* Fotografía de Adrián Contreras/La Crónica de Hoy.
La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) entró en vigor desde el día 9 de este mes, tras ser aprobada precipitadamente por las fracciones oficialistas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en particular en la Cámara de Senadores. También se violentó el procedimiento legislativo con acciones como: el hecho de que la Comisión de Ciencia y Tecnología ni siquiera realizó el dictamen correspondiente; en la sesión convocada sin la anticipación requerida por el senador Gilberto Herrera Ruiz para turnar al pleno la iniciativa no hubo el quórum legal, y hubo al menos una presunta falsificación de firma.
A pesar de todo esto, bajo lo establecido en la llamada Ley Buylla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) —que fuera creado el 29 de diciembre de 1970, durante la administración de Luis Echeverría Álvarez— ha dejado de existir, y en su lugar se ha instalado el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). No se trata solamente de un cambio de nombre, o de la inclusión de una “H” que reivindique a las humanidades, como se ha insistido, sino que en realidad se trata de la destrucción de una institución que se creó para fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico —el Conacyt—, y la fundación de otra entidad distinta, que tiene como objetivo precisamente el opuesto: desincentivar la realización de ciencia y la generación de tecnologías —el Conahcyt—, pues este ahora se encuentra en las manos de los políticos, militares y administradores públicos en turno, cuya toma de decisiones siempre está motivada por intereses electoreros, y su conocimiento y visión respecto del estado y avances de la ciencia y la tecnología dista mucho del óptimo para construir la agenda nacional que México requiere en estas materias.
Como se advirtió en repetidas ocasiones por varios legisladores de la oposición y por la comunidad académica de todo el país, la LGHCTI será impugnada desde varios frentes y por numerosas razones. En los días próximos —quizá en esta misma semana— los representantes populares podrían ingresar un recurso de inconstitucionalidad contra todo el paquete de leyes que se aprobaron en la Noche Triste de Xicoténcatl, incluida ahí la LGHCTI. Mediante tal recurso, se espera lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide todo lo aprobado aquella noche del 28 al 29 de abril, al aplicar un idéntico criterio al que le llevó a declarar la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado Plan B electoral.
Por su parte, una gran cantidad de académicos que laboran a lo largo y ancho del país, tanto en instituciones de educación superior y universidades públicas y privadas, y también en centros públicos de investigación, habrán de interponer una catarata de amparos colectivos e individuales para protegerse de la aplicación de la LGHCTI. Aunque estas demandas podrían tomar varios meses en resolverse de manera definitiva, es muy probable que en el corto plazo logren acumular un buen número de suspensiones provisionales contra la aplicación de LGHCTI, incluso antes de que esta pudiera declararse invalidada por la SCJN.
Aun así, el escenario más probable sugiere que en los dieciséis meses que le restan a la administración federal actual la ciencia y la tecnología en México vivirán entre dos mundos paralelos: el que el gobierno pretende dibujar en el imaginario colectivo a través del nuevo Conahcyt, y el de la realidad, en el que los científicos y tecnólogos de México tendrán que destinar todo su tiempo y esfuerzo a luchar contra un marco legal que se considera injusto, autoritario y retrógrada, en lugar de impulsar la ciencia y la tecnología en beneficio de México. Los mexicanos más preparados y capaces se verán obligados a gastar sus jornadas y energía en los juzgados y las calles, para intentar arrancarse la mordaza y zafarse del yugo que se les pretende imponer con la LGHCTI, en vez de experimentar en sus laboratorios y esparcir su conocimiento en la formación de las nuevas generaciones de científicos. Tal es el peor desperdicio de recursos que una nación puede hacer.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
