En lo que va de 2024 han sido asesinadas once personas vinculadas con la militancia partidista y/o con las elecciones del próximo 2 de junio.
De acuerdo con investigación de la organización Data Cívica, las víctimas de violencia político electoral “aumentaron 235.7 % de 2018 a 2023”.
La importancia de la elección
De acuerdo con el Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024, elaborado por Integralia Consultores, que dirige el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, “el crimen organizado intervendrá –como nunca antes– en las elecciones locales de 2024”.
Las razones de esta afirmación se consignan en el mismo documento: porque hay una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado, por la proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y por la mayor cantidad de presidencias municipales en disputa.
Dicho en otros términos, los grupos delincuenciales tienen “mucho interés” en influir en las elecciones para tratar de definir a las nuevas autoridades, a fin de que estas les permitan iniciar, continuar o acrecentar sus actividades ilícitas.
Dos factores se agregan para definir qué entidades del país son las que tienen mayor riesgo de conflicto de este tipo: tener un Estado de derecho débil y municipios clave para la delincuencia organizada.
De esta manera, y de acuerdo al documento citado, las entidades que tienen un riesgo muy alto de que haya violencia o conflicto en el proceso electoral o el día de las elecciones son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.
El segundo bloque de entidades peligrosas, calificadas por Integralia Consultores con “riesgo alto”, son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
Suman 18 de los 32 estados del país en los que las elecciones están en riesgo por la delincuencia organizada, algo nunca antes visto en México.
El problema se agranda si volteamos a ver a las autoridades gubernamentales, las instituciones judiciales o las policiales, y observamos que poco o nada han hecho o están preparando para frenar esta situación que amenaza con invadir todo el territorio nacional.
Y como esta condición pareciera ser que se mantendrá inercialmente, entonces no es difícil referir que muy pronto el crimen organizado podría tener todo el territorio mexicano en disputa y en medio de la violencia.
¿Por dónde empezar?
En la política mexicana, entre los gobernantes, existe una especie de acuerdo no escrito que consiste en negar la violencia, responsabilizar a las entidades vecinas y en acusar al gobierno federal, al estatal o a los municipales, según el caso, de no hacer bien las cosas.
Incluso, hay quienes afirman que los criminales y las víctimas “eran de fuera” que “no vivían aquí”.
Cualquiera de estas expresiones pretende minimizar la delincuencia y aparentar que en esa zona o entidad “no pasa nada”.
Sin embargo, el camino para comenzar a resolver esta situación va en sentido contrario.
El análisis de Integralia Consultores sugiere tres pasos a dar.
Primero, que todos los niveles de gobierno reconozcan que el crimen organizado “manda en varios territorios e incluir dicho problema, en esos términos, dentro de sus agendas”.
Segundo, que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de “combatir a los grupos criminales con eficacia, no sólo a través del fuerza militar, sino también cortando todas sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándole sus bases sociales”.
Tercero, “desalentar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Para esto, se requiere flexibilizar la carga de la prueba de anulación de elecciones”. Así, todo indicio de intervención del crimen derive en una investigación de oficio de las autoridades electorales.
Lamentablemente, estos tres pasos se les complican a los gobernantes.
Juan José Arreola de Dios
Periodista/Comunicación política
Twitter: @juanjosearreola
