Una de las suspicacias que nació en 1989 fue que Ignacio Morales Lechuga había negociado con José Antonio Zorrilla Pérez que se entregara a cambio de respetarle sus riquezas. Esa duda que guardó este reportero le fue respondida 32 años después, verbal y voluntariamente, por el exprocurador del Distrito Federal, pero no publicó nada de lo dicho por falta de documentos.
Empero, esa sospecha fue diluida parcialmente hace unos días por la revista Proceso con otro trabajo de sus estándares originales de calidad periodística. El 21 de septiembre de 2023 difundió una acuciosa indagación de Diana Lastiri en documentos oficiales del Archivo General de la Nación, indicativa de que el exprocurador del Distrito Federal remitió oportunamente un informe a la Procuraduría General de la República (PGR) con pruebas de que Zorrilla Pérez había amasado “una fortuna de miles de millones de pesos, entre casas y terrenos, cuentas bancarias e inversiones por todo México, Estados Unidos, Canadá y Alemania”.
La duda
José Antonio Zorrilla Pérez, quien fuera el último y más poderoso jefe de la Dirección Federal de Seguridad, se entregó el 14 de junio de 1989 al entonces procurador capitalino Ignacio Morales Lechuga en Paseo de la Reforma 2570, casa 79.
Zorrilla huía de seis acusaciones que le documentó el fiscal especial Miguel Ángel García Domínguez: autoría intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía Tellezgirón ocurrido en 1984, autoría intelectual del homicidio del policía investigador José Luis Esqueda Sánchez, acopio de armas y cartuchos reservados para uso de las fuerzas armadas, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio y actividades contra la salud por narcotráfico.
Meses después, una crónica de las investigaciones del Caso Buendía y el papel de Zorrilla Pérez fue publicado en forma de libro en 190 páginas (Zorrilla, el imperio del crimen, Edit. Planeta, 1989). Casi inmediatamente después, Federico Gómez Pombo, asistente de confianza de Morales Lechuga, buscó al reportero autor del libro para decirle: “el procurador está muy molesto por lo que dices de él”.
Es que allí se reportaron hechos y dudas de las detenciones y se demandaban esclarecimientos. Dos ejemplos:
La detención peliculesca de Zorrilla el 14 de junio, cuando se introdujo como personaje protagónico el procurador del Distrito Federal y que motivó –también encargó—narraciones periodísticas rebosantes de suspenso y heroicidad, pero también conjeturas de que allí hubo arreglos no explicados.
También se reprodujeron los amagos de Morales Lechuga a Zorrilla al momento de su detención: “… ¡nada de andar publicando documentitos, eh, Toño! Nosotros te garantizamos un proceso apegado a la ley y la seguridad de tu familia”.
Se avivaron las conjeturas: ¿Qué negoció Morales Lechuga para que se entregara Zorrilla? ¿Cómo garantizarían la seguridad de su familia? ¿Le respetarán todos sus bienes? Eso fue lo que molestó entonces al procurador capitalino, pero no lo aclaró públicamente.
Información verbal
El 10 de octubre de 2022 (32 años después) el reportero autor del libro tuvo que acudir a hacer un trámite a la notaría de Morales Lechuga. Con comedimiento fue invitado a tomar un café con el notario y con Gómez Pombo de testigo. Hablaron libremente de las sentencias y de la prisión domiciliaria de Zorrilla desde 2013.
Casi al final de la charla franca el reportero recordó la duda, aún sin respuesta pública: ¿Pactó con Zorrilla respetarle sus bienes a cambio de entregarse?
Morales Lechuga sonrió al decir: –Claro que no–. En cambio preguntó si se sabía de las cuentas bancarias que le detectaron a Zorrilla en Estados Unidos y Europa. Mencionó varias cantidades millonarias y aseguró que lo había consignado a la PGR. El reportero lo ignoraba, pero, sin documentos que probaran los dichos, mantuvo la duda.
El trabajo de Proceso
Y el 21 de septiembre de 2023 la conjetura del reportero se disolvió parcialmente al leer con la firma de Diana Lastiri en la revista Proceso la investigación periodística con el título:
Enriquecimiento ilícito, acopio y tráfico de armas, los otros delitos del asesino de Buendía, y se cita como fuente el informe que la PGJDF entregó a la PGR el 18 de junio de 1989, cuatro días después de la detención de Zorrilla.
Y en el sumario del reportaje se asentó:
El expediente Buendía, entregado por el Centro Nacional de Inteligencia al Archivo General de la Nación, da cuenta que José Zorrilla amasó una fortuna de “miles de millones de pesos”, entre casas y terrenos, cuentas bancarias e inversiones por todo México, Estados Unidos, Canadá y Alemania.
De los datos referidos por la investigadora se encuentran lo que Morales Lechuga había platicado antes al reportero y sobresalen los siguientes:
En 1984 Zorrilla declaró ingresos por cuatro millones 91 mil pesos, inversiones por 191 mil pesos y deudas de dos créditos hipotecarios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Banobras, por 495 mil pesos.
