ENTREVISTA: JESÚS ARRIAGA/LALUPA.MX
FOTOS: RICARDO ARELLANO/LALUPA.MX
La Procuraduría de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del Estado de Querétaro, dependiente del DIF Estatal Querétaro, se ha convertido en un auténtico refugio. No sólo para quienes enfrentan la vulnerabilidad de la vejez, sino también para sus cuidadores; un sector que asume la enorme responsabilidad de atender a un ser querido o paciente, desafiando diariamente grandes retos físicos, emocionales y económicos.
En entrevista con LaLupa.mx, Paola Fernández Trejo, titular de la dependencia, destaca que este organismo comenzó operaciones el 10 de marzo de 2022 como uno de los proyectos insignia de la actual administración estatal. Asimismo, la funcionaria precisa un dato alarmante: son muy pocos los estados en la República Mexicana que cuentan con instituciones públicas especializadas de este tipo, lo que convierte el modelo queretano en un referente de vanguardia para la protección de la tercera edad.
Esta evolución legal responde a la homologación local con la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores a nivel federal, una reforma que obligó al sistema estatal a fundar un área especializada. Para cumplir con este mandato, Fernández Trejo explica que la Procuraduría opera estratégicamente a través de “dos grandes brazos para dar la atención: uno enfocado en las personas adultas mayores y el otro en sus redes de apoyo”, un esquema binario que busca aliviar simultáneamente el desgaste del paciente y de su entorno.
Fernández Trejo detalla que el primer gran brazo operativo se enfoca en el desarrollo humano, la salud y la socialización activa de los adultos mayores, manteniendo su mente y cuerpo estimulados de forma constante. La columna vertebral de esta estrategia en la zona metropolitana es el Centro Gerontológico “Plan Vida”; sin embargo, la cobertura estatal se consolidó con la apertura del Centro Gerontológico Regional de San Juan del Río. Este complejo no sólo descentraliza los servicios, sino que extiende su modelo de atención integral hacia los adultos mayores y familias de los municipios vecinos de la zona centro y el semidesierto queretano.
Los centros gerontológicos están diseñados bajo una premisa clara: ser un catalizador contra el aislamiento familiar. En estas instalaciones se despliega una oferta multidisciplinaria que abarca talleres de salud física, mental y tecnológica, complementados con servicios médicos de psicología, odontología y tanatología. De acuerdo con Paola Fernández, el propósito principal es que el adulto mayor “se mantenga activo, siga trabajando en la mente y teja redes de apoyo comunitario”. Al interactuar y hacer nuevas amistades, se previene de forma drástica la depresión por soledad, logrando un impacto positivo en cadena: “al mantenerse activo, toda la familia también se ve beneficiada”.
El reverso de la moneda institucional es la Coordinación de Protección, el área crítica que se activa cuando la prevención ya no es suficiente. Paola Fernández abunda que este brazo operativo interviene directamente cuando un adulto mayor se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, ya sea por haber sido víctima de violencia física o patrimonial, omisión de cuidados, abandono absoluto, o sencillamente porque carece por completo de una red de apoyo familiar que vele por su subsistencia.
Para activar este mecanismo de rescate, la Procuraduría actúa como un centro receptor de alertas comunitarias. Los reportes por maltrato o vulneración provienen de tres frentes principales: la propia ciudadanía que atestigua abusos vecinales, las denuncias directas de los adultos mayores que deciden romper el silencio, o las notificaciones oficiales emitidas por instituciones de salud y dependencias administrativas que detectan anomalías durante consultas o trámites cotidianos.
Una vez recibida la alerta, el personal activa un riguroso protocolo de campo. Paola Fernández resalta que el sello distintivo de este organismo es su atención multidisciplinaria, la cual consiste en un despliegue de profesionales de diversas áreas que acuden directamente al entorno del afectado. Este diagnóstico integral en el hogar permite mapear las condiciones de salud, el estado psicológico y la dinámica familiar del adulto mayor; un análisis profundo diseñado para evaluar la gravedad de cada situación y determinar las acciones legales o de asistencia social necesarias para su rescate.
