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Durante la mañanera del miércoles 4 de agosto, el periodista Luis Guillermo Hernández cuestionó:
—Quiero preguntarle qué política pública plantea su gobierno para contrarrestar este fenómeno de la desinformación y tergiversación de las noticias. No hemos visto de su parte una política pública que plantee cómo contrarrestar este asunto. Un dato solamente para argumentar: hace unas semanas, ustedes presentaron una gráfica de cuáles son los medios que más mienten y más hablan negativamente de su gobierno, y mencionaban a El Universal, Reforma, TV Azteca y Radio Fórmula. Casualmente, esos medios son los medios que más reciben recursos de su gobierno, señor presidente. Medios que, a pesar de la reducción del 80 por ciento de publicidad oficial, aún reciben la mayoría de los recursos que su gobierno destina para ese rubro. ¿La sociedad mexicana cómo se enfrentará a esa infodemia si su gobierno no plantea una salida válida para ese fenómeno?
El interrogante era esencial porque, ciertamente, en su campaña presidencial el morenista había hablado de un equilibrio, por fin, en esta —por largos años injusta— repartición publicitaria, entregada a modo según los intereses, conveniencias o amistades de la clase política en el poder, mas, a tres años de su gestión administrativa, este rubro en efecto ha sido inadvertido o, sencillamente, pasado por alto provocando no sólo alterados disgustos de los que antes, convencionales o acomodaticios, vivían cobijados millonariamente por el Estado o inmoderados desconciertos de los que aún, trabajando con honorabilidad, son (¿malignamente?, ¿arbitrariamente?, ¿parcialmente?, ¿ingratamente?, ¿ignaramente?) despreciados —por no decir rechazados, desplazados o desclasificados, como en los anteriores sexenios— al no ser ni siquiera admitidos, en una especie de racismo politizado, en las recepciones de espera regulando con ello, acaso no queriendo, la sobrevivencia de los vecinos aceptados y la caída de los habitantes incomodados o resueltamente mal acogidos, porque la libertad de expresión en México siempre ha sido subvencionada, no regida por la autonomía: un periodista puede ser independiente, no así la prensa, de manera que el cuestionamiento de Luis Guillermo Hernández era, es, legítimo, o sumamente válido, en su indudable interés periodístico.
[Ahora se discute el término “periodista independiente” porque se aduce que se ha malbaratado, ya que hasta el periodista más expuesto a sus propias argucias se dice “independiente” obviamente no siéndolo, por eso hoy empieza a rolarse el adjetivo “periodista libre” para diferenciarse del “periodista independiente” aunque ambas adjudicaciones caigan en el pantanoso orbe de las volubles o ambiguas calificaciones ya que desde un Joaquín López-Dóriga hasta un Juan Francisco Ealy Ortiz se dicen, con firmeza en la voz, “independientes” lo mismo que un Messi o un Canelo Álvarez se nombran “agentes libres” evidentemente no siéndolo pues su objetivo básico no es sino la acumulación económica a partir de sus propias definiciones libertarias… ¡Carlos Denegri se decía periodista independiente para poder llevar a cabo sus cohechos informativos!, de modo que aquí el problema no es la adjetivación sino la identidad que se asuma para protagonizarla, donde la ética —que no se visualiza de súbito como sí puede ser denotada una supuesta independencia— juega un papel señero en la vida interior de un periodista.]
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La respuesta de López Obrador es la siguiente:
—La política que tú estás demandando con argumentos se ejemplifica en lo que hacemos todos los días: esa es la nueva política de comunicación… que podamos ejercer nuestro derecho de réplica y que, sin censura, podamos hacer un análisis del manejo de la información, respetando la libertad de todos. Esto es importantísimo porque ya no hacen el mismo daño que antes hacían cuando sólo ellos hablaban y opinaban… cuando tenían el monopolio de la palabra. Ahora no, ahora todos podemos hablar, expresarnos y manifestarnos.
Está en lo cierto el presidente cuando afirma acerca del monopolio de la palabra, pero me parece que yerra al afirmar que “ahora todos podemos hablar, expresarnos y manifestarnos” porque debe saber que una cosa es la opinión de quien no vive del periodismo y muy otra del que está sujeto a su oficio para mantenerse a diario, de ahí la importancia de una ley que oficialice la distribución publicitaria del gobierno ya que, sí, debiera ser un derecho acceder a estos honorarios aunque los posibles beneficiarios no pertenezcan a los emporios consabidos como El Universal o Reforma, tal como dijo Luis Guillermo Hernández, medios que, aun irascibles por haber sido despojados, según ellos, de la catarata económica que se merecen, continúan recibiendo millones de pesos de un gobierno que, contra su promesa originaria, prosigue alimentando a la prensa, aun con menos recursos, de modo desequilibrado.
