REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 1 de noviembre de 2026.- La Fiscalía de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Alan Eli “N”, por los delitos de fraude específico maquinado y delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, con motivo una investigación relacionada con la comercialización de terrenos en el Ejido La Machorra, municipio de El Marqués, presuntamente sin las autorizaciones correspondientes.
De acuerdo con la investigación, Alan Eli “N”, identificado como presidente de una inmobiliaria, habría promovido la venta de terrenos ubicados en el Ejido La Machorra, mediante publicaciones en redes sociales y la participación de diversos asesores de ventas; durante la comercialización, se decía que la empresa era propietaria de la parcela y contaba con licencias y autorizaciones de El Marqués para desarrollar un fraccionamiento, sin embargo, esta información era falsa.
Para la promoción y venta de los terrenos, la empresa utilizaba distintos espacios comerciales, entre ellos oficinas ubicadas en Centro Sur, municipio de Querétaro, y un punto de atención en la localidad de El Rosario, municipio de El Marqués.
Los datos de prueba permitieron establecer que Alan Eli “N”, junto con otras personas relacionadas con la inmobiliaria, habría participado en la promoción de los lotes, la formalización de contratos y la recepción de pagos realizados por las personas compradoras.
El 29 de septiembre de 2026, personal de la Fiscalía queretana ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles relacionados con la investigación. En Centro Sur, se intervino un inmueble relacionado con la venta de terrenos; mientras que en Zibatá, El Marqués, se realizó una segunda intervención para obtener indicios.
En ambas diligencias fueron asegurados indicios que fortalecieron la investigación y contribuyeron a obtener una orden de aprehensión contra Alan Eli “N”, quien fue detenido, y en audiencia inicial se resolvió vincularlo a proceso por los delitos de fraude específico maquinado y delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.
La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá en prisión durante el proceso penal. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
