hablar con las autoridades de ese nivel.
Todos deben aportar
Como se lee, el asunto de la delincuencia organizada es un espanto para los gobernantes queretanos. Si bien es cierto que jurídicamente es un delito que solamente puede combatir la federación, eso no implica que los gobiernos municipales y el estatal hagan mutis y se desentiendan del asunto.
Su responsabilidad es atender, reportar a la federación y solicitar su intervención para combatirlo. Sin embargo, el gobernador queretano prefiere voltear la mirada hacia otro lado y evadir el problema que, por cierto, no es solamente suyo: es un problema que involucra a toda la sociedad queretana y, como su gobernante, tiene la obligación de atender el asunto. Como él mismo repite constantemente: “me contrataron para resolver los problemas”.
Esperemos que honre su dicho, asuma su responsabilidad y demande apoyo de la autoridad federal para combatir este delito, antes de que sea demasiado tarde.
Hay otra arista del problema. Hemos visto en diversidad de notas periodísticas difundidas por la televisión que las fuerzas federales reaccionan, frenan la actuación de los grupos criminales y hasta auxilian a la sociedad civil.
El problema es que esa forma de actuar (como también la descrita de los municipios y el gobierno estatal) no reduce el problema, sólo lo “administra”.
Adelantarse a los delincuentes
Es necesario que las fuerzas policiales se adelanten a los criminales, pero no lo hacen las federales, ni las estatales, ni las municipales.
Para evitar seguir en esta dinámica, de llegar después de las agresiones de la delincuencia, es fundamental construir o fortalecer las agencias de investigación, de inteligencia policial, de todos los niveles gubernamentales.
Obviamente se requiere que una vez que se cuenta con la información se actúe, se movilice la fuerza policial. Finalmente, es fundamental asumir cada quien sus responsabilidades y no, como han hecho varios gobiernos, “fingir demencia” ante una realidad que está socavando al país.
