Hay preguntas que sobreviven a todos los regímenes, todas las modas ideológicas y todas las presentaciones sobre “transparencia y rendición de cuentas”. Una de ellas es tan vieja como incómoda: ¿quién vigila al vigilante? En cualquier democracia sana la respuesta importa. En México donde el poder político acumula facultades con la voracidad de quien llena un plato en un buffet libre, la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve urgente.
Vamos al punto: la iniciativa sobre derechos de las audiencias suena, en el papel, atractiva. Información diferenciada de la publicidad, mecanismos de queja, contenidos transparentes. Un menú tan razonable que uno se pregunta quién, en su sano juicio, podría oponerse. La respuesta corta es: nadie. Ese es justo el truco. Nadie está en contra del objetivo. La discusión empieza —como siempre— en la letra chiquita, en el momento exacto en que el Estado decide que él, y solo él, sabrá determinar qué información es “veraz”, “objetiva” o está “correctamente tratada”. Ahí es donde la fiesta de las buenas intenciones se convierte en otra cosa.
Las leyes no se juzgan por sus intenciones, se juzgan por sus resultados
Toda ley bien escrita presume nobleza. El problema —permítanme la obviedad histórica— nunca ha sido la existencia de herramientas de control, sino lo que ocurre cuando esas herramientas caen en manos sin contrapesos. Y aquí conviene no hacerse los distraídos: la discusión sobre esta iniciativa no ocurre en un laboratorio neutro de telecomunicaciones. Ocurre en un momento donde el partido en el poder concentra una fuerza política monumental, donde varios organismos autónomos han sido desmantelados con el entusiasmo de un chivo en cristalería, donde información “estratégica” se clasifica con creciente generosidad como reservada y donde el debate público transcurre —seamos honestos— con la sutileza de una discusión de cantina un sábado por la noche.
Ah, y por si hiciera falta un ingrediente más: México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Asesinatos, desapariciones y amenazas. Documentados, año tras año, por organizaciones que ya perdieron la capacidad de sorprenderse. En ese contexto, cualquier mecanismo adicional de presión sobre los medios no genera “preocupación”: genera un escalofrío con antecedentes.
El árbitro de la verdad busca empleo
Los defensores de la reforma insisten, con la mano en el corazón, en que nada de esto es censura. Solo se busca fortalecer derechos ya existentes, pulir códigos de ética y robustecer defensorías. Firmen aquí, por favor.
La oposición, sin embargo, no discute el discurso. Discute las herramientas. Y el argumento más repetido —porque es el más incómodo— es que la autoridad reguladora podría terminar convertida en algo parecido a un árbitro oficial de la verdad, con conceptos tan elásticos como “objetividad” o “tratamiento correcto de los hechos”, que dejan un margen de interpretación tan amplio que cabría casi cualquier cosa, incluidas las conveniencias del momento.
¿Quién decide qué es completamente objetivo en política? Pregunta retórica, porque todos sabemos que el periodismo no consiste en apilar datos como si fueran ladrillos. Consiste en seleccionar, jerarquizar y contextualizar. Dos medios pueden cubrir el mismo hecho, con los mismos datos verdaderos, y llegar a lecturas completamente distintas. Convertir esa naturaleza interpretativa en obligación jurídica no es regular: es colocar al regulador en una posición extremadamente delicada. O extremadamente cómoda. Depende, como casi todo en esta columna, de qué silla estés ocupando.
El efecto inhibidor: la censura que no necesita firmar nada
Aquí viene la parte elegante del asunto. La censura moderna, la de verdad sofisticada, rara vez prohíbe nada explícitamente. Le basta con sembrar la sospecha de que cierta investigación periodística podría traducirse en un procedimiento administrativo, una denuncia o una multa ejemplar. El resto lo hace la autocensura, esa colaboradora silenciosa y eficiente que nadie contrató formalmente, pero que siempre se presenta a trabajar.
Nadie prohíbe hablar. Simplemente, con el tiempo, algunos prefieren no hacerlo. Es más barato, más seguro y considerablemente menos heroico.
