En los días pasados en Perú ha reinado el caos. La noticia de que el presidente Pedro Castillo fue removido de su puesto causó una sorpresa masiva, sobre todo porque se habló de un (auto) golpe de Estado. A unos días de los momentos, probablemente, más álgidos en Lima, ¿qué análisis se puede ofrecer al respecto?
La forma en la que Castillo dejó de ser presidente de Perú fue caótica y levantó preocupación, al menos, en Latinoamérica. Ha pasado, pero no es habitual que a los jefes de Estado los remuevan de su cargo, sobre todo por dos razones: la usual estabilidad política en la región y la naturaleza misma del sistema político seguido en la mayor parte del continente americano, es decir, el presidencialista.
Por la relativa estabilidad política de los países latinoamericanos, existen limitadas probabilidades para remover a un mandatario de su cargo. Pero estas se reducen aún más teniendo en cuenta que casi todos los países de América siguen el sistema presidencialista, en el que el presidente ostenta un poder e influencia mayor, tanto en el gobierno como en las instituciones y en las cámaras de legisladores. Pero, a pesar de esas dos situaciones, el gobierno de Castillo fue apagado desde que inició por la oposición.
El exmaestro rural ganó los comicios contra Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, quien había perdido en dos ocasiones las elecciones presidenciales para ese momento. El triunfo de Castillo en las urnas tuvo una diferencia mínima, pero suficiente para ganar, y fue tan gloriosa para la izquierda peruana y los grupos olvidados como dolorosa para la derecha y extrema derecha en el país andino.
Desde que comenzó, el gobierno de Castillo fue menospreciado y atacado en múltiples frentes. Los embistes de varios actores políticos mermaron al gabinete, provocando las renuncias de varios oficiales, lo que últimamente obstaculizó la operación del gobierno y redujo su estabilidad política. Sin embargo, la falta de asesoría apropiada y eficiente hacia Castillo tuvo como consecuencia varios errores que la administración izquierdista presentó en estos escasos meses. Es cierto que la presión se ejerció desde el minuto uno, pero los errores no forzados del gobierno también fueron factor en el descontento hacia la presidencia.
Así mismo, es importante mencionar que la intención de Castillo de cerrar el Parlamento obedecía en parte a un intento de legislar sin la carga que representaba el grupo evidentemente controlado por Fujimori. No fue la mejor decisión del mandatario, sino que obedecía a una función política que necesitaba. El golpe se regresó por parte del Poder Legislativo y el presidente fue detenido y llevado a la cárcel.
Quien le ha sucedido es Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, y hoy en día la primera presidenta en la historia de Perú. Ella es vista por muchos, incluso por el mandatario expulsado, como una usurpadora. Sin embargo, es la opción más viable para pacificar al país, que se ha sumergido en una profunda crisis debido a quienes buscan en las calles la restitución del presidente y quienes quieren un cambio de gobierno.
Es difícil saber en qué acabará la situación, ya que, por una parte, Castillo ha solicitado asilo en México y, por otra, no hay certeza de que el gobierno de Boluarte sea apoyado lo suficiente para mantenerse a flote. Hay que recordar que la gente votó por el exmandatario, no por la actual presidenta, por lo que su legitimidad estaría constantemente retada. Por si fuera poco, en la misma ecuación debemos adicionar la posición del Poder Legislativo, que podría usar su poder e influencia para derribar a la nueva administración como lo ha hecho con las de sus anteriores líderes.
