Hay cuentos que se escriben para estimular la imaginación de los niños y otros que, por su costo, terminan despertando la imaginación de los adultos. Los de la Familia Arcos Alegría (Municipio de Querétaro, 2026), una colección de cuadernillos infantiles promovida por el gobierno municipal de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, pertenece, por ahora, a la segunda categoría. No porque sus historias sean necesariamente extraordinarias (la reseña crítica del contenido la haremos en otro momento), sino porque detrás de sus páginas hay un contrato por 213 millones 300 mil 49 pesos con 92 centavos. Una cifra que, para decirlo sin rodeos, merece algo más que una explicación de tres renglones.
El asunto no es menor. En diciembre de 2025, el municipio adjudicó a Rollstuhl IC, S.A. de C.V., mediante la Licitación Pública Nacional LPN-048/2025, el contrato DACBS/185/25 para diseñar, ilustrar, elaborar e imprimir 500 mil juegos de una colección integrada por seis cuadernillos[1]. El proyecto contempla historias breves sobre situaciones cotidianas, en formatos físico y digital. En principio, una iniciativa de promoción de la lectura infantil no tendría por qué generar controversia. Al contrario: cualquier gobierno que invierta en educación, cultura y formación de lectores merece reconocimiento. El problema comienza cuando se revisan las cuentas.
Hagamos la operación. Los 213.3 millones de pesos divididos entre los 500 mil juegos contratados arrojan un costo aproximado de 426.60 pesos por colección. Si cada juego contiene seis cuadernillos, estamos hablando de tres millones de ejemplares y un costo promedio de 71.10 pesos por cuadernillo. Hasta aquí, el cálculo es sencillo. Lo complicado viene cuando se compara con una cotización de una imprenta local que, de acuerdo con los señalamientos de la oposición, habría estimado un costo cercano a los 24.4 millones de pesos por un volumen equivalente.
La diferencia es de aproximadamente 188.9 millones. Dicho de otra manera: el contrato municipal representa casi 8.7 veces aquella cotización. Desde luego, no sería riguroso comparar automáticamente el precio de impresión con un contrato que incluye diseño, ilustración, elaboración de manuales y trabajo histórico. Son conceptos distintos y deben analizarse por separado. Pero precisamente ahí está el punto: ¿cuánto costó cada cosa? ¿Qué parte del presupuesto correspondió a la creación de contenidos y cuál a la producción material? ¿Cuánto se pagó por los derechos, el diseño pedagógico y la distribución digital? Del ISBN ni hablamos porque aparece la leyenda «en trámite», aunque los derechos le pertenecen al municipio (©2025 Municipio de Querétaro). Más que malintencionadas, estas son las preguntas elementales que deberían acompañar cualquier contratación pública de esta magnitud.
El exalcalde capitalino por el PAN y actual coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, Armando Rivera Castillejos, puso sobre la mesa algunas de estas interrogantes y señaló presuntas irregularidades en la documentación de la licitación: archivos con información testada, un contrato de difícil lectura y un enlace a la factura que conduce a una página inexistente. También cuestionó las ampliaciones de plazo concedidas al proveedor y la falta de evidencia pública suficiente sobre la entrega y el destino de los 500 mil juegos. Su pregunta —¿dónde están los ejemplares?— resume el problema. Porque una cosa es contratar libros y otra demostrar que fueron producidos, recibidos y distribuidos conforme a lo establecido.
También hay preguntas sobre el proveedor. Rollstuhl IC, S.A. de C.V. aparece en la documentación municipal con domicilio fiscal en Santa Fe, Ciudad de México. Según la información referida en los documentos consultados, su trayectoria en contratos federales sería relativamente reciente: dos contratos por alrededor de 9.9 millones de pesos desde 2025. Nada de esto demuestra, por sí mismo, que la empresa carezca de capacidad técnica o que la adjudicación haya sido irregular. Una licitación nacional permite la participación de proveedores de otras entidades. Sin embargo, cuando una empresa foránea obtiene un contrato superior a los 213 millones y existen cotizaciones locales considerablemente menores, la autoridad tiene la obligación de explicar por qué eligió esa propuesta y qué criterios técnicos y económicos determinaron el resultado.
La pregunta no sería si una empresa de la Ciudad de México puede trabajar para Querétaro; por supuesto que puede. La pregunta es por qué el municipio habría comprometido una cantidad tan elevada con un tiraje que raya en lo ridículo cuando existía una alternativa local mucho más económica. ¿Qué ofrecía Rollstuhl IC que justificara semejante diferencia? ¿Cómo se evaluaron las propuestas? ¿Quiénes integraron el comité de adquisiciones? ¿Qué peso tuvo el precio frente a los aspectos técnicos? ¿Quién aprobó la edición y el diseño editorial? ¿A quién se le ocurrió la ridícula idea de tirar 500 mil ejemplares? La transparencia no consiste en publicar una carpeta de archivos y esperar que nadie la abra. Consiste en que cualquier ciudadano pueda reconstruir, comprender y evaluar una decisión pública.
