REDACCIÓN/LALUPA.MX
Ciudad de México, 7 de diciembre de 2022.- El pleno de la Cámara de Diputados votó ayer sobre la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, proyecto que incluía cambios constitucionales, y por lo tanto requería aprobarse con mayoría calificada, es decir, dos tercios o tres cuartas partes del número total de votos. Sin embargo, los partidos de oposición frenaron el proyecto porque los votos de Morena, PT y el Partido Verde no completan dichos porcentajes.
En lo general, obtuvo 267 votos a favor y 219 en contra, y en lo particular 261 a favor y 216 en contra. Ante este resultado, la bancada morenista presentó el llamado “plan B” de reforma electoral, que pudo aprobarse este mismo miércoles por la madrugada con la mayoría simple que alcanza sumando a sus partidos aliados.
El “plan B” está conformado por cambios a tres leyes y la expedición de otra, con el fin de reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y acortar la duración de los procesos electorales; de igual forma, se acota el concepto de “propaganda gubernamental” para que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.
Los cambios que el partido del presidente no concretó al rechazarse la primera propuesta son en el método de selección de consejeros y magistrados electorales, así como la disminución de diputados y senadores.
Las leyes que se modificarían con la iniciativa aprobada en la Cámara baja son las de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. El “plan B” obtuvo 267 votos a favor y 221 en contra en lo general, y 267 a favor y 215 en contra en lo particular.
Entre otros cambios, plantea que los órganos distritales del INE pasen de 300 a 260 y fusionar algunas áreas, como las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la Dirección Jurídica, de manera que se reduzcan costos operativos.
De igual forma, se propone asentar en una ley secundaria que los sueldos de los consejeros electorales no pueden ser superiores al del presidente de la república. A su vez busca que se reduzca el tiempo de los procesos electorales, por ejemplo, iniciar el proceso de elección presidencial en noviembre del año anterior a la votación, en vez de septiembre, como ocurre actualmente. En la misma línea, se plantea acortar el tiempo para elegir y capacitar a las personas funcionarias de casilla.
La reforma también propone que el inicio del cómputo oficial de votos inicie el mismo domingo de la jornada de votación a partir de las 18 horas, en vez del miércoles siguiente, como sucede ahora.
De igual forma, estipula que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que, en su caso, regulen la libertad de expresión”. Lo anterior para que no se sancionen declaraciones de funcionarios respecto a posibles candidaturas fuera de los tiempos electorales.
También se plantea garantizar que las personas en prisión preventiva puedan votar, así como la obligación de que los partidos postulen para diputaciones federales y senadurías a personas de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, jóvenes, migrantes y residentes en el extranjero.
El proyecto de “plan B” pasará al Senado, donde Morena y sus aliados también tienen los votos suficientes para aprobarlo sin necesidad de apoyo de la oposición.
