Cuando hablamos de soberanía pensamos en fronteras, independencia y defensa frente a otras naciones. Pero existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué tan soberano es un país cuando sus ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos?
México sigue siendo jurídicamente un Estado soberano. El problema está en su soberanía efectiva: la capacidad real del Estado y de los ciudadanos para decidir, hacer cumplir la ley y limitar a quienes ejercen el poder.
El ejemplo más evidente es la intervención del crimen organizado en la política. Durante el proceso electoral de 2023-2024, Data Cívica registró 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por grupos criminales, 34 de ellas asesinadas. México Evalúa señaló además que la violencia política tuvo efectos sobre la participación electoral.
No hace falta que un grupo criminal gane una elección para alterar la democracia. Le basta con decidir quién puede competir, quién debe retirarse o quién puede hacer campaña sin ser amenazado.
Cuando el miedo condiciona el voto, la soberanía popular deja de ser plenamente libre.
La libertad de expresión enfrenta un problema semejante. Un periodista que deja de investigar por miedo no pierde únicamente su libertad: la pierde también la sociedad que depende de su trabajo para conocer los abusos del poder.
Y llegamos a la justicia.
La reforma judicial modificó radicalmente el sistema de selección de jueces y ministros y en 2025 se realizó la primera elección popular de personas juzgadoras. Quienes defienden el modelo argumentan que democratiza al Poder Judicial; sus críticos advierten riesgos de politización, falta de filtros homogéneos de idoneidad y debilitamiento de la independencia judicial.
La discusión no debería reducirse a si los jueces son electos o designados. La pregunta fundamental es otra: ¿puede existir justicia independiente si quien juzga necesita responder políticamente ante quienes pueden determinar su permanencia?
Una democracia necesita mayorías, pero también necesita instituciones capaces de ponerles límites.
Lo mismo ocurre con la participación ciudadana. Una consulta no es democrática únicamente porque se coloque una pregunta frente a los ciudadanos. Para que exista verdadera soberanía popular debe haber información suficiente, reglas confiables y, sobre todo, consecuencias transparentes.
Preguntar y después ignorar sistemáticamente la respuesta convierte la participación en simulación. Pero preguntar únicamente para legitimar una decisión previamente tomada produce el mismo resultado.
La soberanía popular no consiste en ser consultados. Consiste en que nuestra participación tenga consecuencias reales.
La dimensión económica tampoco puede ignorarse. México necesita recaudar para financiar seguridad, justicia, educación y servicios públicos, pero un sistema fiscal que desalienta la inversión y hace demasiado costosa la formalidad termina debilitando la capacidad del propio Estado.
Y sin capacidad económica tampoco hay verdadera autonomía.
Un país puede ser políticamente independiente y, al mismo tiempo, depender de otros para tecnología, inversión, mercados o determinados bienes estratégicos. La soberanía económica no significa encerrarnos, sino contar con suficiente capacidad productiva para que las decisiones fundamentales no dependan exclusivamente de factores externos.
Pero quizá el dato más revelador está en la justicia cotidiana.
La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos y que 93.2% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.
No significa que 93.2% de los delitos haya quedado impune. Significa que la llamada cifra oculta es gigantesca.
Y detrás de ella existe una conclusión devastadora: millones de mexicanos no consideran que denunciar produzca resultados suficientes.
Cuando el ciudadano deja de acudir al Estado, el Estado pierde autoridad y el delincuente gana espacio.
Por eso la soberanía mexicana no debería medirse solamente por nuestra capacidad de decirle a otros países que México es independiente.
También deberíamos preguntarnos si podemos garantizar elecciones libres de intimidación, periodistas capaces de investigar, jueces independientes, ciudadanos escuchados y víctimas que confíen en la justicia.
Porque la soberanía no se pierde necesariamente cuando un ejército extranjero cruza una frontera. A veces comienza a perderse mucho antes y de manera casi imperceptible: cuando el ciudadano deja de denunciar, el periodista deja de investigar, el juez deja de resistir presiones y el elector deja de creer que su voto puede cambiar algo.
Un Estado puede conservar su bandera, su Constitución y sus fronteras y, sin embargo, haber cedido parcelas de su autoridad a la violencia, la impunidad, la corrupción o la conveniencia política.
La soberanía, al final, no es una palabra escrita en la Constitución. Es la capacidad de una sociedad para decidir su destino y hacer que esas decisiones sean respetadas.
Cuando esa capacidad se erosiona, el país sigue teniendo gobierno, elecciones e instituciones. Pero algo esencial comienza a desaparecer.
Y quizá la imagen más inquietante sea ésta:
un país puede seguir ondeando su bandera mientras, poco a poco, deja de decidir lo que ocurre debajo de ella.
Ese es el verdadero riesgo. No que México deje de llamarse soberano, sino que un día descubramos que seguimos teniendo la bandera, pero ya no tenemos el poder efectivo para decidir qué significa vivir bajo ella.