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López Obrador confía en sí mismo no percatándose de que en su disyuntiva confunde, a veces, gimnasia con magnesia porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, un opinador que un periodista:
—Todos, porque si hay 50 millones de usuarios de Internet, ¡todos pueden opinar! Por eso hablo de las benditas redes sociales y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente; no se deja de tener publicidad porque se requiere, pero nada que ver con lo entregado anteriormente.
El periodista Luis Guillermo Hernández vuelve a concentrarse debidamente en otra pregunta:
—La ley de publicidad oficial es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Peña Nieto, una ley que, en términos llanos, es muy discrecional… ¿por qué no promover una nueva regulación que imponga criterios más efectivos u obligue a los medios a garantizar la pluralidad informativa y el derecho a la información de la sociedad? Seguimos financiando a los medios que nos mienten y no obtenemos nada a cambio, señor presidente.
La respuesta, cándida, a continuación:
—Lo que el presidente Lerdo de Tejada decía era que “la prensa se regula con la prensa”, eso es lo que aplica… no debe haber una regulación. Debemos ejercer nuestra libertad, que haya debate y le tengamos confianza a la gente. El pueblo no es tonto.
Aunque no salga a votar por una regulación contra los actos corruptos.
El periodista insiste:
—No sé si usted esté enterado que Reforma en los últimos cinco años prácticamente ha desmantelado su aparato de redacción, más del 60 por ciento de la plantilla de Reforma desapareció… El Universal está en las mismas. Están en debacle porque la gente les ha dado la espalda: ¿qué caso tiene seguir dándoles publicidad y aire todavía?
No lo dice el periodista, pero ahora, es cierto, es más leída, por ejemplo, EnLaLupa.com que los medios citados, y eso que Jesús Ramírez Cuevas no recibe al director de este portal informativo, por eso la pregunta de Luis Guillermo Hernández conlleva una coherencia periodística que debía atenderse en estos tiempos. López Obrador responde:
—No creas… ya no hay el dinero de antes porque lo que se entregaba para publicidad se utiliza ahora para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones… ¡eso está resuelto! Nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen incienso.
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Cada cosa en su sitio debería de estar, porque si a La Jornada, por ejemplo, en 2019 se le dieron 251 millones de pesos y, en 2020, 141 millones, es decir un poco menos de 400 millones de pesos en dos años, ¿cuánto se le otorga a, digamos, Sexta W? ¿Qué diferencia los costos de este mantenimiento, por qué, cómo, para qué? Todas estas preguntas son válidas, porque en efecto la prensa tiene derecho a una obtención financiera del gobierno no porque se la merezca de antemano sino porque, sencillamente, existe un rubro que se encarga de la publicidad oficial, y al no haber una ley que lo regule, al rubro, todo hace suponer entonces que este asunto se maneja bajo sustratos discrecionales provenientes de distintas tesituras políticas. Porque nada tiene que ver, o nada tendría que ver, una beca de un estudiante de familia desprotegida con una pensión o con una publicidad oficial inserta en un medio de comunicación, pues son apartados que difieren entre sí. Ciertamente, un gobierno tiene el derecho de disminuir un presupuesto para satisfacer a otro, mas las órbitas giran en distintas circunvoluciones. Por eso la importancia de una ley para regular la distribución publicitaria federal donde podría explicarse, muy bien, por qué La Jornada recibe tanto dinero o El Universal otro tanto o por qué éste o aquél medio es ignorado, pero al no existir tal balanza reguladora, como en los sexenios anteriores, las circunstancias pueden adquirir niveles de malsana sospecha, aunque las intenciones radiquen en una nobleza política nunca antes contemplada.
[Sospecha que aprovechan asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción o Artículo 19 para enjaretar, como no lo hicieran anteriormente, sus reclamos o sus cóleras a la actual administración, siendo que, por ejemplo —como ya había yo exhibido mi estupefacción ante la sorprendente aseveración—, Artículo19 había externado su aceptación —para una revista literaria que yo dirigía en 2017— de que el gobierno le otorgara más dinero a un periódico como El Universal que a un medio como Transgresiones porque el primero requería más dinero… ¡por tratarse de un… emporio! Y si estas asociaciones se muestran ahora alteradas es porque sencillamente basan sus contrariedades por la falta de una regulación publicitaria en los medios, asunto que con facilidad se resolvería, como plantea Luis Guillermo Hernández, con una ley que, sí, sería indispensable para, de paso, hacer honorables, o democratizarlos tantito, a los medios de comunicación.]
Las palabras se las lleva el viento, no así las signaturas de la institucionalidad.
Como en el amor, la promesa se diluye si no viene acompañada de actos comprobables.
