REDACCIÓN/LALUPA.MX
Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que propone actualizar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia ambiental, la cual será enviada a la Cámara de Diputados.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que esta nueva Ley es indispensable, ya que el planeta enfrenta nuevos desafíos ambientales. Se actualizará la ley de 1988 y creará una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.

Detalló que esta nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental brinda herramientas novedosas para atender los retos ambientales; da certeza jurídica a las comunidades e inversiones; integra avances científicos, de innovación y tecnológicos con los saberes ancestrales; además de que fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana.
A su vez, busca un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños; asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental; evita daños ambientales y protege los derechos de personas y comunidades; responde al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación que afectan los medios de vida de los pueblos; fomenta el reciclaje; hace la paz con ríos, barrancas y playas; protege especies emblemáticas y promueve la recuperación ecosistemas.

Destacó que esta iniciativa de Ley General se basa en 10 principios:
- El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
- No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
- Prevenir antes que reparar.
- Conservar y restaurar para construir futuro.
- Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
- Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
- Propiciar una cultura ambiental.
- De una economía que desecha a una economía que aprovecha.
- Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
- Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.



