Entre el martes 25 y el sábado 29 de abril pasado, las fracciones oficialistas en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión aprobaron un paquete de numerosas reformas legislativas, entre las que se encontraba la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic), redactada por la titular del hasta ese entonces llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y sometida a la Cámara de Diputados en diciembre del 2022 por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
La pieza legislativa es el producto del resentimiento, la sed de poder y la profunda ideologización de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, y logró convertirse en ley tras su entrada en vigor el pasado 9 de mayo, gracias al incumplimiento de diversos acuerdos por parte de los diputados y senadores de la alianza gubernamental; entre otros, la cancelación de cinco foros de parlamento abierto, el mínimo de siete que se habían comprometido a realizar en las Comisiones Unidas de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la cámara baja; así como múltiples violaciones al proceso legislativo, como la ilegal convocatoria a sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología realizada por el senador Gilberto Herrera Ruiz —exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro—, su realización sin alcanzar el quorum necesario, o la ausencia del dictamen correspondiente.
Como lo alertó desde muchos meses antes la comunidad científica que se dio a la tarea de analizar la llamada Ley Buylla, la iniciativa tenía serias deficiencias que podían impactar negativamente en distintos programas de apoyo a la realización de investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento especializado, pues, a pesar de que se aseguraba que protegería el derecho humano a la ciencia, en realidad no incluía metas concretas, objetivas ni medibles para ello.
Luego de dos meses transcurridos desde la fatídica Noche Triste de Xicoténcatl, la del 28 al 29 de abril, la titular del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ha apresurado la implementación de todo lo estipulado en la Ley Buylla; desde los cambios cosméticos, como la inclusión de la “H” en el acrónimo del otrora Conacyt, hasta la integración de la nueva Junta de Gobierno, en la que ya ocupan sus asientos los representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, pero también algunos académicos incondicionales.
Con tal implementación de la Ley Buylla, la titular del Conahcyt también ha comenzado a evidenciar todos los vicios ocultos en esta legislación. Por ejemplo, en días recientes muchos estudiantes que solicitaron y obtuvieron su aceptación a posgrados que antes pertenecían al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y por ese solo hecho tenían derecho a recibir una beca de escolaridad y manutención del extinto Conacyt, han recibido cartas del nuevo Conahcyt en las que les notifican que, bajo los criterios establecidos en el flamante Sistema Nacional de Posgrado, ya no resultan sujetos de dicho beneficio.
Esgrimiendo como supuestos argumentos algunos pretextos, como el de que las instituciones que ofertan esos programas son privadas, o que los programas mismos no se encuentran considerados dentro de la lista de las áreas del conocimiento prioritarias para México, muchos estudiantes mexicanos serán ahora discriminados, tal y como se advirtió que sucedería de permitirse que la Ley Buylla fuera aprobada sin que antes le fuera incorporada la obligación de ofrecer las becas sin distingos ni limitaciones de cualquier índole subjetiva o ideológica.
Algunos colectivos, como Ciencia Plural Mx, han promovido amparos contra la aplicación de la Ley Buylla en prácticamente todas las entidades federativas que, aunados a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los legisladores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera sirvan para invalidar este nuevo marco legal, pero mientras esto sucede habrá cientos de jóvenes cuyas carreras profesionales resultarán afectadas irremediablemente.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