El problema nunca ha sido regular; el problema es quién decide qué puede decirse
Conviene aclarar algo antes de que alguien saque la palabra “libertad” como si fuera un salvoconducto para cualquier disparate. Nadie discute que las redes sociales albergan desinformación, campañas de manipulación, discursos de odio e incluso actividades delictivas que deben perseguirse. La cuestión no es si debe existir regulación. La cuestión es quién define sus límites y bajo qué controles.
El verdadero riesgo aparece cuando el Estado deja de sancionar conductas claramente ilegales para empezar a decidir qué información es suficientemente “verdadera”, qué opinión resulta “responsable” o qué contenido merece permanecer visible. Esos conceptos, tan nobles en apariencia como elásticos en su aplicación, terminan otorgando a la autoridad un margen de interpretación capaz de acomodarse, con inquietante facilidad, a las necesidades políticas del momento.
Y ahí surge el efecto más sofisticado de la censura contemporánea: ya no hace falta prohibir expresamente una publicación. Basta con que periodistas, ciudadanos o medios sepan que una autoridad puede abrirles un procedimiento porque alguien consideró que su contenido era “incorrecto”, “engañoso” o “contrario al interés público”. El resto lo hace la autocensura, esa vieja conocida que trabaja sin horario, sin contrato y con una eficiencia verdaderamente admirable.
Las democracias maduras no se distinguen porque el gobierno tenga la última palabra sobre la verdad, sino porque aceptan que la verdad se construye mediante el debate abierto, la crítica y la confrontación de ideas. Otorgarle al poder político la facultad de decidir qué puede decirse y qué debe callarse no fortalece la libertad de expresión; la coloca bajo tutela. Y la historia tiene la desagradable costumbre de demostrar que las facultades creadas para combatir los abusos de hoy suelen terminar utilizándose para justificar los abusos de mañana.
Las conferencias diarias y la costumbre de tener siempre el micrófono
No hay que ser especialmente suspicaz para notar que el gobierno federal ya cuenta con una plataforma institucional, expresamente creada para fijar diariamente sus narrativas, responder a sus adversarios y, ocasionalmente, desacreditar voces incómodas. Cada quien puede tener su opinión sobre ese modelo de comunicación. Lo que resulta más difícil de discutir es que ya existe una enorme capacidad oficial para influir en la conversación pública. Sumarle, además, mayores herramientas regulatorias sobre los contenidos de radio y televisión no exactamente disipa la percepción de concentración de poder comunicativo. Más bien la subraya, con negritas.
Las leyes se quedan; los gobiernos se van
El argumento final —el que más incomoda porque es el más difícil de rebatir— es también el más simple: las leyes duran mucho más que las administraciones que las redactan. Cualquier facultad regulatoria diseñada hoy con la mejor intención seguirá ahí mañana, disponible para quien llegue después, con intenciones que nadie puede garantizar de antemano. Las instituciones, hay que decirlo sin rodeos, no funcionan en el vacío: funcionan dentro del contexto político que las rodea. Y ese contexto, como bien sabe cualquier consultor de comunicación, siempre pesa más de lo que el texto legal admite por escrito.
A guisa de remate: esta vez sí va a ser diferente (dicen)
No, el texto de la iniciativa no dice literalmente “censura previa”. No prohíbe explícitamente criticar al gobierno. Nada de eso aparece escrito, y hay que reconocerlo con la misma honestidad con la que se señalan sus riesgos. Pero la preocupación central no está en lo literal: está en lo que las instituciones pueden convertirse una vez que desaparecen los contrapesos que las mantenían honestas.
Una democracia fuerte necesita audiencias bien informadas. Eso nadie lo discute. Lo que sí genera fricción —y con razón— es que alguien pretenda tener el monopolio para decidir qué significa, exactamente, estar bien informado.
Las facultades extraordinarias, una vez otorgadas, rara vez regresan voluntariamente al cajón donde prometieron quedarse guardadas “solo para casos excepcionales”. La historia ofrece ejemplos de sobra. Pero bueno, siempre existe la posibilidad —tan optimista como recurrente— de pensar que esta vez sí será diferente.
Eso, después de todo, también suele formar parte del guion.
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “CONTRASTES”, LA COLUMNA DE OMAR CASTREJÓN PARA LALUPA.MX
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