Cada vez que un premio literario genera polémica, la conversación suele concentrarse en una pregunta inmediata: ¿hubo o no hubo corrupción? Sin embargo, esa formulación resulta insuficiente. En la gestión cultural contemporánea, el problema no siempre radica en la existencia de una conducta ilegal, sino en la fragilidad de los mecanismos institucionales que garantizan la confianza pública. La legitimidad de un premio no depende únicamente de que el jurado actúe con honestidad; depende también de que el proceso sea percibido como imparcial por la comunidad literaria.
La reciente discusión en torno al fallo de los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río constituye un ejemplo paradigmático de esta tensión. Todo comenzó cuando el escritor Rodolfo Campos Paulín señaló públicamente una posible situación de conflicto de interés: la poeta Esther M. García, ganadora del certamen, había sido editora de El Periódico de las Señoras, sello que años atrás publicó Ludovico el volador (El Periódico de las Señoras, 2019), libro de Dalia Larisa Juárez Otero, integrante del jurado, cuyo prólogo fue escrito precisamente por la propia Esther M. García. Para Campos, esta relación previa podía generar, cuando menos, una percepción problemática.
La reacción no tardó en llegar. Francisco de Paula Nieto, presidente del jurado, respondió con una explicación detallada del procedimiento de evaluación. Describió el sistema de plicas, la calificación independiente de cada jurado y la mecánica matemática que condujo al resultado final. Incluso reveló un dato inesperado: la jurada cuestionada no había colocado el trabajo ganador entre sus primeras opciones; de hecho, la obra habría obtenido el premio aun sin su voto.
Lejos de escalar el conflicto, el intercambio evolucionó hacia un diálogo poco frecuente en las redes sociales. Campos Paulín reconoció haber emitido una opinión prematura y reformuló su postura. Ya no se trataba de señalar una colusión inexistente, sino de abrir una discusión sobre la necesidad de fortalecer los lineamientos éticos de los concursos literarios para evitar futuros malentendidos. La conversación, sin embargo, trasciende por mucho este caso específico. Lo verdaderamente interesante es lo que revela acerca del funcionamiento del campo literario queretano y de las debilidades estructurales de nuestras políticas culturales.
La diferencia entre conocer y favorecer
Uno de los conceptos más utilizados —y con frecuencia más mal comprendidos— en la administración pública es el de conflicto de interés.
En comunidades culturales relativamente pequeñas, como las que existen en la mayoría de los estados del país, es prácticamente imposible que los escritores no se conozcan entre sí. Han compartido mesas de lectura, talleres, editoriales, presentaciones de libros, congresos y jurados. Se han prologado mutuamente, han publicado en las mismas editoriales (en el caso de Querétaro, en las editoriales gubernamentales, principalmente) y han colaborado en proyectos comunes. Esa red constituye el capital social del campo literario y, en sí misma, no representa una irregularidad.
El conflicto de interés comienza cuando esa relación previa puede influir objetivamente en una decisión institucional. La diferencia es fundamental. Por supuesto, conocer a un autor no constituye un conflicto de interés. Favorecerlo deliberadamente desde una posición institucional, sí.
Desde esta perspectiva, los argumentos presentados por Francisco de Paula Nieto parecen desmontar la hipótesis de una influencia efectiva sobre el resultado del concurso. Sin embargo, ello no elimina otra cuestión igualmente importante: la percepción pública de imparcialidad. Las instituciones públicas culturales viven, en buena medida, de su credibilidad. Cuando ésta se deteriora (como hemos señalado aquí el caso de Letra Capital, fondo editorial del municipio de Querétaro), aun sin existir una falta administrativa, el daño simbólico puede ser considerable.
El problema de las políticas culturales
En los últimos años, organismos internacionales dedicados a la gestión pública y la cultura han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos más que correctivos. No basta con actuar correctamente. Es necesario demostrar que se actúa correctamente. Por ello, muchos sistemas de evaluación cultural incorporan hoy declaraciones previas de conflicto de interés, protocolos de recusación, códigos éticos públicos, publicación de criterios de evaluación y procedimientos transparentes que disminuyen la posibilidad de suspicacias. No porque se parta de la desconfianza hacia los jurados, sino precisamente porque se busca proteger tanto la legitimidad del premio como el prestigio de quienes participan en él.
La confianza institucional no se construye sobre la buena fe de las personas, sino sobre reglas claras.