A finales de octubre de 2026, después de varias semanas de cuestionamientos, el gobierno municipal ofreció una cifra: cada libro habría costado 69 pesos, lo que representaría alrededor de 207 millones de pesos en libros. Pero la explicación no resuelve el problema. El contrato asciende a 213.3 millones e incluye otros servicios, entre ellos diseño y elaboración de manuales. Si el municipio pretende justificar el gasto mediante el precio unitario, necesita presentar el desglose completo. De lo contrario, la cifra de 69 pesos funciona más como una respuesta parcial que como una rendición de cuentas.
Hay otro dato que merece atención. De acuerdo con las cifras disponibles, el municipio cuenta con alrededor de 260 mil familias. La contratación de 500 mil juegos supone casi dos colecciones por cada núcleo familiar. ¿Cuál fue el estudio de cobertura que determinó esa cantidad? ¿Se consideraron las edades de los destinatarios, la matrícula escolar, los mecanismos de distribución o la demanda real? La promoción de la lectura no se mide por el número de ejemplares impresos, sino por las posibilidades de que esos materiales lleguen a sus lectores y produzcan algún efecto educativo. Imprimir medio millón de colecciones, en una entidad que tiene la asignatura pendiente de resolver su política editorial, es ridìcula; imprimirlas sin explicar por qué se necesitan exactamente medio millón es otra historia.
“Felifer”, por su parte, respondió a los cuestionamientos calificándolos como parte de una «agenda político-partidista». Incluso lanzó contra sus críticos expresiones como que «tienen el lodo hasta el cuello de corrupción» y que no pretendan «salpicar». Es una respuesta llamativa, aunque poco útil para despejar las dudas. Si las preguntas son políticas, se contestan con información pública; si son infundadas, se demuestra con documentos. Descalificar a quien preguntamos no sustituye la obligación de explicar cómo se ejercieron 213 millones de pesos.
En este punto conviene separar tres discusiones. La primera es pedagógica: ¿es valiosa una colección de literatura infantil financiada con recursos públicos? Desde luego que puede serlo. La segunda es económica: ¿el precio contratado corresponde a los servicios efectivamente prestados y a las condiciones del mercado? Eso requiere un desglose y una comparación técnica. La tercera es institucional: ¿existe documentación suficiente para acreditar la contratación, la recepción y la distribución de los materiales? Esta última no depende de simpatías partidistas ni de interpretaciones ideológicas. Es una obligación elemental de cualquier gobierno.
Los 213 millones de la «Familia Arcos Alegría» todavía no constituyen, por sí mismos, la prueba de un desvío de recursos. Sí representan un caso que exige explicaciones documentales y una revisión exhaustiva. La Auditoría Superior del Estado, las instancias municipales de fiscalización y, si aparecen elementos que lo justifiquen, las autoridades electorales tendrán que determinar si hubo sobrecostos, deficiencias administrativas, incumplimientos o alguna irregularidad de mayor gravedad.
Mientras tanto, el Ayuntamiento tiene una tarea mucho más sencilla que organizar una defensa política: publicar el expediente completo, presentar el desglose de costos, acreditar la entrega de los ejemplares y explicar por qué eligió esa propuesta. No se trata de pedirle al gobierno que renuncie a sus proyectos culturales, sino de exigirle que los sostenga con cuentas claras.
Porque los libros pueden contar historias, pero los contratos públicos no deberían necesitar de la imaginación para entenderse. Y si la «Familia Arcos Alegría» pretende enseñar algo a las nuevas generaciones, quizá su primera lección tendría que ser esta: el dinero público se revisa, se transparente y rinde cuentas.
[1] Medio millón de juegos, multiplicado por 6 cuadernillos, equivalen a 3 millones de ejemplares. Para que el lector tenga una idea, los tirajes promedio de un libro de ficción son: Almadía: 1,200 ejemplares; promedio de ficción en México: 2,000 ejemplares; Planeta: 3,000 a 5,000 ejemplares; Fondo de Cultura Económica 6,000 ejemplares. Los tirajes de Letra Capital, el fondo editorial del Municipio de Querétaro, rondan los 400 ejemplares. ¡Son muchísimos ejemplares!
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTTREGAS DE “PONGAMOS QUE HABLO DE LIBROS”, LA COLUMNA DE CARLOS CAMPOS PARA LALUPA.MX
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