El presidente López Obrador ha radicalizado su discurso en torno a las reformas constitucionales al sector eléctrico, llamando traidores a la patria a quienes no lo apoyen.
Esa definición la ha puesto en los oídos de la opinión pública, que en su mayoría no está enterada del contenido y alcances de la iniciativa y sólo se quedan con el discurso del presidente, situación que mete presión a los legisladores, en particular a los de PRI, en donde ya se ve una división entre sus miembros. Por un lado, Alejandro Moreno y Rubén Moreira mencionan la realización de un parlamento abierto que pudiera dar entrada a la aprobación de la iniciativa, y por otro lado, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong han dicho que se oponen a la misma.
El análisis que hacen expertos en materia energética sobre la iniciativa, concluye que sus efectos serán negativos para el país, destacando el incremento que tendría el precio de la luz a los hogares y empresas, así como desabasto y apagones frecuentes. También habría violación a las leyes mexicanas y tratados internacionales, como el T-MEC, por la cancelación de contratos a empresas privadas, lo que nos llevaría a tribunales con costos de indemnizaciones estimados en un billón setecientos mil millones de pesos, algo así como 4.5 veces el presupuesto programable para la SEP en el 2022 propuesto por el gobierno federal. Por otro lado, incrementa la incertidumbre que ya existe de invertir en México porque no se respeta el Estado de derecho, de modo que esto puede frenar nuevas inversiones.
Por otra parte, elimina los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), lo que dejaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el control de todo el sistema eléctrico, desde la generación hasta la distribución de energía. Hoy la CFE pierde dinero, no es eficiente, por lo que crear un monopolio para dejarlo en sus manos se advierte que será ineficiente y costoso en perjuicio de todos los mexicanos. A pesar de estas implicaciones negativas, que con certeza el presidente de la República las conoce, se insiste en empujar dicha reforma.
¿Será que es más importante dividir al PRI y ganar aliados que se sumen a Morena para allanar el camino a nuevas reformas? ¿Será más importante romper al bloque opositor y con ello destruir la alianza Sí por México (PRI,PAN, PRD) con miras al 2024? ¿Será más importante incrementar el poder de la silla presidencial al tener el control absoluto de la energía, los hidrocarburos y la minería, de las cuales dependen el porvenir de las empresas y de toda y todos los mexicanos?
A lo largo de estos tres años de gobierno de López Obrador se aprecia que sus decisiones son más de índole ideológico y político, por lo que cabe la posibilidad que los daños económicos y sociales que provocaría estas reformas sean considerados por el presidente como un mal menor en aras del poder político y apuntalar escenarios para que su partido gane las elecciones de los próximos años, en particular la del 2024.
Por ello, exhortamos a los diputados y senadores, que en representación del pueblo mexicano, rechacen esta reforma constitucional por dañar nuestros intereses particulares y de país, y en cambio, generen un análisis con expertos en la materia, incluyendo a la CFE, para que generen modificaciones a las leyes correspondientes en las áreas donde sí exista una oportunidad de mejorar nuestro sistema eléctrico buscando siempre el bien común de todos.
Amo la columna de Jorge Camacho, muy buena su opinión, sigan publicándolo!
Gracias por expresar lo que muchos mexicanos pensamos.
Excelente análisis. Un abrazo, don Jorge
La radicalización del presidente es preocupante. Ojalá la pretensión de reforma eléctrica sea detenida, a pesar del PRI y los veletas