El campo literario como red de legitimación
Pierre Bourdieu explicó hace varias décadas que la literatura funciona como un campo donde distintos agentes disputan capital simbólico: escritores, críticos, editores, universidades, premios, revistas e instituciones. Los premios literarios no sólo reconocen libros: distribuyen prestigio (como en el caso de la publicación de los resultados del PECDA 2026), abren puertas editoriales, otorgan visibilidad, construyen trayectorias. Por ello, cualquier duda sobre sus procedimientos repercute mucho más allá del ganador de una convocatoria.
En este sentido, la discusión entre Rodolfo Campos y Francisco de Paula revela dos posiciones legítimas dentro del propio campo. Por un lado, la postura intelectual crítica de Campos Paulín, quien considera saludable vigilar permanentemente los mecanismos de legitimación; por otro, la autoridad institucional de Francisco de Paula Nieto, ganador de la edición LI de los Juegos Florales Nacionales en 2023 con su poemario Tigre en la espuma, quien defiende el diseño técnico del procedimiento.
Ambas funciones son necesarias: sin crítica pública, las instituciones corren el riesgo de burocratizarse. Sin instituciones sólidas, la crítica se convierte inevitablemente en sospecha.
Cuando la gestión cultural se convierte en promoción personal
La discusión también invita a reflexionar sobre un fenómeno cada vez más frecuente en diversos ámbitos culturales del país: la confusión entre gestión cultural y autopromoción.
En Repensar la cultura: Reflexiones sobre política, gestión cultural y comunidad (Helvética, 2024) sostuve una idea que hoy resulta particularmente pertinente:
Los proyectos culturales no son plataformas de promoción personal, para eso existen otras opciones. Los gestores responsables del proyecto deben hablar a través de su trabajo, pero en virtuoso silencio. Para evitar caer en conflicto de intereses y no violar el código de ética de los servidores públicos, los gestores y servidores deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o de sus familiares. Los protagonistas son los artistas, los creadores, las obras y, por supuesto, la comunidad y el diálogo que de ella emana en torno a las formas simbólicas. La gestión cultural es anónima y silenciosa; de lo contrario, deviene en promoción personal chabacana.
Este principio, que forma parte del decálogo propuesto en ese libro, resume una convicción fundamental: la gestión cultural no existe para construir carreras personales, sino para generar condiciones de posibilidad para los demás. Cuando un servidor público utiliza programas editoriales, festivales, convocatorias o plataformas institucionales para promover sistemáticamente su propia obra, la de sus allegados o la de sus familiares, el problema deja de ser únicamente ético y se convierte en una distorsión de la política cultural. No basta con afirmar que una obra tiene calidad. Lo que debe garantizarse es que todos los creadores tengan las mismas oportunidades de acceso a los recursos públicos.
La cultura administrada desde el interés particular termina debilitando aquello que pretende fortalecer: la confianza de la comunidad.
Hacia una gobernanza cultural
La polémica de los Juegos Florales deja una enseñanza valiosa: no todo cuestionamiento implica una acusación de corrupción; no toda defensa institucional equivale a una justificación corporativa. Entre ambos extremos existe un espacio mucho más fértil: el de la mejora institucional.
Quizá el verdadero desafío para las políticas culturales queretanas no consista únicamente en organizar mejores concursos, sino en construir una cultura administrativa profesional donde la transparencia deje de entenderse como un mecanismo defensivo y se convierta en un principio de gobernanza. Las comunidades literarias son pequeñas, los vínculos personales seguirán existiendo y los escritores continuarán leyéndose, prologándose y colaborando entre sí. Nada de ello constituye un problema.
Lo verdaderamente importante es que las instituciones desarrollen mecanismos suficientemente robustos para que esas relaciones nunca puedan convertirse —ni parecer convertirse— en ventajas indebidas. Porque, al final, los premios literarios no sólo consagran una obra, consagran, sobre todo, la confianza de una comunidad que decide creer en ellos. Y esa confianza, una vez erosionada, es mucho más difícil de reconstruir que cualquier convocatoria o reglamento.
En un país donde la cultura enfrenta desafíos presupuestales, institucionales y sociales cada vez mayores, cuidar esa confianza debería ser una prioridad ética y política, no un asunto accesorio. Sólo así los premios podrán seguir siendo espacios de reconocimiento y no escenarios recurrentes de sospecha.
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “PONGAMOS QUE HABLO DE LIBROS”, LA COLUMNA DE CARLOS CAMPOS PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/carlos-campos-pongamos-que-hablo-de-libros