Este equipo multidisciplinario está integrado por especialistas de los departamentos de psicología, trabajo social y medicina. Si tras la inspección se confirman abusos, se activa el área jurídica para interponer denuncias, tramitar medidas urgentes de protección y asegurar el bienestar del afectado. En contraste, si el caso es de índole asistencial debido al desamparo absoluto, la Procuraduría dispone de una alternativa de rescate habitacional. Al respecto, Fernández Trejo subraya que gracias a la gestión de Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del DIF Estatal, se asignó un recurso financiero específico para celebrar “convenios de colaboración con centros de asistencia social, que nos permiten poder ingresar a estos adultos que alguna autoridad, derivado de nuestra denuncia, pone a disposición o a resguardo de la Procuraduría”.
Tras procesar su primer expediente en 2022, la Procuraduría atiende actualmente un promedio de mil reportes al año. Sin embargo, la defensa legal no se limita al resguardo habitacional; la dependencia actúa también como un pilar de representación judicial. Fernández Trejo explica que intervienen de forma obligatoria cuando jueces y magistrados los requieren en cualquier litigio donde esté involucrada una persona de la tercera edad —ya sea en materias familiar, civil, mercantil o laboral—, fungiendo además como asesores jurídicos y protectores en carpetas de investigación donde el adulto mayor ha decidido denunciar un delito de manera independiente.
El impacto real de la estrategia institucional se refleja en la contundencia de sus cifras de atención a adultos mayores. Actualmente, el centro “Plan Vida” mantiene un padrón de más de mil 500 personas inscritas, complementado por más de mil 700 adultos mayores atendidos en el Centro Regional de San Juan del Río, mientras que el área de protección brinda asistencia mensual a más de mil casos de primer contacto o seguimiento.
Entre el universo de denuncias que procesa la institución, la omisión de cuidados ocupa el primer lugar. Esta constante suele detonarse cuando un adulto mayor, tras haber gozado de una vida autosuficiente, pierde su autonomía debido al deterioro natural por la edad o a enfermedades crónicas. Al quedar confinados y en completo desamparo dentro de sus propios hogares, la indiferencia familiar obliga a un actor externo a intervenir: son los propios vecinos quienes se convierten en los primeros respondientes, rompiendo el aislamiento al levantar los reportes ante la Procuraduría.
El segundo gran eje de los reportes es la violencia, un rubro que la propia institución analiza con extrema cautela. Las alertas suelen involucrar testimonios vecinales sobre adultos mayores que aseguran estar privados de su libertad, sin alimento o siendo víctimas del despojo de sus pensiones. Sin embargo, el protocolo de campo revela una dualidad compleja. Fernández Trejo explica que, al intervenir, el equipo multidisciplinario puede “comprobar que es cierto lo que está sucediendo o también que el adulto mayor presenta un deterioro neurocognitivo —lo que popularmente se conoce como demencia—, el cual genera delirios que lo llevan a hacer este tipo de acusaciones”.
Por ello, el alcance de la intervención no se limita exclusivamente a la tercera edad. La funcionaria añade que un pilar indispensable de su modelo es el respaldo integral a los cuidadores, un sector invisible que absorbe el desgaste diario de la atención gerontológica. La Procuraduría reconoce que el cuidado prolongado detona altas cargas de estrés y vulnerabilidad emocional, por lo que despliega estrategias de acompañamiento psicológico y contención emocional, diseñadas específicamente para prevenir el colapso del cuidador y asegurar un entorno armónico para toda la familia.
Detrás de la estadística de maltrato u omisión, la realidad intra-familiar suele ser desgarradora. “En la mayor parte de los reportes que recibimos nos encontramos con un cuidador colapsado”, precisa Fernández Trejo. La funcionaria advierte que la carga suele concentrarse de forma injusta en un solo integrante, quien muchas veces es también un adulto mayor con sus propios padecimientos médicos, o alguien que debe atender a dos o tres pacientes de forma simultánea. Ante este panorama de sobrecarga, la Procuraduría interviene no como un ente punitivo, sino como una red de contención que ofrece terapia psicológica y herramientas de respiro para estabilizar la salud mental de quienes sostienen el cuidado en el hogar.
Para más información o denunciar algún caso de maltrato, abandono u omisión de cuidados, comunícate a la Procuraduría de Atención y Protección Integral a PAM al teléfono 442 193 56 84.
