La discusión sobre la reforma electoral planteada hace unos meses por el titular del Ejecutivo Federal en materia electoral y las demás presentadas sobre el tema, serán debatidas en próximos días a través de un esquema de parlamento abierto instrumentado por la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión.
A través de la Junta de Coordinación Política, integrada por cada grupo parlamentario, se aprobó en lo general que las propuestas de reforma electoral sean analizadas mediante foros en los que se privilegie escuchar directamente a las personas ponentes, plantear la exposición de argumentos, la dilucidación de aspectos técnicos o la entrega de información relevante para el proceso de deliberación legislativa.
Los foros serán instrumentados en tres modalidades: diálogos de la propia Junta, mesas en Comisiones y debates en el Canal del Congreso, que iniciarán el 26 de julio y concluirán el 25 de agosto.
Se plantea el análisis de modificaciones de fondo al sistema electoral mexicano:
En cuanto al propio sistema, se podría estar analizando lo referente a la segunda vuelta en las elecciones, la implementación de la urna electrónica y la restauración de la vicepresidencia de México, entró otros tópicos.
Respecto a las instituciones electorales, se proyectan, entre otras cuestiones, discusiones sobre la transformación del INE en INEC, así como la desaparición de los institutos y tribunales electorales locales.
En lo concerniente al sistema de partidos, se podría estar analizandolo relativo al financiamiento, a los medios de comunicación y a la fiscalización.
Por otra parte, se vislumbran discusiones en cuanto al tema de inclusión y diversidad electoral revisándose rubros como candidaturas independientes y derechos de minorías, además de la paridad de género en sistemas basados en listas de candidaturas.
Sin duda, se plantea una reforma constitucional de gran calado, basada en un total de 49 iniciativas presentadas por diputaciones de las LXIV y LXV Legislaturas, por los propios partidos políticos y el titular del Ejecutivo Federal, con eventuales cambios sin precedentes al sistema electoral mexicano, y que habrá de requerir, en términos de lo establecido en la propia norma, el voto de al menos dos terceras partes de las personas presentes del órgano reformador y la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Como autoridades electorales, nos corresponde estar atentas a lo que determine el Constituyente Permanente, mientras seguimos trabajando fortaleciendo la democracia mexicana, como ha ocurrido en Querétaro, desde hace más de 25 años.