Para 1985 el exdirector de la DFS vendió su casa en la Campestre Churubusco, por siete millones y medio; declaró sueldos por cuatro millones 246 mil pesos e intereses por tres millones 750 mil pesos.
Pero, ese año sumó otros ingresos por 15 millones 496 mil 400 pesos; inversiones en Banobras, Banco Internacional y Banca Confía, por nueve millones 729 mil pesos, y sus deudas con el ISSSTE y Banobras ya eran por 305 mil 56 pesos.
De una “relación de propiedades”, que se había encontrado al catear la casa de Zorrilla en avenida Reforma, la reportera de Proceso describe más de 20 bienes:
… la casa de Paseo de la Reforma y 13 lotes en el Fraccionamiento Lomas de las Palmas en el Estado de México; tres lotes en Colinas del Sur, en el Distrito Federal; una casa en Los Tabachines, Cuernavaca; otra en Teololco 320, en el Pedregal de San Ángel; tres lotes en el Fraccionamiento San Juana, otro en Paseos de Taxqueña, uno más en Portales, un lote en División del Norte y otro en Tlalpan.
El listado incluyó un condominio en el Fraccionamiento El Conquistador en Cuernavaca, otro en la zona hotelera de Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, y uno más en la zona residencial de Cancún, Quintana Roo.
También una casa campestre en Avándaro, dos terrenos en el Pedregal de San Ángel, un terreno en un “lujoso” fraccionamiento de Guadalajara, Jalisco; varios terrenos en Palmira, Cuernavaca, municipio en el que también tenía un terreno en la zona residencial de Los Limoneros; un terreno en Zapotlán, Hidalgo, y una exhacienda en Atotonilco; dos terrenos con caballerizas en el Ajusco, con una extensión de 36 mil metros; dos terrenos en Tizayuca, Hidalgo, otro en Huejutla y un condominio en Campos Elíseos, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
En el extranjero tenía propiedades en La Joya, Cal., una propiedad en Houston y otra más en Horse Shoepday (sic), señala el documento que detalla lo asegurado durante el cateo de la casa de Zorrilla.
Según los documentos, Zorrilla era accionista de la empresa Constructora e Inmobiliaria Zoma; del Grupo Autotransportista Tusac, que integra 32 compañías; socio mayoritario del Grupo Agropecuario San José; socio y administrador único de Bienes Raíces Prado Sur, S.A.
En otro portafolios las autoridades hallaron una membresía de condominio compartido internacional, con un valor de 44 mil 734 dólares, adquirida en el año 1988.
Fueron localizados documentos sobre cuentas en el Frost National Bank de San Antonio, Texas; el Israel Discount Bank of New York; en el Bank One of Texas; en el First National Bank en Woodlands, Texas; en el Deustche Bank en Munich Alemania Federal, donde realizó depósitos por aproximadamente dos millones de marcos alemanes; una cuenta en el Bank of Montreal en Canadá; vínculos con The Union National Bank of Laredo; San Diego Federal American Bank of Commerce; Credit Commercial de France; Ultimate Bank King; Alamo Bank y City Bank Preferred Visa.
En su portafolios se encontraron cheques de viajero por ocho mil 200 dólares, así como un cheque personal en blanco de su cuenta en el Deutsche Bank.
Las autoridades comprobaron que Zorrilla realizó tres depósitos de 500 millones de pesos cada uno entre septiembre y diciembre de 1988 a cuentas de Banamex, Bancomer y Banco Mercantil, en este último banco también se realizaron otros depósitos por 350 millones de pesos.
En Banco Internacional, Zorrilla tenía una caja de depósito y en Banamex recibió depósitos por cerca de 238 millones de pesos a nombre de Moisés Uribe López, utilizado por el mismo exfuncionario como una especie de prestanombres ilegal.
Para preparar su posible huida en el caso de ser descubierto en su posible participación en el homicidio de Manuel Buendía, señaló la PGJDF.
También fueron realizados depósitos en Bancomer a nombre de Marisela Ruvalcaba y Zorrilla por 35 millones de pesos.
Así, tuvieron que pasar 33 años para que una de las suspicacias del Caso Buendía se disolviera parcialmente por el trabajo investigativo de una profesional de la revista Proceso.
Empero, la suspicacia se encaminó hacia la Procuraduría General de la República de 1989, dirigida por Fernando Antonio Lozano Gracia hasta el 30 de noviembre de 1991. ¿La PGR le respetó sus bienes a Zorrilla a cambio de su silenció? Nunca se informó oficialmente.
La opacidad o sigilo de muchos servidores públicos niega el derecho a saber de la población, pero también por deficiencias profesionales de periodistas que se guardan las pistas, suspicacias o conjeturas en lugar de investigarlas, como le ocurrió a este reportero.
