Los cinco años que han transcurrido del presente sexenio se han convertido en la peor pesadilla para la comunidad científica mexicana, muy probablemente desde que México instauró su política pública en materia de ciencia y tecnología, la que, luego de algunas décadas, dio lugar a la creación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conacyt), el 29 de diciembre de 1970. No sólo se le ha vilipendiado, denigrado y estigmatizado, sino que se han ido eliminando uno a uno todos los mecanismos de promoción y fomento a las distintas actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico: los fideicomisos para ciencia y tecnología; el otorgamiento de becas de posgrados orientados a formar especialistas de alto nivel; la repatriación de investigadores jóvenes educados en el extranjero; y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mediante el que los científicos en México alivian un poco su precario ingreso.
Si bien la debacle en todos los programas referidos ya era hasta obvia, la situación se ha agravado considerablemente desde la promulgación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) —mejor conocida entre la comunidad académica mexicana como la Ley Buylla, por haber sido la actual titular del Conacyt quien elaboró la iniciativa entregada luego por el primer mandatario a la Cámara de Diputados— en mayo pasado, pues la directora general del Conacyt ha acelerado la marcha para imponer todos sus anhelos autoritarios y su ideología en los sesgados programas con los que ha reemplazado al SNI, al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y demás, para convertirlos en mecanismos para crear clientelas electorales y herramientas para la coerción; esto incluso a pesar de que la titular de la dependencia estaría incurriendo en desacato al desatender las órdenes de suspensión presuntamente emitidas.
Muestra de esa embestida destructiva se publica este miércoles 16 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se dan a conocer los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados del recientemente rebautizado como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Desde su primer artículo, en el Capítulo I de Disposiciones Generales, dichas directrices discriminan entre instituciones públicas y privadas, al enfatizar que la organización de los programas de estudios de posgrado que serán reconocidos por la unidad administrativa competente de la Secretaría de Educación Pública, y a partir de la que podrán ser incluidos en el Sistema Nacional de Posgrados del Conahcyt, dependerá de la “naturaleza pública o privada de la institución” que los imparta.
Esta discriminación es indeseable, inapropiada, inexplicable y, sobre todo, violatoria de los derechos humanos más fundamentales; sin embargo, es igual de lamentable que lo que se plasma en el resto del articulado; por ejemplo, lo que se señala en el artículo siete del Capítulo II, relacionado con el registro y la clasificación de los programas de estudio de posgrado. Ahí, además de la división entre públicos y privados, se les otorgan categorías distintas a los programas “orientados a la investigación”, de los denominados profesionalizantes; quizá pretendiendo con ello que los estudiantes elijan desde el inicio si realizarán su carrera en la academia o en la iniciativa privada, cuando esta decisión depende de muchos factores.
Igual de sorprendente es que, aunque sin mencionarlo explícitamente, en el DOF la categorización establecida incluye la posibilidad de que la dependencia encargada de fomentar la ciencia y la tecnología ahora podrá también otorgar becas para estudios en los campos del arte y la cultura; áreas que deberían ser fomentadas y financiadas por la Secretaría de Cultura, quizá a través de organismos como el desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuya inclusión contrasta con la casi nula prioridad que se le da a las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas en el mundo con gran énfasis, como: inteligencia artificial, computación cuántica, energías limpias o biotecnología. Y todo esto sin contar con que el otorgamiento de becas estará sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
