REDACCIÓN/LALUPA.MX
De puño y letra, en una carta escrita a mano, María Guadalupe Fernández de Urquiza, “Doña Pita”, rompió el silencio para aclarar la controversia en torno al rancho El Salto. En el documento, certificado ante notario, la mujer de 81 años, heredera única y universal, destacó que este conflicto tiene su origen en una disputa familiar por la herencia de su esposo, Agustín Urquiza Fernández, y no en una operación promovida por terceros, como ha sostenido su nieta Pamela, quien responsabilizó directamente al exgobernador Francisco Domínguez.
Al aclarar que guardó silencio porque esperaba resolver “nuestras diferencias en privado”, subrayó que “ante lo que se ha dicho públicamente en estos últimos días, hoy me veo en la necesidad de expresarme: mi esposo Agustín dispuso en su testamento que yo fuera su heredera universal. Lo único que he pedido desde entonces es que se respete su voluntad y se respeten mis peticiones”.
Al dirigirse directamente a su nieta Pamela, Doña Pita señaló que “no es correcto faltar a la verdad. Tú, tu propio papá Agustín y tu tío Julián me despojaron de mi rancho con actos fraudulentos, de tal manera que ni mis cosas personales he podido sacar”. Reiteró que este es un conflicto familiar y consideró irresponsable “involucrar y acusar a terceras personas que no tienen nada que ver con este asunto”.
Añadió que espera que este problema familiar pueda enmendarse “si todos están dispuestos a corregir lo que hicieron mal. Como madre y abuela sólo pido algo muy sencillo: que se respete la voluntad de mi esposo, que se respeten mis decisiones y sobre todo, que nadie hable por mí”, finalizó.
A través del despacho DeForest Abogados, se puntualizó que el conflicto del rancho no responde a un despojo de terceros, sino que Agustín N, hijo de Doña Pita y entonces albacea de la sucesión, donó El Salto a su hija Pamela y a su hermano Julian N. sin autorización. Los abogados de Doña Piña sostienen que el albacea excedió sus atribuciones al realizar un instrumento sin validez para esa donación.
El equipo jurídico subrayó que la obligación del albacea era administrar y proteger los bienes en favor de la heredera universal, no disponer de ellos, por lo que Doña Pita acudió a las autoridades para impugnar la donación y reclamar el patrimonio, lo que derivó en un juicio civil y en investigaciones penales que todavía no concluyen.
Asimismo, se insistió en que El Salto y La Haciendita son propiedades distintas, ya que esta última no forma parte de la sucesión ni del inmueble que se discute ante los tribunales. Ante las afirmaciones de que se le manipuló para iniciar los procedimientos legales, Doña Pita sostuvo que acudió a los tribunales por voluntad propia y a ella la acompañan el resto de sus familiares.
