REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 6 de marzo de 2024.- Testimonios de víctimas expusieron supuestas irregularidades por parte del titular de la oficina del Bufete Jurídico de Gobierno del Estado en Jalpan de Serra, Pascual Vázquez Alvarado, a quien se le acusa de cobrar por un servicio gratuito y asesorar, al mismo tiempo, a partes contrarias.
Hasta el momento existen al menos dos quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y una averiguación previa ante la Fiscalía General de Justicia en el municipio de Jalpan, donde se acusa a Pascual Vázquez de utilizar información privilegiada de las víctimas para defender a los agresores.
La conducta de Vázquez Alvarado se considera un delito, según la tipificación del artículo 309 del Código Penal del Estado, que impone prisión de tres meses a 4 años, de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA) de multa, suspensión hasta tres años para ejercer la abogacía y hasta el doble a quien asista o ayude de dos o más contendientes o partes con intereses opuestos o acepte el patrocinio de alguno y acepte después de la parte contraria.
Las víctimas acusaron a Pascual Vázquez de utilizar su información para defender de manera particular a sus agresores, con el apoyo de la abogada Griselda Sierra. Ambos se presentan en las audiencias como abogados particulares y cobran por defender a los agresores, a pesar de que el cargo que Vázquez ostenta lo obliga a representar a las víctimas sin cobro alguno.
Las acusaciones indican que el titular del Bufete Jurídico Gratuito del Gobierno del estado “cobra por los servicios que brinda como servidor público, litiga como abogado particular y utiliza la información a la que tiene acceso”; por ejemplo, en uno de los casos, relacionado con violencia familiar, recomendó a la víctima dejar la casa y tratar de conciliar con el agresor.
“Estuve padeciendo violencia familiar hasta que el 11 de abril de 2023 mi expareja intentó asfixiarme. Fui con Pascual para pedirle que llevara la demanda porque solamente tenía unos días para presentarla. Él escuchó todo y cuando terminé de hablar en su oficina tenía a una persona al lado, la abogada de mi agresor, Griselda Sierra, escuchando lo que yo decía y me dijo que me podía dar el servicio pero que no sería fácil. Se le contrató para brindar asesoría gratuita, pero cobra”, explicó una de las víctimas.
