El pasado domingo 17 de abril se demostró que en México aún tenemos contrapesos, mismos que son fundamentales para que prevalezca la vida democrática de nuestro país y que no estemos viviendo bajo la zozobra de las decisiones de una sola persona o de grupúsculos que sólo buscan sus intereses políticos en vez del bien común de todos los mexicanos.
La discusión por la reforma eléctrica fue intensa en el Congreso, fue una larga jornada, pero al final prevaleció lo que solicitamos vehementemente desde Coparmex: votar en contra de esta reforma que a todas luces hubiese afectado a la economía nacional, a las familias, al medio ambiente, a la libre competencia y a los tratados internacionales en los que México se ha comprometido. Por ello, reconocemos ampliamente el trabajo de los legisladores que votaron en contra de dicha iniciativa de reforma.
En lo personal, me parece indignante que las horas invertidas por decenas de expertos en el Parlamento Abierto que se organizó en torno a esta iniciativa, no hayan servido para nada, pues claramente no tomaron en cuenta ni una de las recomendaciones y propuestas que realizaron especialistas en el tema, así como representantes del sector empresarial y académico. En pocas palabras, se convirtió en una mera simulación; sólo les importa su visión y no hay más que eso.
En Coparmex estamos seguros que de haber atendido las propuestas realizadas en dichos foros, otra cosa hubiera sido, pues estamos convencidos que la política se trata de llegar a acuerdos basados en el diálogo, en el debate de argumentos sólidos y no en la imposición.
¿Que hay mucho que mejorar? Sí, y es necesario hacerlo ya, para que tengamos una Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, competitiva, que sea capaz de garantizar un servicio de calidad a todas y todos los mexicanos, pero no se puede hacer a través de ocurrencias basadas en ideologías obsoletas, sino en datos duros, sólidos y actuales que lleven a México a ser autosuficiente en materia energética, comprendiendo muy bien las necesidades de nuestro país.
A pesar de las descalificaciones e intentos de chantajes, 223 diputados votaron en contra de dicha iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente de la República. Les reiteramos nuestro reconocimiento, porque consideramos que ganó México. Sin embargo, será necesario mantener fuertes los contrapesos, siempre pensando en beneficio de nuestro país, pues nos preocupa que una vez desechada la reforma, el gobierno federal busque impedir la operación de los generadores de energía privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos. Por eso, hacemos un llamado a que se respete la ley.
Por otro lado, y en una especie de “revancha”, los diputados de Morena aprobaron reformas a la Ley Minera para nacionalizar el litio, pero lo que no les queda claro, es que el litio y todos los minerales son del dominio de la Nación, así lo establece nuestra Constitución en el artículo 27: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria”.
Por lo anterior, no era necesaria dicha reforma, aunque sabemos que el objetivo del presidente era lograr “una victoria” ante el fracaso que representó la no aprobación de su inicativa de reforma eléctrica. En el tema del litio, estamos a años luz de que pueda ser un tema rentable para nuestro país, pues al día de hoy, no existe producción de este mineral, por lo que su explotación empezaría de cero, lo que implicaría fuertes inversiones.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. señaló en un comunicado que para construir una minera de tamaño mediano, se requieren de 300 millones de dólares aproximadamente, aparte está la inversión necesaria en exploración e investigación. ¿Es viable este gasto para el país en un momento en el que hay otras necesidades urgentes de atender?
“Pretender que sea sólo el Estado, a través de un organismo público quien pueda llevar a cabo el aprovechamiento del litio, implicará la asignación de recursos públicos en un proyecto que por definición es intensivo en capital, de largo plazo y de alto riesgo, lo cual atentaría contra las finanzas públicas, como fue el caso de Uramex (Uranio Mexicano), que no tuvo los resultados esperados, y podría considerarse como un fracaso”, señala la AIMMGM en su comunicado.
Saque usted, querido lector, sus conclusiones.
Jorge Camacho es presidente de Coparmex Querétaro
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