En 2015 México firmo el Acuerdo de Paris junto a otras muchas naciones, comprometiéndose a reducir de manera sustancial sus emisiones de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero causante del incremento de la temperatura promedio mundial. En ese entonces nuestro país estableció como meta una disminución del 22% para la liberación a la atmósfera del bióxido de carbono; misma que podría incrementarse hasta el 36% de reducción para el caso en el que nuestro gobierno llegase a contar con apoyos y financiamientos externos.
Sin embargo, luego del 2018 las políticas ambientales y energéticas implementadas por el gobierno federal de México han ido precisamente en el sentido opuesto al que podría acercarnos a las metas comprometidas. El fomento a la utilización de combustibles fósiles, como el combustóleo, para la generación de electricidad, en detrimento inversamente proporcional al impulso de proyectos eólicos, geotérmicos, solares o mareomotrices, ha comprometido casi irreversiblemente cualquier posibilidad de adecuar nuestro portafolio energético de manera que pudiéramos aproximarnos siquiera al objetivo más conservador de los planteados en Paris.
Quizá el gobierno mexicano apostó a que la política del cuadragésimo-quinto presidente de los Estados Unidos de América iba a permanecer otros cuatro años y con ello arrebataría los reflectores internacionales a lo que ocurriría en este ámbito en México durante todo el sexenio. Pero la situación cambió en dos actos; el primero fue la llegada a la Casa Blanca de un presidente abiertamente a favor del cuidado al medio ambiente, que no sólo reasumió el compromiso estadounidense ante los signatarios del Acuerdo de París, sino que, dados los recientes hallazgos informados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático —el segundo acto—, ha revigorizado el impulso mundial de diversas medidas ambientalistas.
Una de estas medidas es la inminente entrada en vigor del impuesto internacional a las emisiones de dióxido de carbono. Esta tasa impositiva, que ha flotado en las varias reuniones de líderes del mundo como las del G7 o G20, deben rápidamente aterrizar para detener la tendencia que nos llevaría a una ruta sin retorno hacia la catástrofe ambiental tan pronto como en esta misma década. Es por ello por lo que se espera que este impuesto al carbono quede acordado y entre en operación ya tras la próxima reunión del G20, situación que dejaría a México en una posición extremadamente comprometida ante el mundo entero y de suma desventaja frente a nuestros competidores en los distintos bloques comerciales del orbe.
Previendo lo anterior quizá, es que han comenzado a surgir voces desde distintas dependencias federales, que intentan protegerse de lo que se convertiría en una verdadera olla de presión para nuestro país, ante la eventual entrada en vigor del impuesto al carbono. En julio de este año la delegada por México ante la reunión del G20 de Medio Ambiente y Energía comenzó a justificar el casi seguro incumplimiento de México, arguyendo que la debacle económica agudizada a partir de la sindemia provocada por la covid-19 en nuestro país, le impediría al gobierno nacional destinar los recursos necesarios, y que éstos sólo podrían reasignarse a la lucha contra el cambio climático una vez que la contingencia sanitaria terminase.
Pero para las delegaciones mexicanas que asistan a la próxima cumbre del G20 y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021, mejor conocida como COP 26, que respectivamente tendrán lugar en las postrimerías de octubre e inicios |de noviembre, servirá de pocoanteponer las afectaciones económicas originadas por el SARS-CoV-2. Sobre todo, porque México no fue el único país golpeado por esta enfermedad, pero sí ralentizó y hasta suprimió la implementación de las estrategias convenidas para el aumento de la generación de energía a partir de fuentes limpias. Este parece ser un buen momento para que México deje de intentar cubrir el Sol con el dedo y prepare propuestas viables con las que logre obtener financiamiento internacional para poner urgentemente en marcha programas de economía verde y circular, y generación de energías limpias.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
