Durante las varias décadas en que México favoreció la implementación del llamado “modelo neoliberal” para dirigir su economía, nuestro país creció anualmente un 2 % en promedio. A pesar de que dicha tasa de crecimiento era claramente insatisfactoria —pero aun así cuatro veces mayor al magro 0.4 % anual que promedia el crecimiento económico en lo que va del presente sexenio—, esta nos permitió posicionar en el mundo a nuestra economía como una suficientemente sólida y confiable, que motivó a muchas empresas transnacionales para venir a nuestro territorio a instalar sus plantas de manufactura e, incluso, algunas de ellas decidieron hace algunos lustros traer sus laboratorios de investigación y desarrollo (I+D); decisiones que siguen cristalizándose hoy en día.
Por supuesto, además de esta consistencia en el crecimiento económico y muchos otros factores, como la disponibilidad de talento, etc., las empresas que decidieron mudar sus unidades de I+D a México tomaban en consideración los apoyos fiscales que el gobierno mexicano brindaba, en particular aquellos dirigidos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, que son el pilar de la innovación, única capaz de generar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo.
En este sentido, no sólo habría que tomar en cuenta la reducción en las tasas impositivas para este tipo de actividades, o los subsidios que podían reclamarse por el destino de utilidades para financiar proyectos de I+D, entre otros, sino también los instrumentos de fomento a la innovación, como el Programa de Estimulo a la Innovación (PEI), que se operaba desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) —sin la “H”—, y mediante el que se buscaba estimular la vinculación de academia e industria para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a avanzar en sus niveles de desarrollo y competitividad.
Aunque en los años recientes el PEI fue blanco de descalificaciones infundadas emitidas por parte de las autoridades federales, que se usaron de justificación para que su operación fuera cancelada por el Conacyt, la realidad es que este tipo de programas, con las adecuaciones respectivas, son muy utilizados en las economías más grandes y desarrolladas del orbe, pues en ellas su efectividad para incentivar la I+D que alimenta la innovación ha quedado demostrada durante décadas. Cuando las empresas invierten en I+D tienen más probabilidades de innovar, y con ello obtener ventajas competitivas que les dan acceso a participaciones de mercado mayores e incrementan sus ganancias. Al obtener más utilidades, las empresas pueden contratar más empleados, pagarles mejor y tributar en mayor cantidad al erario, con lo que los gobiernos tienen más recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones de garantizarle a los ciudadanos servicios de calidad en materias de seguridad, salud, educación, sanidad y pagar los programas sociales.
Un caso ejemplar de esta lógica son los programas fiscales de apoyo a la innovación que funcionan desde hace décadas en el Reino Unido, y que ahora han recibido un ajuste para volverlos más eficientes. En el archipiélago, que es una de las economías más atractivas del orbe para realizar I+D, los créditos fiscales introducidos a inicios de este siglo estimulan a las compañías a invertir en innovación porque les permiten recuperar una parte de sus costos de I+D en caso de que lleguen a tener pérdidas en el año fiscal correspondiente, o les dan acceso a una tasa impositiva reducida cuando resultan con ganancias en el mismo periodo.
Conforme a la reciente mejora, a partir de este año, el denominado Crédito al Gasto en Investigación y Desarrollo —RDEC, por Research and Development Expenditure Credit— les permitirá a las grandes firmas deducir hasta el 20 % de lo que inviertan en I+D, con lo que se espera volver más atractiva a la economía británica para recibir centros de I+D de las empresas transnacionales. Al mismo tiempo, el gobierno de Londres ha ajustado a un máximo de 86 % el límite para el porcentaje de los gastos en I+D que pueden ser deducidos por las Mipymes. Este es, sin duda, el sentido correcto en el que deberíamos movernos en México para fomentar la I+D.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
